El presupuesto de 1986 fija una subida salarial del 7,2% para los funcionarios y un fuerte recorte de la inversión pública

El Consejo de Ministros se ha fijado nuevo plazo -el martes próximo- para aprobar el proyecto de Presupuestos del Estado para 1986, después de discutir ayer los grandes números. Enmarcadas definitivamente en un objetivo de crecimiento económico real del 3%, así como en el 8% de previsión de subida en el índice de precios al consumo, las cifras debatidas confirman su carácter restrictivo y el propósito de austeridad. Aunque el Ejecutivo está dispuesto a subir un 7,2% el sueldo de los funcionarios -hasta ahora se habló del 6,5%-, la inversión pública descenderá un 8% nominal (19% real).

Los ingresos del Estado -5,37 billones de pesetas- deberán crecer el 17%, mientras que los gastos -6,79 billones- habrán de limitar su aumento al 15,2%, según el proyecto discutido ayer. El déficit inicial ascenderá a 1.422.487 millones, frente al de 1.305.918 millones de pesetas fijado para 1985.Hasta ahora, sólo había trascendido que el Consejo de Ministros trazó hace varias semanas el objetivo de limitar el déficit a un máximo del 4,5% del producto interior bruto (PIB). Es decir: por cada 100 pesetas que la economía española produzca de valor añadido, 4,5 serán pedidas por el Estado al Banco de España o a los mercados financieros para cubrir su carencia de ingresos. Había entonces que concretar el objetivo para el PIB. Y el Gobierno lo ha establecido definitivamente en un 3% real, esto es, un 11% en pesetas nominales, pues la previsión final de inflación oficial fue ayer reafirmada en el 8%.

El 3% de crecimiento real se presenta de nuevo ambicioso, al menos comparativamente. Los gobiernos de la CEE, donde el crecimiento ha sido similar e incluso superior al español durante los años más recientes, proyectan por término medio un 2,3%. El de Estados Unidos aspira al 2,4%.

En los gastos, la mayor restricción afectará a las inversiones públicas. Éstas descenderán un 8% en pesetas de 1986, hasta situarse en 1.126.480 millones entre inversiones reales y trasferencias de capital (dirigidas principalmente a las empresas y organismos públicos). En términos reales, ello supondrá un descenso próximo al 20%. Para el presente año, el incremento nominal presupuestado para las inversiones públicas fue del 12%,

La austeridad afectará en mayor medida a las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Su crecimiento del 5,5% (hasta los 211.709 millones) contrasta con el 23% de aumento que autorizaron las Cortes al Gobierno para 1985.

Por el contrario, los gastos en los que el Gobierno proyecta otra vez mayor expansión -el 28,9%, hasta 894.534 millones de pesetas- serán los financieros-, nutridos por los intereses de la deuda pública. Pero esta cifra, calificada nuevamente de conservadora en medios solventes -así ocurrió ante los Presupuestos de 1985, cuando la realidad tiende a superar los 693.864 millones de pesetas-, no pasa de ser una estimación, debido a que el capítulo puede ser legalmente ampliado en función de las necesidades después de su aprobación por las Cortes.

Aparentemente, las trasferencias corrientes -donde aparece el dinero que entregará el Estado a la Seguridad Social, los ayuntamientos y las comunidades autónomas- también crecerán un 27,3%. Pero la cifra no revela que el Gobierno haya modificado su actitud de congelar las transferencias a a ayuntamientos y autonomías. En estas partidas aparecen compensaciones por valor de 250.000 millones de pesetas, correspondientes a ingresos que hasta ahora tenían directamente otras administraciones y desde 1986 pasarán a la Administración central con motivo de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los principales son más de 150.000 millones recibidos por las diputaciones como recargo del 1% en el impuesto sobre el tráfico de empresas -uno de los que serán absorbidos por el IVA- y de 20.000 millones que recibía la Seguridad Social del sector agrario.

En términos equiparables a los de 1985, las transferencias crecerán el 16%, aunque los incrementos serán absorbidos íntegramente por la Seguridad Social (recibirá del Estado 940.000 millones de pesetas, unos 250.000 más que en 1986) y el subsidio de desempleo (la aportación estatal superará los 300.000 millones).