El Gobierno denunciará la cláusula de salvaguardia para la siderurgia

El Gobierno español tiene la voluntad de denunciar el tratado siderúrgico con la Comunidad Europea como consecuencia de la inundación de exportaciones de productos siderúrgicos procedentes de los países comunitarios. La decisión podría ser adoptada en el Consejo de Ministros que se celebra hoy, según coincidían en señalar fuentes del Ministerio de Industria y de la Secretaría de Estado de Comercio. Si la decisión del Gobierno es positiva, el ministro de Industria, Joan Majó, la trasladará al Consejo de Ministros de Industria comunitario que se celebra el próximo lunes en Bruselas.La Comisión Europea ha hecho saber a la parte española que si ésta pide la aplicación de la claúsula de salvaguardia, la apoyará, pero las medidas que se decidan (limitación de las exportaciones comunitarias hacia España) se verían limitadas a seis o nueve meses, y no durante los tres años en que proseguirá la reestructuración del sector español y durante los cuales las exportaciones españolas hacia los otros países miembros estarán limitadas.

Según el Tratado de Adhesión, la Comisión dispondrá de cinco días para responder a una demanda formal de aplicación de la claúsula de salvaguardia. "Si lo pedimos nos lo van a conceder, pues está aceptado a nivel de comisarios", señalaron medios españoles, informa Andrés Ortega.

Hasta el pasado 10 de febrero, las importaciones de productos siderúrgicos superaron, según fuentes del sector, las 400.000 toneladas. Según datos de la patronal siderúrgica española, Unesid, las importaciones en 1985 se elevaron a 1,5 millones de toneladas en productos.

Vigilancia agrícola

Asimismo, ayer se publicó en el BOE una orden ministerial por la que se amplía la lista de productos sometidos a vigilancia estadística previa a la importación, incluyendo en ella a los productos agrícolas transformados que, teóricamente, podrían entrar en España libres de arancel a partir de mañana. La implantación de este régimen de notificación previa a la importación a estos productos es el único instrumento de autodefensa que ha encontrado el Gobierno para tener bajo vigilancia y control la entrada de estos productos agrícolas transformados (PAT). En caso de que se compruebe la existencia de una invasión masiva de estos productos, se tendrán argumentos para que, desde Bruselas, se tomen medidas para evitar una distorsión en el mercado.

La Comisión Europea ha mantenido en la reunión solicitada esta misma semana con el representante permanente de España ante la CE que en el Tratado de Adhesión hispano-comunitario se aprobó la liberalización total para estos productos, por lo que no considera procedente que haya que introducir ahora excepciones. Este criterio, que no es compartido por parte española, es lo que ha inducido al Gobierno a incluir a los PAT en el sistema de vigilancia estadística previa a la importación.