Un puesto único, digno y bien remunerado

La Organización Médica Colegial (OMC) defiende un sistema de incompatibilidades en el sector público que ofrezca a los médicos un puesto único, digno y bien remunerado. Otra cosa bien diferente, a la que se opone la OMC, es la ley que en la actualidad se dispone a implantar la Administración. Y está en desacuerdo por las siguientes razones:Primero, porque la aplicación de la ley se hace por igual para todos los funcionarios públicos, cuando la medicina no sólo reúne unas peculiaridades propias, sino que los defectos que durante 40 años han configurado el sistema sanitario español hacen que el ejercicio del médico reúna unas condiciones de relación laboral, dedicación, retribuciones, etcétera, muy distintas a las que afectan a los restantes trabajadores de las administraciones públicas.

En segundo lugar, los médicos accedieron a poseer más de un puesto de trabajo de un modo absolutamente legal. Legitimidad que incluso fue reconocida por el Gobierno socialista cuando puso en marcha la ley de Incompatibilidades aprobada por UCD.

El acceso a esas plazas fue mediante oposición o concurso. En la mayoría de los casos, los médicos fueron obligados a ocupar más de un puesto, bien por las exigencias del poder para satisfacer las demandas asistenciales, bien como requisito imprescindible para su promoción profesional, cuando no como único sistema de subsistencia. Porque el conjunto de todas las percepciones económicas, de las que la ley les despoja con carácter retroactivo, constituía un modo de salario no superior al de cualquier funcionario.

El tercer aspecto es que, al no haberse iniciado la reforma sanitaria, se desconoce el futuro de los puestos de trabajo, por lo que resulta ilusorio que el médico se decida por uno de ellos, abandonando los restantes, con la pérdida de los derechos adquiridos y sin compensación ni indemnización algunas.

Tampoco conviene olvidar los vacíos asistenciales que una aplicación precipitada de las incompatibilidades puede crear en determinadas áreas especializadas, donde no existen médicos en paro para ocupar las posibles vacantes.

Más grave aún resulta que, en estas condiciones, se pretenda que sea el médico quien opte y renuncie a todos sus derechos. Si es el Gobierno quien señala la opción, debe indemnizar al médico de los puestos de que es desposeído. Si, en cambio, ha de optar el médico, el Gobierno deberá informarle suficientemente para que no dé un salto en el vacío.

Por si fuera poco, se quiere cambiar bruscamente la opinión de médicos y ciudadanos, de la noche a la mañana, con el ánimo de convertir lo que hasta hoy era un mérito profesional estimadísimo en poco menos que un delito social.

Pues bien, frente a estas pretensiones, la OMC, lejos de adoptar posturas de fuerza, ha ido por la vía de la defensa legal. Su asamblea general decidió, durante su última reunión, enviar una circular a todos los afectados en la que se informa del amplio abanico de posibilidades a seguir por el médico, de acuerdo con los criterios de expertos y asesores jurídicos de todos los colegios y sindicatos médicos, incluida la postura adoptada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. La circular recuerda que se trata de derechos individuales que cada médico tendrá que defender por separado, recayendo sobre él la decisión a tomar.

Como es lógico, la Asamblea General de la OMC, en base a los informes de los asesores jurídicos, muestra su opinión sobre qué postura es la que considera que defiende mejor los intereses de los afectados: que los médicos cumplimentan parcialmente su formulario, sin indicar los puestos de trabajo, lo que supone una auténtica salvaguardia de los derechos, en cuanto no se opta por ninguno de ellos y no se permite la opción automática propuesta en el cuestionario oficial.

Amenazas

Sin embargo, posturas tan coherentes como las adoptadas por la OMC ante este problema han sido manipuladas por los poderes públicos, desde donde se han hecho declaraciones que van desde acusaciones de mala fe a la cúpula médica a informaciones en las que se señalaba que los colegios de médicos incitaban a la desobediencia civil. Algunos altos cargos incluso han recurrido a amenazas e intimidaciones a los médicos, con palabras textuales muy similares a las utilizadas por el ex ministro Girón cuando en los años cincuenta sometió a los médicos a su sistema de Seguridad Social.

En este sentido, resulta inadmisible que desde el partido en el Gobierno se muestre la incomodidad y el rechazo a una actitud propia de cualquier democracia, como es el que un colectivo de ciudadanos defienda sus legítimos derechos. Obligar a los médicos a autoinculparse, y más por un delito que no han cometido, es algo que atenta contra los principios constitucionales, y que ni siquiera se practica con auténticos delincuentes o terroristas.

Resultan asimismo sorprendentes las acusaciones de falta de solidaridad con los médicos en desempleo, cuando las vacantes creadas por las incompatibilidades van a ser amortizadas, sin que se creen puestos de trabajo, según rezan las mismas publicaciones oficiales.

Los poderes públicos deben rectificar a tiempo y seguir el ejemplo de algunos Gobiernos autonómicos, como el de Andalucía y el de Cataluña, que ya han concedido moratorias para la presentación de solicitudes. La Generalitat, además, ha variado sustancialmente algunas instrucciones en relación con la ley estatal. ¿Qué ocurre entonces con el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley?