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Laurent Fabius confirma que el espionaje francés hundió el 'Rainbow Warrior'

Soledad Gallego-Díaz

El Gobierno francés reconoció ayer, por primera vez, que fueron agentes de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) quienes, cumpliendo órdenes, hundieron el pasado 10 de julio el barco Rainbow Warrior, de la organización ecologista Greenpeace, y provocaron la muerte de un hombre. El primer ministro, Laurent Fabius, que convocó una conferencia de prensa anoche a primera hora, no precisó, sin embargo, de dónde partieron las órdenes. Portavoces de Greenpeace anunciaron que presentarán una demanda judicial contra el Gobierno francés para exigir daños y perjuicios.

La breve declaración de Fabius se produjo escasamente 48 horas después de la dimisión del ministro de Defensa, Charles Hernu, y del cese del jefe de la DGSE, almirante Pierre Lacoste.

En su carta de dimisión, Hernu afirmaba que Lacoste se había negado a responder a sus preguntas, y daba a entender que seguía sin conocer la verdad. Resulta sin embargo muy dificil creer que el nuevo ministro, Paul Quiles, haya sido capaz de lograr en dos días lo que su predecesor no logró en más de dos meses.

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Nueva Zelanda condena a Francia por su "terrorismo de Estado"

Viene de la primera páginaEl primer ministro de Nueva Zelanda, David Lange, dijo ayer, después de conocer la posición oficial francesa, que condenaba a este país por haber ordenado a sus agentes secretos que sabotearan el barco Rainbow Warrior. Lange señaló que el ataque al barco ecologista fue "un acto sórdido de terrorismo internacional de Estado".

Algunos comentaristas franceses, por su parte, estiman que Charles Hernu supo lo que había pasado mucho antes, pero que quiso proteger a sus colaboradores. Dada su íntima amistad con el presidente François Mitterrand sería prácticamente imposible, en ese caso, que el presidente de la República no hubiera sido informado hace ya varias semanas.

El comunicado oficial de Laurent Fabius no despeja la incógnica principal: quien dio la orden de hundir el barco, aunque deja entender que la responsabilidad se limita a la DGSE y anuncia la creación de una comisión parlamentaria de encuesta, tal y como exigía la oposición. La versión oficial, reiterada ayer mismo por la portavoz del Gobierno, Georgina Dufoix, es que ni François Mitterrand ni ningún miembro del Gobierno sabían que se iba a producir un atentado. Según dicha versión, altos oficiales del Ejército (los generales Saulnier y Lacaze) desbloquearon fondos para una simple operación de información que, inexplicablemente, se transformó en una acción.

El primer ministro anunció también la inmediata designación de un nuevo jefe de la DGSE y tranquilizó al Ejército, asegurando que los oficiales y suboficiales que intervinieron directamente en el atentado no serán castigados. "Sería inaceptable exponer a militares que se limitaron a cumplir las órdenes recibidas" afirmó explícitamente.

El reconocimiento de culpa por parte del Gobierno francés coloca, sin embargo, en una posición muy dificil al comandante Alain Mafart y a la capitana Dominique Prieur, detenidos en Nueva Zelanda, porque supone aceptar previamente que actuaron como equipo de apoyo de quienes colocaron las bombas. La justicia neozelandesa les condenará, sin duda, como encubridores de un homicio, por mucho que Francia presente ahora sus excusas oficiales al Gobierno de Wellington.

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