Las comunidades autónomas rechazan la financiación propuesta por Solchaga

Sólo seis de 16 comunidades autónomas apoyaron ayer la propuesta del ministro de Economía, Carlos Solchaga, para fijar a la baja los ingresos de las distintas autonomías en los Presupuestos Generales del Estado para 1986. Otras seis votaron en contra y cuatro -entre ellas Euskadi y Navarra- se abstuvieron. La propuesta fue aprobada por mayoría simple, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, merced a los 17 votos de que dispone el Gobierno en dicho organismo, que preside el propio Solchaga y del que forman parte los consejeros de Economía de las 17 comunidades autónomas. A la reunión de ayer sólo faltó el representante de Cantabria.

Votaron a favor de la propuesta gubernamental Aragón, La Rioja, Extremadura, Caltilla-La Mancha, Murcia y Asturias; en contra lo hicieron Andalucía, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias y Baleares. Se abstuvieron Madrid, Castilla y León, Navarra y Euskadi. Estas dos últimas comunidades se rigen por un sistema de financiación distinto: los conciertos.El conseller catalán, Josep María Cullell, que abandonó la reunión un par de veces y, conversó con los periodistas, advirtió al ministro que la Generalitat ejercería Ias actuaciones precisas ante las instancias competentes para asegurar los derechos que las leyes reconocen a las Comunidades Autónomas". Preguntado si se refería a un recurso ante el Tribunal Constitucional, contestó: "Naturalmente; y lo que haga falta".

La propuesta de Solchaga consiste, esencialmente, en renegociar a la baja el porcentaje de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado. En lugar de fijar ese porcentaje en base al valor que tenían en 1983 los servicios traspasados, el ministro propone calcularlo en base a 1984, con lo que se recorta el llamado efecto financiero en perjuicio de las haciendas autónomas.

El ministro tampoco se muestra dispuesto a negociar para el próximo año fiscal las cláusulas financieras de las comunidades que tienen derecho a una fórmula definitiva para fijar aquel porcentaje: bien sea por entrar en el sexto año de aplicación de su estatuto, bien sea por haber completado el traspaso de servicios. Esta revisión se aplaza hasta 1987. La propuesta oficial supone incrementar en un 6,5% la valoración global de los servicios traspasados.

Según se filtró a media tarde, Solchaga había rechazado dos propuestas alternativas presentadas por los consejeros de Valencia y de Castilla-León, ambos socialistas. El valenciano proponía, mantener el efecto financiero, calculando el valor de los servicios traspasados en base a 1983, y que en los PGE se explicitara el compromiso del Gobierno de negociar las fórmulas definitivas de financiación a partir del próximo uno de enero.

Subirá el déficit

Cullell -cuyo rechazo de la propuesta gubernamental venía avalado por todo el arco parlamentario catalán, incluídos los socialistas- declaró que aunque son conscientes de que hay que combatir el déficit público, no es ésta la manera de hacerlo, "centrifugándolo a las comunidades autónomas". En su opinión, cuando llegue la hora de consolidar la deuda de las comunidades autónomas, el déficit global aflorará. El conseller criticó que se reclame austeridad a las 15 comunidades que se rigen por el régimen común, mientras no se hace lo mismo con las de régimen foral: Navarra y País Vasco.

Primeras reacciones

Según afirmó ayer el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el Gobierno catalán deberá endeudarse en 1986 en unos 50.000 millones de pesetas sólo para mantener los mismos niveles de servicios, subvenciones e inversiones que en 1985, si se cumplen las previsiones de financiación de las comunidades autónomas para el año próximo anunciadas por Solchaga. El endeudamiento de la Generalitat, sin contar el de los entes autónomos catalanes, asciende en la actualidad a 96.000 millones de pesetas.