¿Electoralismo económico?

EL GOBIERNO parece decidido a aprovechar la oleada de optimismo que recorre en estos momentos, tanto nuestro país como el resto de Europa, para relanzar la economía, que bien necesitada estaba de ello. A las medidas adoptadas hace unos días sucede ahora el anuncio de una nueva disminución de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de una serie de disposiciones liberalizadoras de los precios, que han provocado la inmediata protesta de los ministerios desposeídos de sus parcelas de control.Aún es pronto para pronunciarse sobre el alcance de la reducción de las retenciones, puesto que el Gobierno no ha comunicado todavía la amplitud de las mismas. A pesar de lo cual, es difícil desechar la idea de que la Administración está tejiendo y destejiendo el manto de Penélope, puesto que a la tardanza en repercutir sobre la economía la disminución de los precios del petróleo sucede ahora un goteo de medidas cuya oportunidad económica se ve empañada por la cercanía del referéndum, que arroja las sospechas de un oportunismo electoral. Hay que decir que si la proximidad de una consulta en las urnas es requisito previo para la actuación del Gobierno en materia económica, este año puede ser decisivo.

Pero parece injusto achacar primordial o sustancialmente a esos motivos la decisión del Gabinete. Los primeros argumentos avanzados para justificar la disminución de las retenciones se basan en la previsibiemente holgada situación de la Hacienda Pública a lo largo del presente año, y ello no sólo por los ingresos suple mentanos que aportará la caída de los precios del petróleo, sino también por el aumento de recaudación debido a la implantación del IVA. En teoría, cuando se calcularon los tipos de este impuesto, la recaudación prevista debía ser equivalente a la de los impuestos que desaparecieron. En la práctica, la burocracia tiende siempre a cubrirse por exceso, y lo que está emergiendo con cierta claridad es que el nuevo impuesto recaudará bastante más que los anteriores. Esta evolución es favorable desde el punto de vista de la reducción del déficit público, pero lo es menos desde un doble y coincidente punto de vista: el aumento de la presión fiscal indirecta incide negativamente sobre los precios y sobre el poder adquisitivo de las familias, limitando las posibilidades de crecimiento en un año en el qué, al fin, parece aflojar la presión de la crisis. En cualquier caso, se echa de menos una estimación clara por parte de la Administración de las consecuencias económicas de las nuevas medidas.

En cuanto a la liberalización de los precios de algunos bienes y servicios, las consecuendias podrían ser negativas sobre los precios a corto plazo, pero serán beneficiosas en un plazo algo más largo. El principal enemigo al que se enfrenta el Gobierno al avanzar por la senda de la liberalización de los precios controlados es la propia Administración, que no termina de acostumbrarse a que el mercado defina la situación. La única contraindicación, para la libertad de precios es la existencia de monopolios, y fuera de los mismos la Administración debería abstenerse de intervenir directamente.