La nueva etapa del 'caso Catalana'

EL FINAL de las investigaciones de los fiscales sobre lo sucedido en Banca Catalana sitúa a este espinoso tema en una nueva fase. Al parecer, las conclusiones coinciden sustancialmente con los razonamientos que les llevaron a ellos mismos, tiempo atrás, a presentar la querella contra los antiguos responsables de la entidad, entre los que se encuentra, a título personal, el presidente del gobierno autónomo catalán. Con los nuevos datos reunidos, sostienen que existen indicios racionales de delito para solicitar el procesamiento de la mayor parte de los 25 ex consejeros implicados en la causa, Jordi Pujol incluido.La demora con que se está llevando el caso -hace casi dos años que se presentó la querella- impide hablar ya de oportunidad o no de los calendarios. Pero los hechos son testarudos: la actuación de la Justicia respecto a Banca Catalana saltó a la palestra días después de que Jordi Pujol obtuviera una importante victoria electoral en los comicios autonómicos -en los que tuvo el apoyo del 46% de los votos emitidos-; ahora, los fiscales concluyen su estudio cuando todas las fuerzas políticas preparan la próxima campaña para las elecciones legislativas de otoño, y en el momento en que la operación reformista, teledirigida desde Cataluña, y desde el partido de Pujol, en forma de bisagra hacia la derecha, sueña con descabalgar a la actual hegemonía socialista. De todas maneras hay que tener en cuenta que con la actual agenda de elecciones generales, municipales y autonómicas, completada con el reciente referéndum sobre la OTAN, resulta prácticamente imposible que algún acontecimiento de este país no tenga cerca, antes o después, una llamada a las urnas.

El caso Catalana, considerado por Pujol y su partido como una provocación y presentado así como unajugada sucia contra toda Cataluña, abrió un enorme distanciamiento entre la Administración autonómica y el Gobierno central. Recientemes esfuerzos mutuos para templar los ánimos en cuestiones como la financiación autonómica, unidos a la reanudación de contactos personales entre González y Pujol, apuntaban hacia un regreso a la normalidad que ahora puede volver a interrumpirse. Estas circunstancias, sin embargo, no deben dejar en segundo plano el fondo objetivo del problema. La entidad bancaria que lo origina protagonizó una verdadera catástrofe financiera que, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, costó más de 344.000 millones de pesetas a los fondos públicos, y lo que la Justicia intenta aclarar son qué tipo de responsabilidades hubo y si existieron o no irregularidades en la administración del grupo bancario.El hecho de que el presidente de la Generalitat pueda ser procesado, y las repercusiones políticas que ello podría comportar -desde una posible renuncia temporal al cargo hasta que se esclarezca la inocencia que pregona, a su posible deseo de seguir ostentándolo-, son elementos que, con toda su trascendencia, ni deben ni pueden impedir la prioridad de que la Justicia actúe con arreglo al principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los españoles. Los problemas formales que acompañan al caso, que nacen de la inexistencia de inmunidad para los presidentes de las comunidades autónomas o del retraso en crear el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deben ser abordados y resueltos con supeditación al mismo principio. Entre otras cosas porque lo que se trata de juzgar no son actuaciones de un político en ejercicio como es el presidente Pujol, sino de un banquero, que también se dedicaba a la política: el ciudadano Pujol. Desde esta perspectiva, es obligación de todos desdramatizar y despolitizar, en la medida de lo posible, el caso Catalana. La utilización de los sentimientos autonomistas o la apelación a los intereses de partido -sea por parte de quien sea- están fuera de lugar. Es preciso insistir en que la presunción de inocencia ampara absolutamente a todos los ciudadanos y que es imposible descalificar a nadie hasta que no haya sido condenado en sentencia firme. Y el curso normal de la administración de la Justicia debe seguir adelante. Son los jueces quienes deben decidir o no procesar a los acusados por los fiscales. Y es la propia fiscalía general del Estado la que tiene que dar explicaciones a la opinión pública sobre cómo un caso de este genero, que provocó en su día manifestaciones, ruedas de prensa, y toda una serie de dramáticas actuaciones, se ha demorado tanto tiempo en su investigación y ha merecido hasta ahora el silencio oficial, con grave daño para la honorabilidad y los derechos constitucionales del presidente Pujol.