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TRIBUNALES

Confirmadas las penas de arresto para cinco guardias civiles por delito de torturas

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de arresto y suspensión de cargo público impuestas a cinco guardias civiles destinados en Blanes (Gerona), por delitos de torturas y malos tratos a varias personas a las que acusaban de traficar con droga.Los guardias civiles condenados son el teniente José Braulio Velasco Ciudad, de 33 años; el cabo primero Juan Martín Pozuelo, de 31 años; el cabo Constantino Simón Aparicio, de 31, y los guardias Jesús Pérez Casamayor, de 32, y Francisco Aguilera Ruiz, de 35.

Simón, Martín y Pérez han sido condenados a dos meses de arresto y cuatro meses de suspensión por cada uno de los siete delitos de torturas y malos tratos cometidos por cada uno de ellos tres. Velasco, a la misma pena por cada uno de sus seis delitos; y Aguilera, a idéntica condena por cada uno de sus cinco delitos. El alto tribunal fija, sin embargo, que la máxima pena que deberán cumplir es de seis meses de arresto y un año de suspensión de cargo público, ya que según el Código Penal la condena que se cumpla no debe exceder del triple de la pena más elevada.

El Supremo ha modificado un aspecto poco sustancial de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gerona: la anulación de la pena accesoria de suspensión de profesión u oficio durante el tiempo que dure la condena.

El alto tribunal considera que este tipo de pena accesoria sólo puede imponerse cuando la profesión u oficio hubiera tenido relación directa con el delito cometido.

Para el Supremo, el delito fue realizado con ocasión de la función pública que desempeñaban los condenados como miembros de la Guardia Civil, por lo que la condena no debe ampliarse a cualquier oficio o profesión. Es decir, que los guardias no podrán ejercer como tales durante un año, aunque podrán ganarse la vida con otra actividad, como por ejemplo guardia jurado.

Los condenados fueron denunciados por ocho personas que durante los meses de octubre y noviembre de 1982 fueron objeto de torturas y malos tratos para obtener la autoinculpación en delitos.

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