Europa y Centroamérica

LA REUNIÓN que han celebrado en Luxemburgo los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, más España y Portugal; los de Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), y los del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), está llamada a tener mayor trascendencia de la que muchos preveían cuando surgió, en gran parte gracias a España, la iniciativa de su convocatoria. A primera vista, ese encuentro de ministros europeos y latinoamericanos puede sorprender porque no responde a ninguna institución existente. Pero la razón de ser de la reunión dimana de la situación misma de Centroamérica; vive en unas condiciones económico-sociales angustiosas, y este subdesarrollo está en la raíz de tensiones políticas explosivas: conflictos entre los Estados, grupos armados que luchan contra los Gobiernos legales; todo ello agravado por la intervención abierta de EE UU, que sostiene a los contra y pretende derribar al Gobierno sandinista en Nicaragua. Esa zona del continente americano se ha convertido en un polvorín. Ante estos hechos, que pueden afectar seriamente a la estabilidad internacional, Europa necesita definir una posición propia.Los acuerdos de la reunión de Luxemburgo van más lejos de los que fueron aprobados en 1984, en una reunión semejante celebrada en Sán José de Costa Rica. En concreto, de la declaración política de Luxemburgo se desprende algo fundamental: la posición europea se distingue de un modo neto de la concepción norteamericana según la cual las tensiones en Centroamérica deben ser integradas en el conflicto Este-Oeste. En dicha declaración se insiste en que "los conflictos en América Central no pueden ser resueltos por la fuerza..., sino según los principios consagrados en la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA, sobre la base, principalmente, del respeto a la soberanía y la independencia nacional, la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el no recurso a la amenaza o al uso de la fuerza". A partir de esos principios, Europa ha querido dar a sus relaciones con América Central una proyección que no se limita a la fase actual de agudas tensiones. El acuerdo de Luxemburgo institucionaliza esas relaciones mediante reuniones que tendrán lugar cada año, en principio a nivel ministerial.

Reafirmando lo que ya había hecho en San José en 1984, la CEE proclama su pleno apoyo al Grupo de Contadora para lograr "una solución pacífica, regional, global y negociada; para poner término a la violencia y a la inestabilidad de la región, promover la justicia social y el desarrollo económico, así como el respeto de los derechos del hombre y las libertades democráticas". Europa no quiere intervenir en los problemas de la región, pero su respaldo al Grupo de Contadora, sobre todo en esta última etapa, en que los frutos del trabajo de éste chocan con obstáculos considerables, tiene un valor indiscutible. Además los Gobiernos europeos han recomendado implícitamente que se reanuden las negociaciones de Manzanillo entre Nicaragua y EE UU.

Al mismo tiempo, la reunión de Luxemburgo ha colocado en primer término la necesidad de prestar a los países centroamericanos una ayuda económica y técnica. Ensalzar simplemente los bienes de la democracia sin afrontar las raíces económicas de los extremismos sociales acaba siendo un discurso hipócrita y estéril. Sin embargo, no cabe duda que el aspecto menos positivo de Luxemburgo ha sido la insuficiencia del compromiso asumido en cuanto a la ayuda económica. Se promete aumentar las ayudas, pero es evidente que, las aportaciones europeas se quedan por debajo de lo que esperaban los países centroamericanos.