Policía vasca

EL ACUERDO entre el Gobierno del Estado y el Gobierno del País Vasco para modificar -mediante una enmienda transaccional que será aprobada en el Senado- el proyecto de ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no sólo garantiza la supervivencia del pacto de legislatura suscrito por nacionalistas vascos y socialistas sino que rectifica uno de los puntos mas criticables de ese texto. Sin embargo, el proyecto de ley de policía seguirá conservando, a menos que los senadores socialistas -mayoritarios en la Cámara Alta- decidieran rectificarlos, otros graves defectos.No se trata sólo del papel predominante concedido a la Guardia Civil, que mantiene su caracter militar y su doble dependencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y que incorpora además a sus competencias los servicios de vigilancia marítima. El proyecto Barrionuevo ofrece serios motivos para la crítica: desde la insuficiente regulación de la policía judicial hasta la imprecisa articulación de la dependencia de los diversos cuerpos de seguridad respecto a la autoridad civil, pasando por las implicaciones de la equívoca denominación dada al cuerpo nacional de policía (definida como instituto armado de naturaleza civil) y por la regulación de las policías municipales.

La negociación entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Vitoria ha logrado, al menos, que la normativa sobre la policía autónoma del País Vasco -la ertzantza- quede sustancialmente alterada. Una disposición final del primitivo proyecto de ley daba un sombrerazo cortés a la regulación estatutaria de las policías autonómas para establecer, a renglón seguido, que serían de aplicación directa una serie de artículos que según el Gobierno vasco vaciaban en la práctica las competencias policiales concedidas por el Estatuto de Guernica a las instituciones de autogobierno.

La claúsula de salvaguarda ahora negociada limita el alcance de las atribuciones que se reservaba el Ministerio del Interior. Aunque el acuerdo sólo será firme cuando el Senado apruebe la enmienda, los negociadores adelantan que la nueva disposición final de la Ley respetará explícitamente las competencias definidas por el artículo 17 del Estatuto de Guernica, limitará la aplicación directa de la norma sobre las policías autónomas a los .principios de caracter general de su texto y ratificará el papel de la Junta de Seguridad definida por el Estatuto de Guernica -formada por igual número de representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma- como órgano de coordinación entre la eztzantza y la policía estatal.

El Estatuto de Guernica encomienda a la policía vasca "la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo", reservando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los servicios policiales de caracter extracomnunitario y supracomunitario". Hasta el presente, un doble movimiento de desconfianza, nacido de la desdichada experiencia histórica de los recientes años, ha impedido llevar hasta sus últimas consecuencias ese planteamiento y realizar una interpretación unánime del significado de los términos extracom unitario y supracomunitario. Mientras el Ministerio del Interior desconfía de la voluntad o de la eficacia de la policía autónoma para luchar contra el terrorismo (sin que falten incluso altos funcionarios que recelen de una eventual infiltración de ETA en las filas de la eztzantza), el Gobierno de Vitoria señala que la falta de apoyos sociales a los cuerpos estatales -especialmente a la Guardia Civil- dificulta las colaboraciones institucionales a su tarea. Esas dos líneas de desconfianza sólo podrán llegar a desparecer cuando la erradicación del terrorismo y la plena adaptación de los cuerpos policiales a los principios democráticos y constitucionales permitan una plena aplicación del artículo 17 del estatuto de Guernica.

El final de la negociación sobre el proyecto de ley de la policía coincide con el primer aniversario de la designación de José Antonio Ardanza como lendakari del País Vasco. Durante esos doce meses, las dudas sobre la idoneidad del nuevo presidente del Gobierno de Vitoria, que sustituyó en su cargo a Carlos Garaicoetxea (dimitido o cesado a consecuencia de conflictos internos del PNV todavía no suficientemente aclarados), se han difuminado notablmente. El lendakari Ardanza inauguró su mandato en medio de una profunda crisis de la familia nacionalista y de una situación política crispada. La irregular defenestración de Carlos Garaicoetxea había escindido al PNV en dos tendencias. El empate de fuerzas dentro del parlamento vasco producía el bloqueo de los trabajos legislativos y parlamentarios. La ausencia de entendimiento con el Gobierno socialista había interrumpido las transferencias de la Administración Central a la Comunidad Autónoma. La discusión sobre la interpretación de la Ley de Territorios Históricos enfrentaba a las tres diputaciones forales con el Gobierno de Vitoria.

Aun sin capacidad para influir decisivamente sobre las pugnas internas del PNV, José Antonio Ardanza ha logrado, al menos, éxitos considerables en los demás ámbitos conflictivos. El pacto de legislatura con los socialistas ha desbloqueado las actividades del parlamento vasco. Las transferencias han sido reanudadas. El Gobierno de Vitoria ha alcanzado acuerdos satisfactorios con las diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. Y el diálogo con el Gobierno socialista, aunque no haya desembocado siempre en conclusiones positivas, ha dado una salida negociada a dos cuestiones que afectan a la autonomía vasca: la incidencia de la aplicación del Impuesto del Valor Añadido, que se relaciona con el concierto económico, y el proyecto de ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que afecta a la policía autónoma.