¿Cómo financiar el retiro?

El actual sistema público de pensiones en nuestro país tiene tales características que de ser éstas plenamente conocidas y comprendidas en su conjunto moverían a todos los españoles (pero sobre todo a sus representantes políticos, sociales y sindicales) a una acción radical e inmediata del máximo ámbito e intensidad. Sólo la ignorancia de los hechos, mal conocidos por lo demás, los prejuicios, la dejación frente al chantaje de los fácticos de siempre, la falta de responsabilidad exigible frente a las opiniones más peregrinas y la falta de imaginación explican el abanico de posturas, más bien mediocres, que últimamente se manifiestan sobre un sistema de pensiones, el español, que no da más de sí y cuyas cifras y datos ofenden a quien los consulta y obligan a una acción ejecutiva por parte de sus responsables.Una persona que comenzara su carrera laboral plena a los 25 años pensando en jubilarse a los 65, con una esperanza de vida hasta los 80 años, debería ahorrar el 38% de sus ingresos netos de otros impuestos que no sean los de Seguridad Social para reponer al 100% tales ingresos perdidos en el momento de la jubilación. La reposición de los mismos al 73%, de forma que su perfil no se alterase, exigiría un ahorro del 27%. Siempre sin contar gastos de administración del fondo de ahorros destinados al retiro, riesgos de capital, etcétera, lo cual podría elevar dichos porcentajes, en los casos más conservadores, entre un 5% y un 8% adicionales.

Es interesante recapacitar sobre las burdas cifras anteriores, que no creo disparatadas, porque si un sistema público de pensiones tuviera que garantizar esas tasas de reposición durante esos años de retiro sin caer en déficit insoportables sólo podría conceder pensiones a individuos con largas carreras de cotización (casi 40 años de carencia) quienes, además, habrían pagado elevadas contribuciones al sistema.

Todo el mundo sabe que las carreras de cotización de los españoles, salvo excepciones que pagan la imprevisión o la mala fe de los restantes, no son largas; que las bases de cálculo de las pensiones se inflan artificialmente en los años inmediatos al retiro y que, para colmo, entre el desempleo, la demografía actual y el fraude la Seguridad Social española recauda apenas el 80% de lo que gasta. Eso sin contar con la morosidad.

Sistema público o privado

Continúa sin cesar, en nuestro país, el absurdo debate entre lo público y lo privado, que en vez de aprovechar la tensión dialéctica entre dos posibles métodos alternativos de enfrentarse a un problema concreto (de la mejor combinación de los Cuales puede surgir una solución superior), resulta en un vertedero intransitable de ideol6gía barata y rancia, intereses y derechos adquiridos, pero infundados, los cuales deberían desaparecer para siempre, y, como decía antes, de una falta de imaginación soporífera.La forma lamentable en que este debate se desarrolla afecta también a la discusión sobre el futuro del sistema español de pensiones, que hoy es fundamentalmente público y basado en un método financiero de reparto.

Hay, sin embargo, otros métodos financieros alternativos, los llamados de capitalización, y otras alternativas a la de la gestión pública, como es la gestión privada. La combinación dos a dos de estos cuatro extremos puros es posible y ofrece una amplia gama de esquemas alternativos según el peso atribuido a cada extremo, determinado éste en función de las circunstancias económicas y demográficas generales.

Frente a este enfoque, que como punto de partida puede contar con un amplio apoyo social, las posturas actualmente mantenidas se quedan en los extremos casi puros y revelan demasiado bien los intereses específicos, o la ignorancia de las alternativas, de quienes las mantienen. Además, se asocia sin ningún fundamento al carácter privado de la gestión de un sistema de pensiones con la naturaleza de capitalización de su método financiero, mientras que, por lo visto, un método de reparto sólo es compatible con la gestión pública de las pensiones.

No se ha demostrado en nuestro país que la gestión privada de los asuntos económicos sea superior a su gestión pública. Conocida es la incompetencia de los gestores públicos, pero igualmente se sabe de los abusos de los privados, cuya racionalidad se levanta sobre el cuello del vecino más débil y las subvenciones arrancadas bajo presión al gestor público, quien además tiene que barrer los desperdicios dejados por aquéllos.

El ahorro ocupacional de las familias y los impuestos por ellas pagados deben complementarse para financiar las mejores pensiones posibles para todos los ciudadanos, garantizando a todos un nivel mínimo pero premiando lo más justamente posible el esfuerzo y la previsión de los individuos con una mayor carrera de cotización o aportaciones. La gestión mixta de los fondos debería lograr compromisos de eficacia y justicia superiores a los que gestores públicos y privados por sí solos pudieran obtener. No obstante, hay que tener en cuenta que construir un sistema de pensiones que mantenga indefinidamente su temperatura constante y elevada cuando los vientos económicos y demográficos que soplan en el exterior son fríos, no es posible, aun cuando los mejores gestores y métodos estuvieran disponibles. Y en cualquier caso tampoco es barato.

¿Qué se está haciendo?

Hay tres actores sociales que tienen un papel natural que desempeñar en la solución del problema de la financiación del retiro, que son los sindicatos, la patronal y el Gobierno. Apriorísticamente ninguno de ellos tiene por qué tener un papel específico, más o menos tradicional.El Gobierno no puede pretender que ampliando el período de carencia para poder cobrar una pensión, además de algunos otros retoques, está reformando sustancialmente la Seguridad, Social, y debe empezar a pensar que cada trabajador que aspire al retiro no puede recibir en forma de pensiones hasta el final estimado de sus días mucho más del valor actualizado de sus cotizaciones y nunca menos. Y que cada cual se retire cuando quiera.

Los sindicatos, por su parte, incurren en cierta responsabilidad si se niegan a considerar los fondos de pensiones como algo necesario, manteniéndose en la inviable idea de un sistema universal de reparto puro. Más valdría que empezaran a tomar parte en un proceso que avanza a su pesar. La aritmética de las pensiones es simple y sería lamentable que ni eso fueran capaces de entender, pues la defensa de los intereses de los trabajadores estaría seriamente amenazada.

En todo este proceso la patronal sólo quiere ventajas, y amenaza con tirar la toalla si no las consigue. Se pretende que la cuota patronal a la Seguridad Social la pagan los empresarios, cuando, como mucho, sólo gestionan su pago, cuya cuantía no deja de, ser base salarial, aunque se establezca por decreto, y no por convenio colectivo. Los fondos de pensiones traen encandilados a quienes aspiran a gestionarlos, pues las comisiones serán sustanciosas. Saben, sin embargo, que su crecimiento sólo puede ser espectacular si se abandonan otras formas tradicionales de ahorro, lo cual pondría en serias dificultades a algunas instituciones de depósito.

Cambio de actitud

La solución de los problemas que aquejan a nuestro sistema de pensiones exige que todos sus protagonistas cambien radicalmente de actitud buscando mayores niveles de justicia y eficacia. Tales objetivos son compatibles hoy en nuestro país, en el que ambos márgenes están sin explotar y todo se puede hacer en ese sentido. Pero para ello nuestro tejido social ha de transformarse a fondo. Mal puede hacerlo cuando apenas se explica en las escuelas qué es y qué debe ser la Seguridad Social. Los trabajadores, empresarios, políticos y pensionistas actuales parecen demasiado impotentes o demasiado envenenados por los viejos hábitos, la comodidad y la miopía como para hacerlo mejor.En su búsqueda de la prosperidad material como primer objetivo a cualquier precio, las sociedades olvidan a menudo que más justicia y más sabiduría primero, por añadidura implican más prosperidad.