El fracaso de Contadora

LA POSIBILIDAD de una paz negociada en Centroamérica se disuelve como un azucarillo tras el fracaso de la reunión en Panamá de 13 cancilleres latinoamericanos -los de Contadora, los del llamado Grupo de Apoyo y los cinco centroamericanos-. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Augusto Ramírez, en las que advierte que la gestión mediadora de Contadora se puede dar por terminada y convoca a firmar el Acta para la Paz y la Cooperación en Centroamérica el próximo 6 de junio, sólo pueden ser entendidas como muestra del fracaso de la reunión. El enfrentamiento permanente entre Nicaragua y Estados Unidos, la indecisión con que el Gobierno de Managua ha participado en el proceso y el obstruccionismo de Washington están a punto de convertir en un cadáver la gestión que en los tres últimos años ha contribuido a evitar una guerra generalizada en Centroamérica.Desde hace bastantes meses, el final feliz de la gestión de Contadora, esto es, la firma de un tratado multinacional de paz en la región, estaba sólo pendiente de la voluntad política de los Gobiernos centroamericanos. El Grupo de Contadora había presentado anteriormente dos proyectos de acta de paz, ambos útiles para favorecer el objetivo primario de conseguir una convivencia pacífica entre todos los Estados centroamericanos. El primero de ellos fue aceptado en principio, y únicamente, por Nicaragua en un gesto que fue considerado por las naciones no directamente involucradas como una muestra de la voluntad negociadora de los gobernantes sandinistas. Se solicitaron precisiones por parte de los otros países centroamericanos que motivaron un segundo documento, no aceptado finalmente por Managua.

Nicaragua ha sido y es el eje de la gestión de Contadora. Los otros cuatro Estados centroamericanos han hecho en muchos casos causa común frente a Nicaragua y han insistido en que el principal problema para la seguridad de la región es el régimen sandinista. También la Administración norteamericana ha ido progresivamente aumentando su presión sobre el sandinismo. En ese contexto, los dirigentes nicaragüenses entendieron que su marco de negociación debía ser más el diálogo bilateral con Estados Unidos que el proceso desarrollado por Contadora, y dedicó sus esfuerzos al primero en detrimento del segundo. El tiempo, sin embargo, ha corrido en contra de Nicaragua. Las conversaciones con Estados Unidos -en Manzanillo (México)- fracasaron y no se vislumbran perspectivas de que puedan reanudarse. Paralelamente, su aislamiento del resto de los centroamericanos, pese al advenimiento de Gobiernos civiles en Honduras y Guatemala, ha ido creciendo.

Los éxitos militares de Managua contra los grupos antisandinistas han sido indiscutibles, pero éste no es el lenguaje con el que se deba buscar un futuro en paz. No es posible ignorar, a la vez, el agravamiento de la situación que supone la financiación norteamericana de los grupos antisandinistas, en buen número integrados por mercenarios reclutados en Miami. Washington ha desconfiado primero, y boicoteado después, los esfuerzos pacificadores dirigidos por el Grupo de Contadora. La política de Reagan se ha mostrado incompatible con el reconocimiento de un protagonismo latinoamericano.

Frente a este largo conflicto, la única salida viable parece ser la pacificación que acuerden los propios Gobiernos centroamericanos sin injerencias y a partir de las propuestas de Contadora. Pero adoptar la posición, como ha hecho Nicaragua en la reunión de Panamá, de negarse a firmar un tratado de paz hasta que no cese la agresión contra su país no contribuye precisamente a que esa agresión se detenga, sino, por el contrario, a dar argumentos a quienes hoy los necesitan para que el Congreso norteamericano apruebe 100 millones de dólares para la contra.

Un tratado de paz que afecta a cinco naciones, si es correcto, no puede satisfacer plenamente a ninguna de las cinco. Sería, no obstante, un paso adelante que todas se comprometieran, de forma pública y rotunda como Contadora exige -y con las garantías internacionales que el propio grupo pacificador ofrece-, en cuestiones tan importantes como la reducción de la presencia militar extranjera en Centroamérica, el cese del apoyo a los grupos insurgentes y la democratización plena de la región. Nadie podría entender la firma de un tratado de ese tipo como síntoma de debilidad de alguien, sino como la clara voluntad de resolver los problemas de América Latina por los propios latinoamericanos. La actitud del Gobierno de Managua negándose a la firma del Acta de Paz mientras la contra no sea desmantelada es sencillamente injustificable.