Los problemas para su práctica en España

La despenalización del aborto en los tres casos previstos por la ley parecía un avance, aunque tímido, para resolver en parte los problemas de unos centenares de miles de españolas que hasta ahora se veían obligadas a recurrir a un viaje de turismo al extranjero, o a poner en peligro su salud y su vida, para resolver lo que ya era práctica habitual en los países civilizados. La realidad ha demostrado que no era así. En lo esencial, estos obstáculos proceden de tres sectores:1. La Organización Médica Colegial, que utilizando los medios puestos en su mano a costa de sus obligados colegiados ha realizado una campaña continua de desprestigio y de boicoteo a todos los pasos que se han intentado dar: primero, para legalizar el aborto en los casos ya restringidos que permite esta ley, y luego, para su aplicación concreta. A partir del Consejo General de Colegios de Médicos y de la Comisión Deontológica se ha realizado una amplia campaña entre la sociedad y entre los propios médicos destinada a convencer a la opinión pública de sus argumentos seudocientíficos, a amedrentar a los profesionales y a poner todas las trabas legales posibles para evitar una regulación concreta que permitiera la puesta en práctica de los supuestos que la ley permite. En este tema, como en tantos otros, esta organización antidemocrática ha pretendido imponer a la sociedad los intereses y la ideología de una parte de los médicos.

2. La intolerancia ideológico-religiosa de un sector de la sociedad española, que intenta imponer sus convicciones a fuerza de prohibiciones legales al resto de los ciudadanos. Conocida es la postura de la Iglesia española, las amenazas de excomuniones y, más recientemente, la querella presentada por la llamada Asociación Pro-Vida contra los médicos que participaron en los dos abortos de Asturias.

3. La actuación del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, que ha colaborado a poner las cosas cada vez más difíciles. Es bien sabido que el ministro Ernest Lluch no es precisamente un partidario del aborto. Ya en la fase inicial de discusión parlamentaria del primitivo proyecto de ley realizó declaraciones asegurando que el aborto nunca sería gratuito ni se practicaría en la Seguridad Social. La sentencia del Tribunal Constitucional le obligó a reflexionar y comenzó entonces el espinoso tema de su regulación.

La solución final ha superado lo esperable: en una simple circular interna se abren unas increíbles posibilidades de ser objetor de conciencia en cualquier lugar, momento y caso, y de comunicarlo "por escrito o por otro medio" cuando así se decida.

En aplicación de la misma, un profesional puede decidir ser objetor en sus horas de trabajo en un hospital público y no serlo, en cambio, en su práctica privada, e incluso, llevándolo a un extremo en lo absurdo, un médico podría declararse objetor con la enferma anestesiada y en la mesa de intervenciones. Cualquier planificación, y por tanto la aplicación de la ley, se hace así casi imposible. Pero lo más grave es que, tras los últimos incidentes, Ernest Lluch no se ha recatado en hacer unas declaraciones públicas asegurando que "esta ley no sería ningún coladero" e incluso que en otros países había existido una oposición mucho mayor. Si se esperaba esto, ¿cómo es posible que el ministerio que de él depende no haya puesto en práctica ningún medio para asegurar la realización de los abortos permitidos?

Reticencias de los médicos

Así las cosas, no puede resultar extraño que los médicos, incluso los que son partidarios de la legalización del aborto, hayan tenido muchas reticencias en prestarse a realizarlo, pues son conscientes de que no van a encontrar apoyo ni respaldo ni en la Organización Médica Colegial ni en los responsables del sector público sanitario, y quienes lo han hecho han tenido que moverse en un vergonzoso clima de clandestinidad y se ven expuestos a todo tipo de represalias sin ningún apoyo de las autoridades del ministerio.

La solución, si es que se quiere que el aborto, en los supuestos previstos por la ley, se realice en el sector público y no se derive hacia las clínicas privadas debe pasar por una normativa clara y tajante del ministerio, en la que se recojan los siguientes puntos:

1. La objeción de conciencia es un derecho recogido en la Constitución, pero no puede ir contra el derecho, también legítimo, de las mujeres a acogerse a los términos de esta ley.

2. Deben de elaborarse listas de objetores en los centros públicos, en las que se inscriban todos aquellos que quieran hacer uso de este derecho, mediante declaración escríta. Estas listas deben de cotejarse con las de los que realicen estas intervenciones en el sector ptivado para evitar el fraude.

3. Dichas listas deben de renovarse con una periodicidad fijada, para que en ese momento, y sólo en ése, puedan retirarse y/o incluirse de las mismas quienes hayan decidido cambiar su postura al respecto. Es imprescindible el compromiso por un tiempo fijo para poder asegurar cuáles son los efectivos sanitarios disponibles y poder planificar a partir de ellos.

4. Las dotaciones de material y medios de los centros sanitarios públicos deben poder usarse para estos fines, con independencia de la opinión de los respectivos jefes de servicios y/o departamentos, arbitrando las fórmulas organizativas oportunas.

5. Deben de establecerse las sanciones pertinentes tanto para los que realicen estas intervenciones en el sector privado habiéndose declarado objetores en el público como para los que obstaculicen el libre desevolvimiento de quienes quieran realizar abortos en el marco de la legalidad vigente.

6. El sector público sanitario debe de asegurar la cobertura legal y jurídica suficiente para la defensa y representación de aquellos profesionales que participen en estas intervenciones, pues, previsiblemente, la querella presentada sea sólo la primera de una cascada que tenga como único fin convencer a los profesionales de su no participación en estas intervenciones.

Todos estos puntos serían suficientes para asegurar la cobertura por el sector sanitario público de todos los supuestos contemplados en la ley, pues existen profesionales y medios de infraestructura sanitaría más que suficientes para ello. Sólo falta que por parte del Ministerio de Sanidad se demuestre que existe la voluntad política de afrontar el problema y no que, como viene sucediendo hasta ahora, se ceda continuamente a las presiones de los sectores más corporativos y de la profesión médica en detrimento de los derechos sa,nitarios del conjunto de los ciudadanos.