El estancamiento de los salarios reales

HACE UNOS días, con motivo de la presentación de los presupuestos para 1986, el Gobierno dio a conocer algunos detalles de sus planes económicos para los próximos años. Entre éstos figuraba el propósito de que los salarios reales de los españoles permanezcan estancados de aquí al fin de la década. Es difícil evaluar el grado de convencimiento con que las autoridades defenderán este extraño proyecto económico; cabe incluso albergar la sospecha de que no se trata de otra cosa que de, una tardía serpiente de verano destinada a reforzar las ideas de austeridad que flotan en el ambiente. De ser así, lo mejor que podría ocurrir es que se olvidaran cuanto antes de estos planes, cuyo contenido atenta contra el sentido común, ya que, a pesar del estancamiento de los salarios reales, se prevé un aumento del consumo privado, en términos reales, comprendido entre el 2% y el 3%. en promedio anual.Esta sorprendente evolución sería posible, según los argumentos justificativos avanzados, gracias al aumento del empleo y de.las prestaciones sociales. Funcionaría pues con precisión matemática la relación entre empleo y salarios reales, algo que, aunque cierto a largo plazo, reviste unas incertidumbres tales en cuanto a su medición correcta que es muy difícil ir mucho más allá del principio según el cual la moderación salarial es un requisito necesario, aunque no suficiente, para la creación de empleo. La otra posibilidad, la creación de un poder adquisitivo por la vía de las prestaciones sociales, es un puro y simple contrasentido si no se explica previamente su financiación: ésta podría realizarse mediante. un aumento del déficit público, pero ello sería contradictorio con el objetivo, también anunciado, de reducirlo en un punto de PIB por año; igualmente, mediante un aumento de la presión fiscal, pero es to chocaría con el pretendido aumento del consumo y del empleo; podrían también reducirse los restantes gastos del Estado, pero habría que decidir cuáles (¿educación?, ¿defensa?, ¿transferencias a empresas?, por citar los principales) y sería dudoso el efecto final sobre el empleo (en principio, pues, el aumento del poder adquisitivo de los unos sería la contrapartida de la disminución del poder adquisitivo de los otros afectados por el recorte). Las consecuencias de la austeridad y la reducción del déficit público no pueden ser, a corto plazo, de carácter expansionista.

No son éstas las únicas contradicciones de los proyectos anunciados. En el cuadro de objetivos generales figura un saldo excedentario de la balanza por cuenta corriente, a lo largo del período 1986-1989, del orden del 1,5% del PIB anual. Esta evolución implica que España va a estar financiando con su ahorro el crecimiento economico del resto del mundo, actitud que nos agradecerán sin duda nuestros acreedores (que, por otra parte, no reclaman nuestras deudas), pero que resultará un sarcasmo para los casi tres millones de parados que existen en el país. Resulta por lo menos sorprendente que los objetivos de política económica diseñados para los próximos años no intenten forzar el crecimiento económico al límite de las posibilidades financieras de nuestro país, para lo cual basta y sobra con equilibrar la balanza por cuenta corriente. A pesar de sus contradicciones internas, estas cifras tienen la ventaja de plantear algunas hipótesis sobre nuestro futuro económico; algo en sí mismo meritorio y digno de ser reseñado.

Mientras tanto, la simple coyuntura dá algunos varapalos a los objetivos del Ejecutivo. El último porcentaje del índice de precios al consumo, correspondiente al pasado mes de septiembre, ha puesto en cuestión nuevamente la política económica a corto plazo del Gobierno. Los precios -pese a estar medidas por un índice más benigno que el que se aplicaba hasta hace dos mesescrecieron un 1,1%, lo que significa una subida acumulada en los 12 últimos meses del 8,3%, por encima de las últimas previsiones realizadas (más alcistas que las elaboradas a principio de año). Ello significa que la condición imprescindible para una recuperación sostenida (el control de la inflación) no se ha cumplido, lo que implica necesariamente una mayor continuidad en la política de rigor, ante la profundidad de los desequilibrios estructurales de la economía española.