La cámaras están al fondo

F. M., El proyecto de ley de cámaras agrarias presentado por el Gobierno, que comenzó el viernes su andadura en las Cortes para convertirse en ley, es uno de los desencadenantes de la conflictividad actual del campo. Aunque no es el único motivo, sí muchas de las movilizaciones tienen como trasfondo esta reforma.

En España hay actualmente 8.521 cámaras locales para un censo total de 8.020 pueblos. Las actuales cámaras heredaron en 1977 el patrimonio, la estructura, el personal y parte de las funciones que desempeñaban las antiguas hermandades de labradores y ganaderos, creadas por el franquismo.

El proyecto de ley del Gobierno propone acabar con esta adscripción asociativa obligatoria. Para ello, contempla la existencia básica de sólo cámaras provinciales, que serán órganos consultivos de la Administración y cuyos representantes serán elegidos democráticamente. Las futuras elecciones servirán al mismo tiempo para establecer la verdadera representatividad de las organizaciones agrarias. El futuro de las cámaras locales quedará a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma.

Las cámaras se nutren actualmente con el 2,5% de la cuota de contribución rústica, más 1.500 millones de pesetas que aporta el Estado para los salarios de los 5.090 funcionarios que las atienden y otros 7.500 millones en subvenciones. Además, prestan servicios de gestión e información de ayudas. Para los servicios específicos tienen el poder de imponer cuotas y derramas a los agricultores de cada término. Los funcionarios de las cámaras gestionan también las pensiones de los agricultores y recaudan las cuotas de la Seguridad Social Agraria, 150.000 millones de pesetas al año. En el futuro estos cauces financieros quedarán suprimidos y los servicios serán responsabilidad de los ayuntamientos.