El fiscal pide 12 años para un presunto dirigente de Terra Lliure

El ministerio fiscal solicitó ayer en la Audiencia Nacional una pena total de 12 años de prisión para el supuesto máximo dirigente de Terra Lliure, Jaume Fernández Calvet, por los presuntos delitos de tenencia de explosivos, receptación (compra de objetos robados) y pertenencia a una banda armada. El acusado, que reclamó la libre absolución, negó cada uno de los cargos que se le imputaban y aseguró que nunca había militado en esa organización terrorista, si bien estuvo vinculado al grupo Independentistes dels Paisos Catalans (IPC).El ministerio fiscal aseguró que el acusado había cometido un delito de receptación al aceptar, en nombre de la organización Terra Lliure, parte del botín de un atraco perpetrado por José Digon Balaguer en la central del Banco Atlántico, de Barcelona. Sostuvo también el ministerio público que Jaume Fernández es responsable de un almacén de armas y explosivos que se había localizado en un zulo (agujero) en Andorra.

Denuncia malos tratos

El procesado, que reclamó la libre absolución, rebatió las anteriores acusaciones. Aseguró que se le había obligado mediante malos tratos a reconocer la comisión de tales delitos. Explicó que los malos tratos los recibió durante su paso por la Jefatura Superior de Policía. Asimismo, recalcó que en los dos primeros días en que permaneció en comisaría se le impidió descansar y fue reiteradamente golpeado, y se le aplicaron también corrientes eléctricas. El abogado Josep María Loperena, que actuó ayer como testigo y que había asistido al detenido en su declaración ante el Juzgado Central de la Audiencia, efectuada el pasado mes de enero, confirmó la declaración del acusado y dijo que su estado físico era lamentable, ya que en la cara mostraba las huellas de algunas lesiones.Este testigo hizo hincapié también ayer en el estado de confusión en que se encontraba el detenido, lo que, según explicó, le había llevado a confesar su supuesta participación en las actividades de Terra Lliure con la esperanza de beneficiarse de las medidas de reinserción social propugnadas por el Defensor del Pueblo para los militantes de ETA.

El abogado defensor, Ignasi Doñate, recordó a la sala que la detención de este grupo de independentistas suscitó una polémica, sobre los malos tratos, entre varios abogados de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y el gobernador civil, Ferrán Cardenal. A raíz de esta polémica fueron abiertas diligencias judiciales contra tres inspectores de policía y contra un abogado, por supuestas falsedades e injurias al denunciar los malos tratos.

Al finalizar el juicio contra Jaume Fernández Calvet, ayer se produjo un pequeño incidente en la sala cuando un grupo de amigos y familiares del acusado empezó a cantar las primeras estrofas de Els Segadors y varios policías los desalojaron a empujones.