Un informe del Parlamento Europeo afirma que el fascismo y el racismo siguen vivos

Los intentos de calibrar la evolución democrática española en función de la popularidad de ex ministros y personalidades del período franquista que participan en la vida política actual "están absolutamente injustificados", dice un informe sobre el auge del fascismo y el racismo en Europa, elaborado por una comisión especial de investigación del Parlamento Europeo. En este contexto se citan los nombres de Manuel Fraga Iribarne, Adolfo Suárez y Francisco Fernández Ordóñez. "Aunque esta cuestión se plantea a veces en el resto de Europa, la legitimidad democrática de esta participación no se pone en duda en España", se señala en el texto, cuya conclusión es que el fascismo, el racismo y la xenofobia no han desaparecido de Europa.

El ponente de este informe, Dimitrios Evrigenis (democristiano griego), presentó ayer un voluminoso informe, fruto de un año de trabajo. La comisión especial se creó por la mala conciencia creada cuando los votos llevaron al francés Jean-Marie Le Pen a la Cámara de Estrasburgo y se creó por vez primera un grupo parlamentario de extrema derecha. Pero, curiosamente, en el informe, Le Pen y sus colegas no salen tan mal parados como cabría esperar. "Como ponencia, no queríamos plantear un juicio político sobre las formaciones representadas en el Parlamento", señaló Evrigenis, quien explicó que este juicio se hará en los debates en sesión plenaria.

Auge de la xenofobia

La conclusión general del informe es que el fascismo y, sobre todo, el racismo y la xenofobia se plantean a nivel europeo. Ningún país parece librarse. El fascismo no ha experimentado un auge apreciable, pero sí la xenofobia. La xenofobia afecta en mayor medida a las poblaciones inmigradas provenientes de fuera de la Comunidad Económica Europea (CEE), pero también a los emigrantes dentro de la propia Comunidad.

Algo más de tres páginas están dedicadas a España. En ellas se asegura que, "a pesar de algunos análisis alarmistas, parece ya excluido un golpe militar" y que, "en el plano electoral, el franquismo ha visto su desaparición consagrada por los comicios de 1982".

El informe examina la evolución de las formaciones españolas de extrema derecha y destaca que, pese a haber caído en las urnas, la extrema derecha dispone todavía de militantes jóvenes y activos y puede aún, en algunas ocasiones, agrupar a miles de personas". "El extremismo de derecha", asegura el informe, "ha padecido el golpe de la caída de las dictaduras griega, española y portuguesa", y "la actitud de la Comunidad [la CEE] ha contribuido a restablecer la democracia en esos países".

El informe califica de "terrorismo negro" las acciones de los GAL, y cita a Julio Caro Baroja al hablar del "racismo democrático" en el País Vasco y el racismo de ETA. "El racismo", se dice en este caso, "está en parte ligado a la violencia, y su rechazo constituye sin duda el mejor antídoto contra esta violencia". El informe destaca que aún quedan elementos de racismo en España contra los judíos. La mayoría de estas informaciones está sacada de libros y de recortes de periódicos.

En el auge del racismo, la comisión de investigación ve el reflejo de varias crisis: urbanística, educativa, cultural y económica. Pero "el clima de desconfianza y de xenofobia no provoca, por el momento, un debilitamiento del nivel de confianza general hacia las instituciones democráticas". "El espectro de una nueva especie aparece hoy en la Europa política: el xenofobófilo", señala el informe, refiriéndose a los que, sin aprobar la aparición de las tendencias xenófobas, sacan partido político de ellas. El informe menciona también el racismo antisemita que se produce en los países de Europa oriental.

Educación e información

El informe de la comisión especial del Parlamento Europeo para la investigación del fascismo y el racismo recomienda actuar contra el auge de estos dos fenómenos, principalmente a través de la educación, incrementando las clases de civismo en los más jóvenes. También se propugna una política informativa y la creación de medios jurídicos para proteger a los inmigrantes. Aboga asimismo por la creación de una política europea para las minorías, para así garantizar su inserción, sin por ello tener que perder sus raíces.

El informe ha de ser aún aprobado en la correspondiente comisión parlamentaria y pasar a ser debatido en sesión plenaria en enero.