Memorial para las elecciones

La única verdadera amenaza que puede sentir el PSOE ante las elecciones convocadas para el próximo mes de junio es la de un crecimiento considerable de la abstención. Y se trata, en efecto de una amenaza no porque ponga más o menos en peligro su victoria, sino porque, de darse esa oleada abstencionista que algunos anuncian, podría descubrirse en ella el síntoma de una crisis más profunda: la que afecta al carácter de la representación política en nuestro país y al contenido y forma de la mediación electoral.En los inicios de la transición, la endeblez de las organizaciones partidarias, la escasa o nula tradición democrática española y la inexistencia de una clase política definida, capaz de hacerse cargo del conglomerado institucional -en su doble vertiente de poder y de oposición-, llevó a un empeño de fortalecimiento de los partidos y de sus cúpulas dirigentes en lo que podría. considerarse un intento de vertebración del sistema. Esta actitud era razonable si se atiende a los razonamientos expuestos, pero de ella proceden algunos de los factores que contribuyeron luego a generar el desencanto y distorsionan hoy el ejercicio de la representación política. De entre los mismos sobresalen las correcciones a la proporcionalidad del sistema electoral, la exigencia de listas cerradas y bloqueadas en los comicios, el mantenimiento de la provincia como circunscripción -por mandato constitucional-, un reglamento de Cortes que opera como un corsé en torno a la vida parlamentaria, reduciéndola a un espectáculo tan previsto como aburrido y despojándola de todo lo que se parezca a una efectiva acción de control del Gobierno.

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He de añadir que los aspectos de teatralidad -drama y comedia- me siguen pareciendo consustanciales al juego político de la democracia y que también a eso podemos referirnos cuando hablamos de "representación". Lo esencial es que ésta sea de calidad y no resulte un rollo insufrible para los espectadores.

En combinación con todos esos males, otros no menos pequeños contribuyen a un creciente distanciamiento entre la vida institucional de la democracia y la sociedad civil: la actual inoperancia e inutilidad del Senado como segunda Cámara; la conversión -o, más propiamente dicho, la perversión- de los procesos electorales autonómicos -con la sola excepción de Cataluña, y el País Vasco- en un sistema de elecciones primarias, presuntamente indicativas del pulso político en el resto del país, y la sumisión del concepto administrativo Y político de las autonomías a las necesidades de los grandes partidos de implantación, estatal.

En realidad, hoy, mediante la confección de las listas electorales, las cúpulas de los partidos políticos -que acostumbran a escudarse, como es lógico, en el apoyo más o menos explícito de las agrupaciones de base- ejercen un severo control de los mecanismos de representación. El sistema favorece la figura de los diputados cuneros, exime del trabajo de distrito a los pomposamente llamados representantes de la soberanía popular y transfiere la obediencia que los parlamentarios deben a sus electores a la que ciegamente prestan a los aparatos de los partidos. Éstos diseñan con relativa comodidad la composición de su representación en Cortes, con lo que la mayoría parlamentaria no sólo queda incapacitada para el control de la acción del Gobierno, sino que se convierte en la primera y más evidente caja de resonancia propagandística de las decisiones del Ejecutivo. En la oposición, las cosas no resultan muy diferentes, y sólo la dispersión partidista de la derecha facilita ahora algunas discrepariciasbcasionales en el seno de las coaliciones. El juego delos portavoces y la dirección de los plenos parlamentarios que ejercen la Junta de los mismos y, la Mesa de las Cortes facilitan el irrisorio hecho de que la gran mayoría de los representantes populares esté destinada a callar en el hemiciclo y sólo disfrute de su condición de oradora en las comisiones. Así que el reglamento de, las Cortes opera mucho más eficazmente a la hora de mantener la disciplina intema de los partidos que cualquier comité ad hoc en el seno de los mismos.

El resultado de este conjunto de fenómenos es que un muy pequeño número de personas -una verdadera nomenclatura-es, a la vez, quien diseña la composición del Parlamento y del Gobierno, la de las principales fuerzas de.la oposición y la de quienes ostentan las responsabilidades administrativas y políticas no sólo en el Estado central, sino también en los Gobiemos y Parlamentos autónomos, ayuntamientos y diputaciones. La situación me parece tanto más preocupante cuanto han sido frecuentes actitudes de la derecha reaccionaria, en la legislatura que ahora acaba, en el sentido de desautorizar o desacreditar la actividad de la mayoría en Cortes, tildándola con calificativos tan curiosos como dictadura parlamentaria, rodillo socialista y otros de parecido género. La estabilidad democrática es imposible si la oposicion no comienza por aceptar el principio de la mayoría como origen del derecho y de la legitimación del sistema. Ésta es, quizá, la principal de las contradicciones de las democracias formales: que las minorías dispuestas a destruir el Gobierno han de aceptar intentar llevarlo a cabo a través de leyes que genera esa misma mayoría que detestan. El relativo callejón sin salida que eso constituye a la hora de instrumentar la disidencia frente al poder es esgrimido como motivación o pretexto de todos los revolucionarismos y forma parte de la crítica marxista de la alienación. Curiosamente, en España, los grupos de la derecha y los agitadores del golpismo emplean idéntico razonamiento.

De todas maneras, para que la oposición acepte la regla de la mayoría sin socavar el principio formal de la democracia es necesario, además, que el sistema ofrezca oportunidades reales de una alternancia en el poder. El que dicha altemancia no sea sólo un principio teórico, sino responda a una posibilidad concreta y tangible, constituye algo esencial también para la estabilidad democrática, más aún en un país como el nuestro, todavía plagado de espíritus autoritarios. La desesperación de la oposición conservadora, la pérdida de sus ilusiones de obtener la devolución del poder de manos de las umas, puede llevarla a caer en manos del aventurerismo y de los partidarios de cualquier forma de golpe.

Aunque el partido socialista presume, con razón, de haber logrado un período de normalidad democrática sin precedentes en nuestro país, la realidad es que, sin través de su actividad en el Gobierno y en las Cortes, ha contribuido a potenciar y multiplicar los defectos de estructura de nuestra representación política. Ha fomentado un bipartidismo ficticio e incompatible con la realidad, que daña además las posibilidades de la derecha, dividida por la cuestión nacional en Cataluña y el País Vasco. Su designación de una jefatura de la oposición, absolutamente fuera de lugar en un Parlamento que aspira a la proporcionalidad, según dice la Constitución, ha contribuido a bloquear las posibilidades de alternancia de la derecha, con la consiguiente crispación de ésta. Al mismo tiempo, no se ha preocupado de fortalecer a la sociedad civil, única manera de hacer frente al imperio de la nomenclatura, procurando, en cambio, ejercer toda clase de censuras sobre ella. El papel de los medios de comunicación, esencial en este punto, ha sido minusvalorado, cuando no despreciado; la televisión, controlada, y los profesionales, desacreditados. Pese a ello, la mayor parte de las informaciones e investigaciones que han aportado alguna luz útil a los ciudadanos sobre asuntos de tanta trascendencia como los GAL, la política exterior o los escándalos financieros de Rumasa y Banca Catalana ha sido realizada por los periódicos y las emisoras y no proceden del trabajo de los parlamentarios.

Ninguna de estas reflexiones me parece superflua en un momento en que los españoles, todavía estragados por la campaña previa a las votaciones del referéndum, ven de nuevo solicitada su comparecencia en las urnas. El partido de la mayoría debe asumir el compromiso de responder a estas demandas a la hora de instrumentar la representación popular en las instituciones democráticas y de potenciar el funcionamiento de la sociedad civil. Nada de eso se puede hacer sin una reforma a corto plazo de la ley Electoral y del reglamento de las cámaras, y sin una reflexión -todo lo pausada que se quiera, pero nada timorata- sobre algunos aspectos constitucionales que afectan al funcionamiento del Estado de las autonomías y a los problemas antes detallados.

El mantenimiento de la actual situación amenaza con enquistar de manera perdurable el actual juego de fuerzas políticas, que ha generado un vacío de representación a la izquierda del PSOE y una desesperanza cada vez más nerviosa a su derecha. La dificultad para el nacimiento de nuevos líderes y la persistencia del debate político en tomo a cadáveres vivientes de nuestra historia tienen que ver con todo esto. Y si, como los oráculos predicen, el PSOE ha de seguir gobernándonos durante cuatro años más, es primordial responsabilidad suya que esta consolidada democracia no fenezca entre el cansancio y la desilusión de quienes se apartan de ella impresionados por sus múltiples mecanismos de rechazo a todo lo que no sea obediencia o consenso.