Una connivencia nunca admitida

La posibilidad de que existan conexiones entre miembros de la Fuerzas de Seguridad y los mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), ha sido insinuada en muchas ocasiones, aunque nunca ha podido ser probada fehacientemente. En repetidas ocasiones, presuntos miembros de los GAL, como Roger Rousset, Michelle Morganti, o el neofascista italiano Giuseppe Calzona, han declarado tras ser detenidos ser confidentes de la Policía española o que fueron contratados por los servicios secretos españoles.El caso más flagrante en cuanto a posibles conexiones; entre los servicios de seguridad y los GAL se produjo tras la muerte del antiguo miembro del Batallón Vasco Español Jean Pierre Chérid, en marzo de 1984 en Biarritz, cuando su esposa solicitó al Gobierno español una indemnización por los servicios realizados por su marido para los servicios secretos. Asimismo siempre ha existido la sospecha -nunca probada- de que tres supuestos confidentes del comisario Manuel Ballesteros, cuyos nombres éste se ha negado a facilitar durante sus distintos juicios por el atentado contra el Bar Hendayais, colaboraron en el momento de la aparición del GAL en la creación de su infraestructura o en la contratación de mercenarios.

Para intentar conocer los nombres de estos confidentes la organización Jueces para la Democracia, a finales de marzo de este año, expresó la esperanza de que el comisario Ballesteros, a -pesar de la absolución por parte de la sala Segunda del Tribunal Supremo del delito de denegación de auxilio a la justicia, revele a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa los nombres de los tres sospechosos.

Asimismo y tras conocerse la información de que el presunto jefe de un comando de los GAL, lsmael Miquel Gutiérrez, era colaborador de la policía, según una sentencia de abril de 1985, de la Audiencia de Barcelona, el fiscal general del Estado, Luís Antonio Burón Barba, recibió, el 3 de febrero último, un escrito de abogados, catedráticos, profesores de Universidad y otros profesionales, en el que se solicitaba que la Fiscalía General del Estado investigase las supuestas relaciones entre algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los GAL.

En la respuesta a este escrito, cuatro días más tarde, el fiscal general del Estado señalaba que "no es admisible iniciar investigaciones previas a un procedimiento criminal contra personas, objeto de imputaciones, basadas en vagas referencia y sospechas", dando por archivado el escrito.

Dos meses después, el 3 de abril, 42 personas, abogados, profesores de Universidad y periodistas, dirigieron un nuevo escrito al fiscal general del Estado en el que pedían que se investigaran y aclarasen las presuntas responsabilidades en que hubieran podido incurrir miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actividades de los GAL".

El pasado 20 de febrero, en respuesta a una pregunta sobre los GAL del diputado socialista Javier Barrero, el ministro del Interior, José Barrionuevo, dijo ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso: "Como hipótesis, no descarto que algunos funcionarios de la Administración estén implicados en acciones terroristas".