El Gobierno prepara una liberalización mayor de las inversiones extranjeras para este mismo año

El Gobierno aprobara en los próximos meses, para que esté en vigor antes de que termine el año, una liberalización de las inversiones extranjeras más amplia y completa que la decidida en mayo pasado, según declaró ayer en Santander el secretario general de Comercio, Guillermo de la Dehesa. Además de permitir cotizar en las bolsas españolas a los valores exteriores, las nuevas medidas autorizarán a los extranjeros el invertir en pesetas interiores. También abrirán las puertas a sectores que han seguido protegidos tras el reciente decreto de Miguel Boyer, como el financiero, la minería, los transportes y la cinematografía.

El próximo paquete liberalizador proyectado por el Ministerio de Economía y Hacienda, desarrollará y ampliará el decreto-ley y el decreto sobre inversiones extranjeras aprobado por el Ejecutivo antes del cese de Miguel Boyer será aprobado antes del 31 de diciembre, según anunció ayer el secretario general de Comercio, Guillermo de la Dehesa, en el curso España en la CEE: la empresa española y los grandes temas jurídicos comunitarios, que se desarrolla en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander.El objetivo de las nuevas medidas será adaptar la normativa española sobre los movimientos de capitales al derecho comunitario. Esta era la primera finalidad de la reciente liberalización, equiparada entonces oficialmente a la existente en países como Estados Unidos y la República Federal de Alemania, y que consistió en suprimir con independencia del país de procedencia los trámites de autorización del Gobierno, excepto para inversiones de Gobiernos y empresas estatales extranjeras y para las destinadas a una decena de sectores.

Como el Gobierno pretende fomentar las entradas de capital, no negoció con la CEE ninguna reserva sectorial -la mayoría de los diez sí lo hicieron-, y ahora acelerará la adaptación plena al derecho comunitario. Entre las medidas anunciadas por,Guillermo de la Dehesa figuran las siguientes:

- El reglamento que desarrollará la última liberalización permitirá las inversiones en pesetas ordinarias. Hasta ahora eran discrirninadas en función de las muchas cuentas de pesetas convertibles o no convertibles, que en el futuro quedarán simplificadas. También autorizará la adquisición de acciones por parte de extranjeros con cargo a las cuentas de reservas y regularización de balances. Sólo quedarán exceptuadas las inversiones mediante aportación tecnológica o equipo capital. En las operaciones de cartera, las emisiones de valores extranjeros podrán cotizar en las Bolsas españolas.

Revisar la legislación

- Será revisada la legislación específica sobre sectores, que fue mantenida por el último paquete. Salvo en las empresas de defensa y de servicios públicos, donde las compras por extranjeros requieren, autorización gubernamental y está prohibido que superen el 40% y el 25% del capital, respectivamente, los sectores protegidos perderán poco a poco su reserva. Se trata del transporte marítimo, la navegación aérea, la minería, los seguros y la banca, para donde también es necesaria autorización y los extranjeros no pueden superar el 40% del cap¡tal de cada empresa; la navegación aérea, con el 25% del límite; la minería, con el 49% de tope; los seguros y la banca, para la que el Gobierno ha negociado con la CEE la denegación temporal de libertad de establecimiento y la reciprocidad; los casinos de juego, el refino y la extracción de petróleo, y la cinematografía, entre otros. Por tanto, a partir del próximo ejercicio, si insisten los interesados, tales operaciones podrían materializarse.

De la Dehesa afirmó que la libertad de capitales no existe totalmente en la CEE, debido a que los países miembros pusieron excepciones para evitarla y, en el fondo, ni siquiera la definen los tratados que la regulan.

España no ha negociado ningún cambio sobre las dos directivas comunitarias, aún cuando dispondrá de tres aplazamientos para aplicar el ordenamiento comunitario a las inversiones españolas hacia el exterior: tres años para las destinadas a títulos bursátiles de empresas extranjeras, de,forma que no habrá libertad total hasta el 1 de enero de 1989, y cinco años para las inversiones en inmuebles de Estados miembros o residentes españoles, salvo las realizadas por los emigrantes.

Debate nacional

También en el mismo curso, un representante jurídico de la Comisión de la CEE, Rolf Waegenbaur, señaló que la representación de los diez tiene el máximo interés en que haya amplia información entre los españoles para que la adaptación del derecho español al comunitario se haga con la esperada rapidez. Este proceso informativo no fue tan necesario en otros países miembros porque participaron en la elaboración del derecho escrito desde 1958 y han aportado el no escrito. En nombre de la excepción griega, otro ponente aseguró que las dificultades mayores proceden de los Estados, no de las empresas o agentes económicos.

El director del seminario, el abogado Rodrigo Uría, indicó que, por razones de índole polítíca, ha faltado un gran debate nacional y será obligación del Gobierno el proporcionar mucha información para que lo haya.