El Ayuntamiento de Zaragoza reclama al Estado el impuesto sobre los coches de los norteamericanos de la base

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reclamado al Estado el importe de las cuotas que la corporación no ha percibido en concepto de impuesto de circulación de los vehículos de los norteamericanos residentes en la base de utilización conjunta, a quienes se les aplica la exención en virtud del nuevo tratado de cooperación hispano-norteamericana. En septiembre de 1980 el personal norteamericano -cifrado en la actualidad en unos 2.500 entre militares y civiles- poseía medio millar de vehículos.En concreto, la comisión de Hacienda del Ayuntamiento reclama el importe del impuesto correspondiente a este año, que asciende a 6.352.550 pesetas, y "se basa en d padrón de vehículos que utilizan os ciudadanos norteamericanos adscritos a la base aérea de Zaragoza". Fuentes municipales señaaron que la reclamación "se viene taciendo todos los años desde que el Tribunal Supremo ratificara el derecho del Ayuntamiento a ser esarcido por el Gobierno de los igresos que no percibe como conecuencia de las exenciones que el istado ha concedido a los súbdtos de otros países, en virtud de tratado o acuerdo internacional".

Desde 1978 hasta 1984 las arcas iunicipales de Zaragoza dejaron de percibir unos 40 millones de pesetas por el impuesto de circulación de los vehículos de los norteamericanos de la base. El Ayuntamiento intentó cobrar, sin conseguirlo, dicho impuesto siguiendo paso a paso todos los trámites legales: por la vía de pago voluntario, apremio, acuse de recibo y por último con un mandato judicial.

Ratificación del Supremo

El tratado de cooperación hispano-norteamericana deja exentos de dicho impuesto a los ciudadanos de Estados Unidos que prestan su servicio en la base. Un pleno de la corporación celebrado en el mes de noviembre de 1983 acordó anular los recibos impagados de dicho impuesto, que ascendían hasta la fecha a más de 2.000, y solicitar al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que pagara dichos atrasos por entender que la exención de los norteamericanos "en ningún caso puede ir en detrimento de una corporación local".El Tribunal Supremo ratificó el derecho del Ayuntamiento a percibir del Estado dichas cantidades y así se vienen reclamando por parte de la corporación. El Ministerio de Hacienda ha reconocido la sentencia para abonar dichas cantidades.