El Gobierno español trata de llegar a un acuerdo para evitar la subasta de 'La marquesa de Santa Cruz'

La galería Christie's ha confirmado la existencia de conversaciones entre el Gobierno español y lord Wimbourne, propietario del cuadro de Goya La marquesa de Santa Cruz, y ha admitido la posibilidad de que se suspenda la subasta si se llega a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, en algunos círculos jurídicos se expresó ayer a EL PAÍS la opinión de que el comunicado de la galería de arte no beneficia en nada la postura del Gobierno español en torno al cuadro, ya que la existencia de esas negociaciones, caso de confirmarse, puede ser explotada en contra de lo mantenido anteriormente por las autoridades españolas.

El Gobierno español ha mantenido siempre que el cuadro, comprado en 1983 por Pedro Saorín Bosch, un hombre de negocios español que ahora vive en Buenos Aires, por 119.000 libras (unos 25 millones de pesetas), fue enviado ilegalmente a Suiza con documentos de exportación falsificados. En Suiza, y a través de los servicios de un marchante de Londres, el cuadro fue adquirido por la compañía Overseas Art Investments Limited, registrada en Liberia, propiedad de uno de los trustees de la familia de lord Wimbourne.En opinión de esos círculos, la existencia de negociaciones para la recuperación del cuadro podría dar lugar a posibles especulaciones futuras en el sentido de que, después de todo, el Gobierno no parecía muy seguro sobre sus propias afirmaciones al tratar de parar la subasta prevista para el próximo viernes con una oferta de compra del cuadro al aristócrata inglés, que habitualmente reside en París.

Christie's facilitó un comunicado el lunes en el que anunció que la subasta del cuadro se celebraría, según lo previsto, el próximo viernes día 11, en su sede del West End londinense, pero admitía la posibilidad de que lord Wimbourne decidiese cancelar la venta si se llega a un acuerdo con el Gobierno español en una serie de negociaciones secretas llevadas a cabo entre los representantes legales de Wimbourne, la firma de abogados Freshfield, y los del Estado español, el bufete del conocido jurista sir Matthew Farrer.

La secretaría de sir Matthew Farrer se negó a hacer declaraciones sobre las negociaciones y manifestó a este corresponsal que, caso de producirse alguna novedad, "ésta sería anunciada por los representantes del Gobierno español".

El texto completo del comunicado hecho público por la oficina de Prensa de Christie's es el siguiente: "La venta del Goya La marquesa de Santa Cruz seguirá adelante el viernes 11 de abril. El cuadro está expuesto al público en la actualidad. Sin embargo, por instrucciones de los propietarios, nos encontramos en negociaciones con los representantes del Reino de España con relación a la posibilidad del regreso del cuadro a Madrid. En el caso de que estas negociaciones concluyan satisfactoriamente en una fecha anterior (a la subasta), el propietario estaría dispuesto a retirarlo de la venta".

Un portavoz de la galería manifestó ayer a EL PAÍS que Christie's se limita a cumplir instrucciones de la propiedad y que, en realidad, las verdaderas negociaciones son aquellas que se están celebrando, en medio del más absoluto secreto, entre los representantes; de lord Wimbourne y los del Gobierno español.

Un tanto

El Gobierno español se apuntó un tanto el pasado mes al decidir un juez que los tribunales británicos eran absolutamente competentes para pronunciarse sobre la legitimidad de los documentos de exportación del lienzo. Los abogados de lord Wimbourne y de Christie's pretendían que los tribunales británicos no tenían jurisdicción para decidir sobre un delito tipificado por el Código Penal español.El juez Lord Justice Brown-Wilkinson autorizó a la parte española a presentar su caso ante los tribunales británicos, pero admitió que era imposible que el juicio sobre la legitimidad de los documentos de exportación se celebrase antes del viernes 11 de abril, fecha de la subasta.

A pesar de que las galerías de arte británicas han firmado hace años un código de práctica en el que se comprometen a no tratar con obras de arte robadas o sacadas fraudulentamente de los países de origen, Christie's ha manifestado que el código no es de aplicación en este caso.

Los periódicos británicos publicaron ayer con gran despliegue las negociaciones entre el Gobierno de Madrid y lord Wimbourne, y uno de ellos, The Guardian, llevó la información a su primera página. Según un periódico, la suma que baraja la representación legal del Gobierno español es de 750.000 libras (unos 160 millones de pesetas), una cantidad ridícula si se considera que el cuadro sale a subasta en un precio base de cinco millones de libras esterlinas (unos 1.100 millones de pesetas), y que la propiedad esperaba, antes de la reclamación española, conseguir entre 8 y 12 millones de libras.

El cuadro se exhibe, con un espectacular despliegue de medidas de seguridad, en Christie's de Londres, en una pequeña sala custodiada por dos agentes de seguridad y en donde sólo se permite la estancia de tres o cuatro personas, y está protegido por cámaras de televisión, cristales antibala y una puerta enrejada.