La Alhambra secreta

LA SOMBRA de duda que la Administración autonómica andaluza ha vertido sobre la gestión de la Alhambra de Granada ha sido intensa y paradójica. Por un lado, las autoridades de la Junta de Andalucía, que desde abril de este año administran el conjunto, se jactan de haber pedido una auditoría sobre las supuestas irregularidades en la gestión del monumento y, por otro, esconden celosamente el resultado de esa investigación, cuyo contenido traslucen a medias en un juego inexplicable.¿Qué ha pasado realmente con la gestión de la Alhambra? Hasta abril de este año, el Ministerio de Cultura y la Junta andaluza se repartían competencias sobre el monumento. Un patronato, cuyo presidente era el titular de Cultura en la Administración central, tenía la autoridad delegada para controlar la gestión de la Alhambra. Y ese patronato, se supone que con el beneplácito de los patronos principales -el ministro de Cultura y el director general de Bellas Artes-, mantenía una cuenta de apoyo salarial a los trabajadores. Cuenta ilegal, toda vez que no estaba fiscalizada, y cuya -anulación provocó una huelga total de los trabajadores afectados por la pérdida de las pagas extraordinarias. Cuando la Junta andaluza se hizo cargo definitivamente de la gestión de la Alhambra, se disolvió el patronato, se reveló la existencia de esta cuenta escondida y poco después se iniciaron las investigaciones que han tratado de arrojar luz sobre las irregularidades que en opinión de la Junta podrían haberse producido.

El consejero de Cultura del Gobierno autónomo andaluz, Javier Torres Vela, anunció el inicio -y la culminación- de la auditoría con mucha satisfacción, pero el pasado jueves, sin que se explicara oficialmente la causa, el citado consejero anunció con toda solemnidad en el Parlamento andaluz que la Alhambra y sus cuentas entrarían en el proceloso mundo de la materia reservada.

A pesar, no obstante, de la reserva con la que el consejero tapó las conclusiones de esa investigación solicitada por él -aunque otras informaciones aseguran que fue el director del extinto patronato el que la pidió-, se han filtrado elementos que al parecer constituyen las principales irregularidades detectadas por los auditores: no se ha realizado el plan especial de protección de la Alhambra ordenado en 1979, se ha permitido la existencia de esa famosa cuenta ilegal, el patronato y la dirección de la Alhambra han venido trabajado sin conexión administrativa y han existido además importantes deficiencias en la gestión y el control del patronato y en el capítulo de personal.

La razón por la que la Junta andaluza ha querido tapar los detalles de la auditoría es tan insólita como paradójica. Dijo Torres Vela en su sorprendente anuncio de secreto oficial que no consideraba oportuno revelar las 29 irregularidades detectadas, porque su divulgación podría provocar precipitadas condenas morales que dejarían a algunas personas en "estado de indefensión".

Este prejuicio de Torres Vela, que agradecerán en principio los afectados, se contradice ahora sospechosamente con su reiterada actitud de denuncia sobre la caótica gestión de la Alhambra en los años previos a su mandato. ¿Cómo no condenar a los que le precedieron si según su propia estimación fueron los responsables de un caos absoluto? Pero se contradice también con la apertura de un expediente a un funcionario, el ex gerente del monumento, Francisco Sánchez, que podría estar ya afectado por ese daño moral al que tanto teme el consejero. Mal camino pues este que se escoge, fundado en reparos particulares, para llevar a cabo una investigación sobre una empresa pública. Si la auditoría no se da a conocer, o si se comunica fragmentariamente, lejos de reducir los perjucios para los que con ella se relacionaban, los amplia inútilmente. Y ya, en efecto, un ambiente de insinuaciones y suspicacias está abarcando a todos aquellos a los que Torres Vela supuestamente quiere amparar con su silencio.

Produce bochorno recordarlo, pero ante esta escandalosa actitud parece necesario insistir en que ni la Junta de Andalucía, ni ningún otro organismo oficial, tienen derecho alguno a hurtar información sobre una gestión que compromete el interés y el dinero de todos los españoles. Estas actitudes prepotentes muestran, con una frecuencia superior a la anécdota, de qué modo los que se vinculan a la administración de bienes públicos acaban cayendo en la corruptela de creer que son sus únicos y excluyentes propietarios y, en consecuencia, menospreciando la trasparencia y la total rendición de cuentas que deben a la totalidad de los ciudadanos.