Un instrumento para mejorar la sanidad pública
La Organización Médica Colegial (OMC) ha desatado en los últimos días una polémica en relación a la aplicación de la Ley 53/1984, sobre incompatibilidades en la Administración pública, al colectivo médico. La estrategia de la OMC basa en dos argumentos su activa oposición a la aplicación de una ley que no solamente afecta a los médicos: el perjuicio que se deriva para estos profesionales expropiándoles de unos supuestos derechos adquiridos y el apocalíptico caos sanitario que la OMC augura con la aplicación de la ley.La teórica defensa que hace la OMC de los derechos de los médicos no responde a los intereses generales de este colectivo. Las situaciones dentro del mismo son muy variables: mientras que un pequeño porcentaje de médicos mantiene dos o más puestos de trabajo a tiempo completo en la sanidad pública, existe un número aproximado de 20.000 a 25.000 médicos en paro o subempleados. Entre estos dos extremos se dan otras situaciones, como la de los médicos de los hospitales de la Seguridad Social, con salarios brutos mensuales de 140.000 pesetas, que en su mayoría no ejercen en otro puesto de trabajo público o privado, o la situación verdaderamente oprobiosa de algunos médicos ayudantes de equipo quirúrgico de la Seguridad Social, con salarios mensuales que, en ocasiones, no llegan a las 50.000 pesetas.
Las importantes diferencias que se producen en el colectivo médico en relación al acceso a los puestos de trabajo y en niveles retributivos son en gran medida producto de la desafortunada estructura de la sanidad española: la multiplicidad de fuentes de financiación, de redes asistenciales, de entidades gestoras y proveedoras de servicios sanitarios y de organismos responsables de la inspección y control constituyen el sustrato para un dislocado sistema de acceso al puesto de trabajo, categorización del mismo, sistemas retributivos y mecanismos de promoción profesional.
El sistema de protección social pública, con multitud de sistemas para la provisión de la asistencia sanitaria: mutualidades, Beneficencia, Seguridad Social, etcétera, crea una estructura lo suficientemente dispersa como para permitir las enormes e injustas diferencias existentes entre los profesionales médicos.
En la propia entidad gestora para la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social: Insalud, existen muy diferentes tipos de vinculación y niveles retributivos: médicos hospitalarios de 40 y 36 horas de dedicación semanal, médicos especialistas de ambulatorio con 2,5 horas diarias de consulta, médicos ayudantes de especialistas quirúrgicos de los ambulatorios, médicos generales con 2,5 horas diarias de consulta más avisos desde las 9 a las 17 horas, médicos rurales con 24 horas de disponibilidad, médicos de urgencia, etcétera, es evidente que este sistema no sólo favorece las desigualdades en el colectivo médico, sino también se traduce en una baja eficiencia y, en algunos niveles asistenciales -como el extrahospitalario: ambulatorios y consultorios-, en una baja calidad de la asistencia; baja calidad no imputable a los profesionales, sino a la inadecuada estructura del sistema sanitario.
Argumento catastrorista
Por lo hasta ahora expuesto debe ría ser evidente, incluso para la OMC, que la aplicación de una justa ley de Incompatibilidades contenida en la oferta electoral del PSOE en las elecciones de 1982 debe vincularse a una profunda reorganización del sistema sanita rio público, lo que revertirá en un inmediato beneficio para toda la población, así como para la mayo parte del colectivo médico, no re presentado por los minoritarios in tereses corporativistas defendidos por la OMC.El argumento castastrofista dela OMC pronosticando un caos sanitario cuando se aplique la ley, con el cual intentan atemorizar a la ciudadanía, conculcando el código deontológico que debería defender, es carente de un fundamento serio que lo avale. Por una parte, la ley sobre Incompatibilidades adopta la cautela de su aplicación en relación a la reordenación asistencial y racionalización de funciones en los puestos de trabajo; por otra, la Administración sanitaria se ha dotado, en el transcurso de la gestión socialista, de instrumentos que posibilitan la correcta aplicación de la ley, mejorando la asistencia sanitaria a partir de la reordenación del sistema, así como permitiendo que los profesionales médicos ejerzan dignamente su profesión con un tiempo normal de dedicación laboral y adecuado nivel retributivo.La ley de Presupeustos Generales del Estado para 1985 integraba dos redes asistenciales en la infraestructura del Insalud: la red de hospitales clínicos y la red de la AISNA, tendiendo hacia la integración de todos los recursos sanitarios en un único dispositivo y, por tanto, hacia la desaparición de las diferencias existentes entre elpersonal de las distintas administraciones sanitarias públicas.
La Administración sanitaria socialista ha puesto las bases para proceder a una reordenación de la asistencia sanitaria que presta el Insalud, racionalizando las funciones de los profesionales sanitarios. La normativa sobre centros de salud, jerarquización de médicos especialistas de ambulatorio y nuevas dedicaciones de los médicos hospitalarios tiene en común el establecimiento de una jornada laboral ordinaria (40 horas semanales), incremento salarial (variable en virtud de la dispersión existente en el nivel retributivo de los médicos) e incompatibilidad con otro puesto de trabajo en la sanidad pública, permitiendo el ejercicio privado de la profesión en las condiciones que la Ley 53/1984 establece para todo el personal que trabaja al servicio de la Administración pública.
Está claro, pues, que la aplicación de la ley sobre Incompatibilidades a los médicos no sólo no producirá el caos que la OMC pronostica, sino que se trata de un eficaz instrumento para reordenar la situación actual, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a la población y dignificando, a su vez, el puesto de trabajo y los niveles salariales de la mayoría del colectivo médico.
Sin hacer un juicio de valor sobre los objetivos últimos de la postura de la OMC respecto a la ley de Incompatibilidades, debemos subrayar que no existen motivos para alarmar a la población y crear inquietud entre los médicos.
