Amenazas en Centroamérica.

LAS RECIENTES declaraciones de Ronald Reagan sobre Nicaragua, en el marco de una campaña que se viene desarrollando desde hace varios días, no pueden por menos de provocar inquietud. No es la primera vez que el presidente norteamericano utiliza palabras fuertes para condenar al Gobierno de Managua, pero esta vez ha incrementado todavía más la naturaleza de las acusaciones y la violencia de las amenazas. Ha dicho que los dirigentes sandinistas son "unos bandidos" y que "es clara" la conexión de Managua con el ataque del M-19 colombiano al Palacio de Justicia de Bogotá. ¿Cómo explicar que Reagan lance personalmente una acusación de este género, sin ninguna prueba, sin poder siquiera apoyarse en la actitud de las autoridades colombianas? La gratuidad misma de esta imputación denota una voluntad deliberada de denigrar al sandinismo utilizando todos los procedimientos.Es difícil creer que esta campaña tienda a influir favorablemente sobre la opinión internacional. Más bien, las intenciones parecen de orden muy distinto y permiten dos clases de interpretaciones: la menos dramática sería suponer que se trata de lograr del Congreso, en una fecha próxima, la votación de asignaciones para la ayuda militar a la contra. Puesto que Reagan ha tenido serias dificultades para lograr fondos con ese fin en el año que está terminando, se esforzaría ahora en crear un china que favorezca sus demandas para continuar la guerra secreta contra el Gobierno de Managua. En este caso estaríamos ante la perspectiva de una prolongación de la actual estrategia y con ella continuarían las ayudas a los grupos rebeldes, sobre todo a través de Honduras, con el objetivo de obligar al Gobierno sandinista a aceptar la negociación con la contra. Perspectiva poco compatible, según se comprueba, con el progreso de soluciones negociadas y pacíficas.

Cabe, no obstante, otra interpretación más inquietante de las palabras de Ronald Reagan. Con ella se trataría de ir caldeando el ambiente para operaciones militares más directas y encaminadas a derribar el Gobierno sandinista. En ese sentido, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Ellicit Abrams, ha dicho: "Antes de que gane la contra, tendrá que haber más violencia". Palabras que parecen confirmar la tesis expuesta por el antiguo candidato demócrata a la presidencia, George McGovern, que, en una conferencia en Madrid, ha declarado: "Reagan se embarcará en un esfuerzo especial para derrocar el régimen sandinista en 1986".

En esta situación resulta particularmente incomprensible la actitud adoptada por el Gobierno de Managua pidiendo la suspensión durante medio año de las labores del grupo de Contadora y condicionando todo progreso de la negociación a un diálogo Managua-Washington. Conviene destacar que Contadora ha permitido, además de la redacción de un proyecto de acta de paz, asentar en la situación centroamericana el principio de llegar a encontrar una solución regional de los conflictos, así como el derecho de los Estados centroamericanos a resolver sus diferencias con la ayuda de otros Estados de la zona (en este caso, México, Panamá, Colombia y Venezuela), al margen de la intervención de EE UU. Ello ha permitido un movimiento internacional de extraordinaria amplitud apoyando los esfuerzos de Contadora. Además de acciones específicas de diversos países de Europa, tal apoyo ha sido afirmado por la Comunidad Europea en dos conferencias especiales. A la vez, el conjunto de los Estados latinoamericanos, con una o dos excepciones, ha adoptado una actitud resuelta de respaldo al grupo de Contadora. Sería, pues, completamente erróneo considerar que ante los conflictos de América Central no hay más que dos alternativas: o el apoyo al sandinismo o el apoyo a la política intervencionista de la Administración de Reagan.

Cabe reconocer, y lamentar, serios defectos en la política sandinista, y a la vez considerar fundamental el respeto a la independencia de cada país. Y cabe, por tanto, rechazar con toda energía los propósitos norteamericanos tendentes a derribar el Gobierno de Managua. En realidad, esta política encuentra en el plano americano e internacional obstáculos muy serios. Es sintomático que el nuevo presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, duramente atacado por la izquierda de su país, y cuya campaña electoral moderada ha contado con cierta simpatía de EE UU, haya declarado, durante sus recientes conversaciones con los gobernantes de Nicaragua, que rechaza "cualquier conducta tendente a interferir en la decisión de cada país para escoger su propio destino". Y reviste particular significación en estos momentos lo ocurrido en la Asamblea General de la ONU, donde, por 91 votos contra 6 y 49 abstenciones, la ONU ha condenado el embargo impuesto por EE UU contra Nicaragua. España ha votado en un sentido favorable a esa condena, al lado tanto de dos países europeos miembros de la OTAN, Francia y Grecia, como de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Esta votación indica, a partir de un aspecto concreto, la amplitud de la oposición internacional a los propósitos intervencionistas de Washington.