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Editorial:

El pacto cultural en Cataluña

LA FIRMA de un pacto para la coordinación de todas las actuaciones institucionales en favor de la cultura catalana -rubricado el pasado lunes por el consejero de Cultura de la Generalitat, el alcalde de Barcelona, los presidentes de tres di putaciones y los presidentes de las dos asociaciones de municipios- ha dado respuesta a una demanda ampliamente extendida en la opinión pública. En Cataluña, al igual que en otros lugares, la capitalización partidista de los acontecimientos culturales y las interferencias disfuncionales entre promotores de inicia tivas de muy parecido contenido estaban desembocan do en ridículas batallas de prestigio, libradas,entre dis tintas administraciones preocupadas por apuntarse los méritos de cualquier realización. La situación era tanto más lamentable cuanto que las deficiencias estructura les y las dificultades de financiamiento impedían en la práctica que gran número de proyectos de auténtico in terés, cuya realización no podía ser acometida por una sola institución, llegasen a buen puerto. El pacto cultural que ha sido firmado significa, en ese sentido, un princípio de acuerdo para que la Administración autonómica, las diputaciones y los ayuntamientos catalanes puedan trabajar de manera coordinada en beneficio de todos los ciudadanos.El pacto es la primera gran realización de Joan Rigol desde que anunció su programa en julio de 1984, enca minado a conseguir el mejoramiento del panorama cul tural de Cataluña, castigado en los últimos años por las prácticas clientelistas de influyentes sectores del partido de Jordi Puiol. El nuevo consejero de Cultura, acuciado por los compromisos del anterior Gabinete y por las es trecheces presupuestarias, quiso romper con la política de limitarse a dar satisfacción parcial a las reclamaciones corporativistas y a los agravios gremiales, por entender que esas soluciones improvisadas no conformaban un modelo serio ni digno. La firma del pacto cultural, lograda ante la.incredulidad o las reticencias de destaca dos personajes de la coalición gubernamental -hasta el punto de que el presidente de la Diputación de Tarrago na a última hora no quiso rubricarlo, reflejando así el distanciamiento con que lo reciben tanto algunos secto res pujolistas como determinadas esferas que recelan del protagonismo de la ciudad de Barcelona-, significa un importante giro hacia el camino correcto. Las administraciones socialistas que han suscrito él pacto apor tan también su contribución. De entrada, se conseguirá una coordinación en la distribución del dinero con destino a las entidades públicas municipales y una gestión pactada de las subvenciones a instituciones o personas privadas, para intentar frenar las tentaciones de cliente lismo electoral y de caciquismo ilustrado. El Ayunta miento de Barcelona, con el peso específico que le da su condición de capital de Cataluña, está destinado a de sempeñar un destacado papel en este pacto cultural. Porque el acuerdo se orienta a evitar que Barcelona sea escenario de una tragicómica pugna entre quien hace allí cultura porque es su municipio y quien la hace porque es el núcleo central de la comunidad autónoma.

Tras la firma del pacto queda por comprobar si existe una verdadera voluntad política para cumplir sus términos. La asignación de recursos presupuestarios por las diferentes administraciones será la piedra de toque del proyecto. La mayor carga financiera recaerá sobre la Generalitat, aunque los fondos comprometidos no satisfagan el porcentaje recomendado para cultura por la Unesco (3%) en su presupuesto. Antes de la política restrictiva de Solchaga, el pacto hubiera supuesto un notono incremento neto de las disponibilidades económicas para cultura; después de Solchaga, lo exigible no es tanto el volumen del incremento como el porcentaje. Falta por ver la eficacia. Hasta ahora las relaciones entre las distintas administraciones (autonómica, municipal y central) en el terreno cultural estuvieron presididas por un afán de protagonismo competitivo de elevados costes. En la reciente crisis ministerial, los socialistas cometieron el error de bulto de atribuir a Javier Solana dos tareas dificilmente compatibles entre sí: la administración de los bienes y de las actividades culturales para todos los ciudadanos, una labor suprapartidista y al margen de los conflictos ideológicos, y el trabajo de hacer llegar la voz del Gobierno a los medios de comunicación y la opinión pública, misión que implica irremediablemente sesgos infórmativos y tonos propagandlsticos. No olvidemos, de añadidura, que los celos ridículos y las emulaciones contraproducentes entre la Administración central, la Administración autonómica y la Administración municipal constituyen algo más que fenómenos esporádicos en buena parte de nuestro territorio. El pacto firmado en Cataluña se convierte así en un ejemplo para el resto de España y para el propio Gobierno s pcialista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de octubre de 1985