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LA LEY DE SANIDAD, EN EL PARLAMENTO

La sanidad pública alcanzará al 98% de la población, según el proyecto del Gobierno

El debate de la ley de Sanidad en el Congreso de los Diputados ha coincidido con un endurecimiento de las posturas de los grupos más conservadores de la profesión médica. En este sentido, el episodio del hospital Primero de Octubre, en el que dos médicos se negaron a atender a pacientes que habían abortado en el mismo centro, es un dato significativo. La Organización Médica Colegial ha calificado el proyecto -cuyo capítulo primero fue aprobado ayer- de estatalizador, y afirma que no se han respetado los acuerdos a los que llegaron con el ministro Lluch. El ministro, por su parte, niega que la totalidad del colectivo médico esté representado por los grupos que critican la ley.

El Congreso de los Diputados comenzó ayer la discusión en sesión plenaria de la ley de Sanidad, que significa "un cambio radical en el concepto de salud", según palabras del ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch. La extensión de la sanidad pública para casi el 98% de la población, el cambio del sistema de ambulatorio por el de unidades básicas de salud, con misión no sólo curativa, sino de prevención, y la libre elección de médico como derecho de los ciudadanos, que se regulará en una posterior normativa, representan los rasgos más importantes de esta ley, que provocó ayer fuertes críticas de las minorías nacionalistas, por entender que se vulneran las competencias de las comunidades autónomas.

El Grupo Socialista rechazó todas las enmiendas presentadas a estos primeros artículos de la ley por los grupos parlamentarios popular, centrista, Minoría Catalana, vasco y los diputados del grupo mixto, por lo que quedaron aprobados con la misma redacción que resultó del debate en comisión.Los parlamentarios consumieron cinco horas en debatir el título preliminar y los 15 primeros artículos de los 113 de los que consta la ley, cuyo trámite en el Congreso no finalizará hasta el próximo jueves.

El título preliminar teoriza sobre el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y se afirma que Ia ley tendrá la condición de norma básica y, por tanto, de aplicación en todo el territorio nacional, excepto en aquellos apartados que ya están recogidos en algunos estatutos de autonomía". Este apartado provocó una agria intervención de los portavoces de las minorías nacionalistas, especialmente de la diputada del grupo vasco Ana Gorroño, contestada en idéntico tono por el diputado socialista Ciriaco de Vicente.

La diputada nacionalista considera que la ley vulnera las competencias que en materia de organización y financiación sanitaria recoge el Estatuto de Guernika. "Los problemas de la articulación en las comunidades autónomas los estamos discutiendo con los respectivos gobiernos y el resultado ,se materializará con enmiendas en el Senado", terció el ministro Lluch.

En estos primeros artículos aprobados se establece que los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención primaria del área de salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

El nuevo modelo sanitario español descansará, después de la aprobación de esta ley, sobre dos soportes. En primer lugar, asistencia primaria, a través de las unidades básicas de salud o centros de salud (hasta ahora ambulatorios), cuya misión no será exclusivamente curativa, sino preventiva. Por otra parte, asistencia especializada, cuyo núcleo van a ser los hospitales, en los que se pretende potenciar la calidad y la organización.

Incluir a los marginados

La universalización de la sanidad, se extenderá, según afirmó el ponente de la ley, el socialista Fernando Gimeno, a casi el 98% de la población, por lo que tendrán acceso al régimen general de la Seguridad Social todos aquéllos que ahora se encuentran en un indefinido grupo de marginados que, en el mejor de los casos, son atendidos por centros de la Beneficencia dependientes de las corporaciones locales.La entrada en el régimen de sanidad pública de especialidades como la psiquiatría y la odontología -aunque estos dos últimos aspectos tendrán una incorporación paulatina según las disposibilidades económicas- son aspectos novedosos de la ley, que se. debatirán la próxima semana. "Se trata de que el enfermo mental sea atendido en las unidades básicas y en caso más grave en hospitales, pero no en manicomios", dijo Gimeno.

La incorporación de la odontología al régimen de Seguridad Social, que ahora solo incluye la extracción, tendrá un desarrollo más lento debido a su alto coste económico, pero sí se materializará de inmediato un plan de medidas preventivas para la salud dental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de noviembre de 1985

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