El proyecto de ley de cámaras agrarias pretende acabar con los restos de caciquismo existentes en el campo

La aprobación del proyecto de ley de cámaras agrarias en el Consejo de Ministros celebrado el miércoles trata de poner fin a una situación de interinidad que duraba tres años y, sobre todo, representa una toma de posición de la Administración para acabar con los restos de caciquismo en la agricultura. El proyecto de ley, que se conocerá el próximo martes, está siendo ultimado debido a la necesidad de introducir modificaciones técnicas en el texto que se remitirá a las Cortes para su estudio y aprobación. Alianza Popular, en un duro comunicado, calificó de "golpe bajo para el campo" el proyecto.

El texto aprobado, al eliminar las cámaras locales transfiriendo a las entidades locales los servicios que hasta ahora venían prestando aquéllas, puede suponer una clarificación del peso real que las organizaciones agrarias tienen en el campo.El proyecto de ley, que ha suscitado las críticas de algunas organizaciones agrarias, elimina la existencia de las cámaras agrarias locales, estableciendo como elemento básico a las provinciales, con independencia de que algunas comunidades autónomas con competencias plenas en este aspecto puedan legislar el mantenimiento de estas organizaciones a nivel municipal.

Las autonomías que tienen reconocida esta competencia son Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Galicia y País Vasco. El proyecto presentado al Gobierno por el ministro de Agricultura, Carlos Romero, establece, además, la no obligatoriedad de hacer frente a las cuotas o derramas de estas instituciones, aunque se mantiene el derecho de todos los agricultores a formar parte de la organización de cámaras agrarias.

Vacío legal

La decisión del Gobierno de presentar este proyecto de ley, con la intención de que sea aprobado dentro de los tres próximos meses, viene a llenar un vacío legal existente desde el verano de 1982, cuando se cumplió el mandato de representación de los vocales elegidos para las cámaras agrarias. El proyecto recoge que los funcionarios de las cámaras agrarias se considerarán como públicos, pasando a engrosar las plantillas de las distintas administraciones públicas, y que los servicios que hasta ahora venían prestando las cámaras serán cubiertos por los ayuntamientos, cabildos o diputaciones.El texto del proyecto consta de una exposición de motivos, seis capítulos, tres disposiciones adicionales, una transitoria y una derogatoria. El capítulo primero define la naturaleza jurídica de las cámaras agrarias como corporaciones de derecho público; el segundo indica las funciones de las cámaras, que pueden actuar como órganos consultivos de las administraciones públicas. El texto de la ley establece que las funciones de representación, reivindicación y negociación, en defensa de intereses profesionales, competen a las organizaciones profesionales.

El ámbito de actuación territorial de las cámaras será de orden provincial, aunque se señala que las comunidades autónomas podrán, con sus propios recursos, regular la creación, fusión y extinción de cámaras agrarias de inferior o superior ámbito territorial, dentro de las competencias que tengan atribuidos en sus respectivos estatutos. En las disposiciones adicionales se establece que las actividades económicas que realizan en la actualidad las cámaras pasarán a ser gestionadas en régimen asociativo por las cooperativas y otras entidades asociativas que constituyan los agricultores al efecto.

La reacción de algunas organizaciones agrarias al proyecto de ley no se ha hecho esperar, habiéndose señalado la falta de participación en la elaboración del texto. Alianza Popular, en un duro comunicado, señaló ayer que el proyecto "donde se establece la práctica disolución de estas importantes corporaciones... supone un golpe bajo a la agricultura española en su organización y estructuración local y comarcal". AP señala que el partido socialista pretende "romper aquellas estructuras naturales de la sociedad española que no se prestan a fáciles manipulaciones políticas".