El polvorín valenciano

La comarca valenciana de L'Horta es la zona española con mayor producción de artículos de pirotecnia, fabricados en parte de manera ilegal. De ahí que Montcada, con 20.000 habitantes y 1.400 parados, sea, según sus autoridades municipales, un auténtico polvorín. Pisos y casas de campo sin medidas de seguridad son habilitados como talleres clandestinos por obreros en paro que subsisten con la fabricación sumergida de petardos y cohetes. Los más importantes pirotécnicos han sido acusados de fomentar y aprovecharse de esta clandestinidad.

Tras la explosión que en diciembre de 1984 costó la vida a cuatro jóvenes en un taller ilegal, han aparecido documentos que parecen probar que las grandes empresa abastecen de materias primas a los clandestinos y les compran después el material acabado. Los grandes niegan toda implicación: "Somos", dicen, "los primeros interesados en acabar con una competencia desleal".Las cifras no son uniformes. Hay quien afirma que hasta el 30% de la producción es fabricada de manera ¡legal. Otros minimizan el número hasta un 1%. Como en Galicia con las meigas, nadie parece saber cuántos coeters (de coet cohete) clandestinos existen. Pero haberlos, hailos, aunque menos que antes del accidente. La clandestinidad pirotécnica ha sido y sigue siendo una práctica tradicional en algunos pueblos de la comarca de L'Horta. Familias que en Ibi (Alicante) montarían inofensivos juguetes en sus domicilios, en esta zona manipulan pólvora en sus pisos o casas de campo.

Se empieza, para sacarse un sueldo o sobresueldo, por preparar envolturas o accesorios de cohetes y petardos, se termina rellenándolos y entregando productos acabados. Trabajadores despedidos de talleres de pirotecnia, que se han instalado por su cuenta ilegalmente y emplean a su vez a amigos y conocidos de confianza o empleados de las propias empresas en épocas de intenso trabajo -vísperas de las Fallas, por ejemplo-, son los protagonistas de esta clandestinidad.

No hay datos oficiales, pero en los pueblos, donde todos se conocen y casi todo se sabe, éste es siempre un secreto a voces del que hasta ahora nunca se habían aportado pruebas concluyentes. Pero el sistema siempre es el mismo: los clandestinos obtienen materias primas por sus propios medios o las compran en las fábricas, que después adquieren su producción. Así, una determinada persona puede llegar a convertir -de hecho así ocurre- su domicilio en un taller de fabricación de petardos, truenos o cohetes donde trabajan familiares y vecinos.

La explosión que segó las vidas de los cuatro jóvenes de Montcada tambió algo las cosas y el trabajo clandestino entró momentáneamente en crisis. Hubo miedo al posible accidente o a la Guardia Civil, cuyos efectivos han descubierto desde entonces tres talleres ilegales en Montcada y Vilamarxant. Pero esta economía negra de la pólvora subsiste.

'Oveja negra' de la pirotecnia

Juan José Úbeda era el propietario del taller que voló por los aires el 4 de diciembre de 1984. Desde ese momento se convirtió en la oveja negra dentro del mundo pirotécnico valenciano, a cuyos integrantes se refiere con una palabra siciliana de un significado similar a organización. Úbeda ha roto ahora la omertá, la ley del silencio, y se ha vengado de las amenazas de muerte que dice haber recibido y del incumplimiento de muchas promesas.Úbeda afirma que, a cambio de no implicarlos, los empresarios importantes le prometieron el dinero necesario para montar su propio taller y entrar así en el gueto privado de los pirotécnicos legales. En efecto, el procesado nada dijo sobre sus presuntas relaciones comerciales con los grandes ante el tribunal que le juzgó y condenó por imprudencia temeraria a 18 meses de prisión. Según Úbeda, el accidente -"que todavía me hace llorar cuando estoy solo"- supuso el fin momentáneo de las prácticas clandestinas, pero añade: "Ahora todo sigue igual. Las empresas fuertes vuelven a suministrar a los clandestinos pólvora, cuerdas, papel y cartón y a comprar el producto acabado".

Como prueba de lo que dice, el clandestino Úbeda aporta una cincuentena de albaranes y facturas correspondientes a mercancías -pólvora, hilo, clorato y perclotato potásico, azufre, aluminio- valoradas en cientos de miles de pesetas que demuestran su relación con empresas del prestigio de Brunchú y Caballer al menos desde abril a diciembre de 1984. Incluso hay un albarán de entrega de 24 kilos de petardos a Pirotecnia Caballer, SA, que lleva fecha de 4 de diciembre de 1984, el mismo día del accidente. La relación con Pirotecnia Brunchú, según el propio Úbeda, duró hasta principios de verano. Otros cientos de facturas similares, afirma Úbeda, le fueron robadas del despacho después del accidente.

Las que quedaron están en poder, curiosamente, de los abogados que actuaron contra el condenado como acusación particular en nombre de las víctimas, que han pedido que el sumario se reabra para poder implicar a los grandes en el asunto y poder así obtener una indemnización que Úbeda, insolvente, no pudo satisfacer.

Ante tales acusaciones, tanto Juan José Brunchú como Ricardo y Vicente Caballer, la créme de la créme de la pirotecnia valenciana, niegan todo. Brunchú asegura: "Úbeda trabajaba como asalariado en una fábrica legal. Si hubiéramos sabido que era un clandestino, no le hubiéramos vendido ni un gramo de pólvora, que, hay que decirlo, puede fabricarse cualquiera. El material que estalló no tiene por qué ser nuestro". Úbeda, por el contrario, declaró a este periódico que la pólvora usada en pirotecnia requiere un tratamiento especial e insistió en que el material que había en su taller provenía de algunas de las empresas legales.

De hecho, todas las facturas y albaranes librados o firmados por Pirotecnia Brunchú, SA; Pirotecnia Caballer, SA; A. Caballer Llorens, SA; Miguel Zamorano Caballer, y Pirotecnia Borredá, SA, vienen a nombre de úbeda y no de la persona para la que trabajaba. Los afectados por la denuncia anunciaron: "Todo se aclarará dentro de poco, cuando mostremos y digamos cosas que todavía no se saben".

Los pirotécnicos, que se mostraron sorprendidos al series exhibidas fotocopias de las facturas, negaron que la actividad clandestina sea importante y mucho menos, que sea propiciada por sus empresas. "Somos los primeros interesados", afirmaron, "en acabar con esta competencia desleal. La prueba está en que hemos presentado varias denuncias ante el Gobierno Civil de Valencia cada vez que nos ha llegado información relativa a talleres ilegales".