Exteriores gestiona la libertad de tres jóvenes condenados por tráfico de drogas en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores gestiona desde hace seis meses la liberación de tres jóvenes españoles detenidos en octubre de 1985 en Caracas (Venezuela) y condenados posteriormente a 23 años por tenencia y tráfico de drogas. La juez Analisa Gandica, instructora del caso, hace compatible su cargo con el de asesora de la Pepsi-Cola venezolana, cuyo socio mayoritario es Gustavo Cisneros, actual propietario de la cadena comercial Galerías Preciados.

En el momento de la detención, que se realizó mediante una llamada anónima, se aprehendieron en la casa en la que se encontraban R. D., G. S. M. y A. B. un total de 67 gramos de hachís a uno de ellos, 30 gramos al otro, mientras que al tercero, que afirmó no ser consumidor, no se le encontró nada encima. Tras el registro de la casa, propiedad de uno de ellos, no se encontró más droga que la citada, cuyo fin era, según su declaración, "hacernos unos porros".Rafael Pastor Ridruejo, director general de Asuntos Consulares, declaró a este periódico: "Hasta el momento lo único que hemos conseguido es el Tribunal Supremo de lo Penal de Venezuela reduzca la pena a diez años. y sustituya el cargo de tráfico por el de favorecimiento del consumo". En opinión de Rafael. Pastor, que es el encargado en Asuntos Exteriores de resolver los problemas de los extranjeros en España, explica que a pesar de la reducción, el castigo penal continúa "siendo excesivo".

La opinión pública venezolana ha hecho de la juez un personaje popular precisamente por castigar tan duramente a estos tres españoles. Sin embargo, poco tiempo antes concedió la libertad bajo fianza a un gran traficante de cocaína. En aquella ocasión, Analisa Gandica justificó su decisión en un programa de la televisión de su país en que, en caso de que éste se escapara, utilizaría la fianza "para perseguirle hasta dar con él".

La sentencia impuesta a los tres acusados, que pertenecen a familias españolas económicamente bien situadas, fue la más dura impuesta en. Venezuela desde que entró en vigor la nueva ley antidroga. Según el embajador español en Venezuela, Amaro González de Mesa, la exageración de la condena se explica por el deseo de la juez por parecer implacable en la lucha contra la droga. La condena ha sorprendido a los especialistas jurídicos venezolanos, incluso al fiscal general de la República venezolana, que en una reunión mantenida. con, López Mesa se mostró "perplejo" por la excesiva dureza de la condena. El código penal español establece un castigo de un mes y un día a seis meses para los traficantes de drogas blandas, cuyo consumo no está penalizado.