El temor a la publicidad y las presiones obstruyen la aplicación de la ley del aborto en Cataluña

A los tres meses de haber entrado en vigor, la aplicación de la ley del aborto se encuentra prácticamente bloqueada en Cataluña -a excepción de las comarcas de Lérida y Gerona- a causa del temor a la publicidad y de la actitud obstruccionista de un reducido número de médicos. Algunos médicos de la Seguridad Social han recibido incluso la amenaza de que perderían sus empleos en el sector privado si realizaban abortos en los hospitales públicos.

De los 62 hospitales acreditados que existen en Cataluña, únicamente cinco han realizado abortos durante estos tres meses y otros dos están en disposición de hacerlos en el futuro. Los siete centros dispuestos a aplicar la ley son: hospitales del Mar y la Esperanza de Barcelona; Sant Llátzer de Terrassa; Santa Caterina de Gerona; comarcal de Figueres; y el hospital provincial y la residencia Arnau de Vilanova de Lérida.Estos hospitales, sin embargo, han manifestado que no están dispuestos a asumir en adelante los abortos que no correspondan a su área asistencial, por lo que la Generalitat se encuentra con serias dificultades para poder aplicar la ley. Los últimos abortos realizados han precisado la intervención personal de las más altas autoridades sanitarias, incluido el propio conseller Josep Laporte.

Hasta hoy se han realizado en Cataluña únicamente 29 abortos, cifra que, según fuentes médicas, indica una interpretación muy restrictiva de la ley, a causa del clima de temor en que se aplica. Otro de los factores que ha determinado la negativa de muchos médicos es el miedo a la publicidad y a ser tachados de criminales abortistas. El doctor Joan Costa, director del hospital de Sant Llátzer de Terrassa, uno de los, que practica abortos, ha sido aludido en la prensa local como "ese Herodes que mata niños".

La anormalidad con que se está aplicando la ley ha provocado una gran expectación de los medios de comunicación, que es precisamente lo que persiguen los antiabortistas y lo que tratan de evitar los hospitales que aplican la ley. Ayer mismo ingresó finalmente en el hospital de la Esperanza de Barcelona la embarazada de Sabadell de 39 años que espera un hijo mongólico, después de varias semanas sin saber dónde podría abortar. La mujer, que será intervenida mañana, ingresó en medio de un aluvión de fotógrafos.

Sobre esta cuestión, el subdirector general de Asistencia Sanitaria, Jaume Berguedá, ha declarado que la Generalitat estaba dispuesta a adoptar cualquier solución para conseguir que el aborto se realizara dentro del plazo legal. Según ha revelado la propia embarazada, el director general del Instituto Catalán de la Salud (ICS) le aseguró incluso que, en último término, sería enviada a Londres.

El temor a no poder abortar o a la publicidad ha motivado también que algunas de. las mujeres ya diagnosticadas que podrían haberse acogido a la ley no se hayan presentado en el hospital para someterse a la comisión de valoración.

Silencios y unanimidades

Mientras se produce esta situación, los hospitales de la Seguridad Social -a excepción de la residencia sanitaria Arnau de Vilanova, de Lérida, la única que se ha declardo dispuesta a aplicar la ley- y los mayores hospitales concertados o se han pronunciado abiertamente en contra o siguen si definirse. En casi todos los casos, la decisión del hospital coincide con la posición personal de los jefes de departamento o servicio.La situación más paradójica se produce precisamente en el mayor hospital maternal de Cataluña, situado en la ciudad sanitaria de Valle de Hebrón, de Barcelona, que todavía no se ha pronunciado a pesar de tener 53 ginecólogos en plantilla, muchos de los cuales han manifestado estar dispuestos a practicar abortos, y de que el director del centro, José Antonio de Andrés, no se opone a ello.

Esta residencia maternal, que tiene 300 camas en servicio, ha diagnosticado en estos tres meses seis abortos terapéuticos, que han sido realizados en el hospital del Mar de Barcelona. En este caso, la propia Generalitat ha evitado forzar un pronunciamiento, convencida de que si lo hacía, sería negativo. Tanto el jefe del departamento de Ginecología y Obstetricia, Luis Ballesteros, como el del servicio de Obstetricia, Mariano Moxí, son contrarios a practicar abortos.

El hospital Clínico de Barcelona, otro de los principales hospitales de Cataluna, se ha declarado "no disponible" para practicar abortos. El jefe de la subdivisión de Ginecología y Obstetricia del Clínico, el catedrático Jesús González Merlo, comunicó a la dirección del centro que los médicos de dicha subdivisión habían decidido "por unanimidad" no realizar dicha actividad. Sorprende en este caso la unanimidad en la decisión, que sólo es explicable si se tiene en cuenta que fue adoptada por votación personal y pública, con el argumento de que "el que quiera hacer abortos, ha de mojarse aquí públicamente y después hacerlos".

El otro gran hospital de Barcelona, el de Sant Pau, tampoco se ha pronunciado todavía. En este caso, tanto el jefe del departamento, doctor Esteban Altirriba, como la mayor parte de los médicos del servicio no son contrarios a la realización de abortos, pero la Junta de Gobierno del centro todavía no ha tomado un decisión oficial. Fuentes bien informadas han indicado que en este caso el factor determinante ha sido la presencia del Obispado, copropietario del hospital, en la Junta de Gobierno.

A las dificultades internas con que tropiezan muchos médicos de los hospitales públicos se suman las amenazas, veladas en algunos casos y explícitas en otros, por parte de los centros privados donde también trabajan. A algunos médicos que trabajan en la clínica de El Pilar de Barcelona, por ejemplo, se les ha indicado que el centro se vería obligado a prescindir de sus servicios si practicaban abortos en los hospitales públicos.