El Gobierno no considera posible una reducción sustancial del desempleo, gane quien gane las elecciones

Tras la experiencia de tres años y medio de gobernar, el Ejecutivo socialista entiende que en un nuevo período de cuatro años no es factible eliminar de forma sustancial los actuales niveles de paro, ni mucho menos conseguir el pleno empleo. Frente a la promesa electoral de generar 800.000 puestos de trabajo neto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se plantea para la próxima legislatura el objetivo genérico de "estimular el crecimiento económico sostenido en una economía ya saneada, de modo que surjan nuevas empresas y, con ellas, comience el crecimiento estable del empleo".

Ni en las mejores condiciones de reactivación de la economía mundial en los próximos cuatro años será posible disminuir sustancialmente los actuales niveles de paro. Se podría rebajar en algunos puntos el actual porcentaje de desempleo (superior al 21%, el más alto de los países de la OCDE), pero el problema estructural no variará. Un cambio sustancial en las condiciones del desempleo en el mundo occidental conlleva arreglos institucionales. que dependen del conjunto de la zona, no de las políticas económicas autónomas de un solo país. Esos arreglos institucionales pasan por acuerdos en la jornada de trabajo, edad escolar, flexibilidad laboral, evolución de los salarios en relación a la productividad, etcétera. Es decir, según altas instancias del Gobierno actual, para cambiar sustancialmente el panorama laboral en el mundo desarrollado habrán de coincidir un alto crecimiento económico sostenido y un gran pacto institucional, condiciones que se deberían mantener al menos por una década.

No al despido libre

Mientras esto sucede, el margen existente sería aprovechado por un nuevo Gobierno socialista aumentando, la flexibilidad del mercado de trabajo -español. Ello no significa que, al menos en una primera fase, se vaya a conceder el despido libre. Sin embargo, esta posibilidad no está denegada intelectualmente. Mayor flexibilidad significa, según estas fuentes, la eliminación de muchas ordenanzas laborales existentes; la supresión de los convenios que instituyen un salario mínimo de entrada superior al salario mínimo interprofesional (SMI); convencer a sindicatos y patronales de la conveniencia de un límite máximo a las indemnizaciones por despido; ligar los salarios a la productividad, etcétera. Pese a todas estas posibles medidas, un Gobierno socialista no suprimiría -pese a algunas tentativas- el SMI a los jóvenes.Por otra parte, el empleo sigue ligado a los niveles de inflación y a los salarios. En el futuro inmediato, cerrados los problemas más duros del ajuste (el programa electoral habla de "una economía saneada ya"), la previsión es de mantenimiento de los salarios reales, pero no creciendo nunca por encima de la productividad. Cara al ejercicio de 1987 y vista la evolución de la coyuntura, se comienza a manejar un nivel de inflación del 4%. Si se excluyen los efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), se cree que la tasa de inflación subyacente de la economía española oscila en la actualidad entre un 5% y un 6%. Además, se contempla la hipótesis de crear una comisión de sabios lo más neutral posible, sin presencia de los partidos políticos, que elabore un amplio estudio sobre la realidad del paro en España; es decir, cuántos parados reales sobreviven y cuántos han engrosado las filas de la economía sumergida. Mientras tanto, el Gobierno ya tiene una estimación, que por el momento no se hará pública, de los niveles de la economía sumergida.

Otra preocupación en algunos niveles del Ejecutivo es el reciente acuerdo preelectoral entre UGT y el PSOE, de forma que el partido incorpore a su programa electoral algunos de los puntos exigidos por el sindicato. El más llamativo de estos acuerdos se refiere a la extensión de las pensiones a colectivos que hasta ahora no tenían derecho a ellas. Después de un primer estudio, representantes del Ministerio de Economía y Hacienda han llegado a la conclusión de que las peticiones de la central sindical que preside Nicolás Redondo no rompen con los esfuerzos realizados para racionalizar la Seguridad Social, ni tampoco con la tendencia de una reforma estructural de la misma.

Segunda reconversión

¿Habrá una segunda fase de la reconversión industrial, más dura que la primera, y que afectará a empresas -como Hunosa? Para llevar a cabo esa segunda fase, ¿será precisa una política económica del Ejecutivo en solitario, esto es, sin un nuevo pacto social? Los actuales gobemantes dan el silencio por respuesta, aunque matizan: se van a producir todavía ajustes importantes en el mercado de trabajo y en la empresa pública, pero en ningún caso serán tan dolorosos como los que hubo en los años 1983 y 1984.