El Parlamento italiano debate la enseñanza de la religión

Un debate de gran envergadura sobre la enseñanza de la religión en las escuelas empezó ayer en el Parlamento italiano. Comparece la ministra de Educación, la democristiana y católica Franca Falcucci, contra la que las diversas fuerzas políticas de Italia -exceptuando su partido- han presentado nueve mociones de protesta.

La protesta va dirigida contra el acuerdo que el 14 de diciembre pasado firmaron la ministra Franca Falcucci y el cardenal Ugo Poletti, vicario de Roma y nuevo presidente de la Conferencia Episcopal italiana.

Dicho acuerdo tenía como finalidad concretar los acuerdos del nuevo Concordato entre Italia y la Santa Sede firmados el 18 de febrero de 1984 entre el secretario de Estado vaticano, cardenal Agostino Casaroli, y el presidente del Gobierno, Bettino Craxi, en materia de enseñanza religiosa en las escuelas. Inmediatamente después de la firma, con una celeridad inusitada en Italia, la ministra Falcucci emitió una circular ministerial el 20 de diciembre, en pleno clima navideño, sin antes haber consultado al Parlamento.

Estado laico

El nuevo Concordato define por vez primera que Italia no es un Estado confesional y que, por tanto, no existe una religión estatal, pero que dado el elevado porcentaje de católicos, el Estado quiere garantizar, a quienes lo soliciten, la enseñanza religiosa en las escuelas.Con anterioridad al Concordato, los padres de familia podían solicitar que se eximiera a sus hijos de las clases de religión. Según el nuevo Concordato deberían ser los padres que lo desearan quienes pedirían que se les enseñara la religión a sus hijos, razón por la que se había dicho que en Italia se había acabado el régimen de "discriminación religiosa".

Pero con el acuerdo Falcucci-Poletti, como se ha llamado a las decisiones tomadas entre la ministra y el cardenal, se ha vuelto en realidad al viejo sistema, según la opinión de los firmantes de las protestas parlamentarias contra el decreto ministerial. Éstos aducen que se les obliga a los padres a decidir rellenando un documento en el que consta si quieren o no que sus hijos vayan a la clase de religión. Y deben hacerlo al principio de los estudios, con una decisión que será válida ya para todos los sucesivos.

La hora de religión se ha colocado dentro del horario de clases obligatorias, y no antes o después, como se había pedido, para que el que no quiera la clase de religión no esté obligado a quedarse en el colegio.

Las protestas del cardenal Poletti han sido muy duras; ha acusado a los críticos de querer herir el principio de libertad religiosa de los católicos.