La Guardia Civil del Aire

CON LA escasa separación de unos días, Iberia, la línea aérea de bandera española, ha vuelto a convertirse en fuente de noticias. No se trata ahora -o no sólo- de los retrasos horarios o de las desconsideraciones del personal de tierra con los usuarios de la compañía. La crónica de sucesos acaba de recibir originales aportaciones de la Guardia Civil, que resolvió por su cuenta, a finales de la pasada semana, ensanchar sus competencias en el mar -que la nueva ley de Policía le concede para la vigilancia de aguas jurisdiccionales- con una discreta incursión en el tráfico aéreo.El sábado 15 de febrero, una dotación de la Benemérita ocupó con armas un avión que aguardaba el despegue de un vuelo regular entre Madrid y Valencia para reducir al pasaje, que se negaba a ocupar sus asientos y abrocharse sus cinturones -después de varias horas presos en el interior del aeroplano- hasta que no se le explicaran las razones del retraso en la partida. Entre los pasajeros llamados al orden de manera tan expeditiva y poco elocuente de nuestra integración en las fórmulas de la civilizada Europa figura un diputado del Congreso, testigo excepcional de esa irrupción de la fuerza pública, armada con metralletas, para intimidar a unos ciudadanos que defendían su derecho a ser informados y a que se cumpliera un contrato de transporte. También fueron víctimas ilustres del bochornoso incidente los componentes de la Orquesta Filarmónica de Londres, uno de cuyos miembros tuvo que soportar la vejación de que la Guardia Civil le arrebatara una cámara para velar un acusador carrete. El gran descubrimiento de los socialistas sobre la Guardia Civil ha mostrado a los atemorizados viajeros una estampa de prepotencia y excesos descolorida de puro vieja.

Pero esta anécdota -por desgracia harto significativa- pierde comparativamente interés tras las informaciones publicadas por EL PAÍS el pasado martes sobre posibles casos de sabotaje en dos aviones -un DC-9 y un Boeing 727- de Iberia en los hangares de Barajas. Técnicos de mantenimiento de la compañía descubrieron, el 31 de enero y el 4 de febrero, la existencia de daños intencionados en los dos aparatos. Aunque las averías causadas, según se dice, no hubieran puesto en peligro la seguridad de vuelo, resulta difícil simular impasibilidad y fingir una razonable inquietud ante la amenaza que implica tanto la existencia de saboteadores en los hangares de Iberia como la ignorancia de su identidad móviles y objetivos. El pacto de silencio -que rubricaron con la empresa los dirigentes sindicales y la mayoría de los empleados- para ocultar ante la opinión pública los hechos puede ser explicado a la vez por un condenable intento corporativista y por un comprensible deseo de evitar la alarma. Sin embargo, del incidente cabe extraer también la conclusión de que los servicios de mantenimiento y revisión de Iberia están en condiciones de localizar cualquier irregularidad.

. En cambio, nada puede justificar que el director de la Seguridad del Estado se enterase por la Prensa, y con 15 días de retraso, de esos sabotajes. La razón de esa ignorancia es que la Guardia Civil, que había recibido de la dirección de Iberia una información verbal y reservada sobre tan inquietantes descubrimientos, resolvió llevar hasta el extremo la autonomía funciona¡ (y casi orgánica) que se le ha concedido en la práctica. Los responsables de la Benemérita resolvieron por su cuenta no otorgar mayor importancia al caso y no molestar a la superioridad con noticias sobre el sabotaje. Esa displicencia quizá explique también. que tres semanas después de los hechos no haya todavía noticias de que la investigación haya avanzado sustancialmente. Ni se descarta por completo la hipótesis de un atentado terrorista ni se apunta hacia otra explicación alternativa -un desequilibrado o un malvado- para dar cuenta de los hechos.

En el período transcurrido entre el descubrimiento del sabotaje y, su publicación por la Prensa, no sólo los altos responsables del Ministerio del Interior fueron condenados a la ignorancia. También el ministerio público y el juez quedaron mantenidos al margen del asunto. Una edificante lección de cómo funcionan los sistemas de seguridad y orden público en un punto neurálgico como el aeropuerto de Madrid y de cómo entiende la Guardia Civil su papel institucional.