Según Rivera, la OMC no se opone a la aplicación del aborto

Ramiro Rivera, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), aseguró ayer que esta institución "no se opondrá a la aplicación de la ley que regula los tres casos admitidos de aborto", aunque en su día haya mostrado su disconformidad en la fase de discusión del texto legal. Rivera culpó al Gobierno de las dificultades que están surgiendo para desarrollar la ley.Por otra parte, Rivera, advirtió que la OMC "no va a tolerar una aplicación extensiva que burle la interpretación hecha, con toda precisión, por el Tribunal Constitucional y que soslaye el espíritu de la Constitución, y tampoco debe permitirlo el ministro de Sanidad".

Durante una entrevista concedida en su residencia veraniega de Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, Rivera quiso dejar claro que no le parece bien "que los médicos se opongan o muestren resistencia a la hora de aplicar la ley que despenaliza las tres situaciones concretas de interrupción del embarazo"'.

Rivera responsabilizó al Gobierno de las dificultades que están surgiendo ante los primeros casos planteados, por la forma en que éste ha regulado la aplicación de la ley del aborto. Para el presidente de los médicos, las dificultades se deben a tres causas. La primera, "haber hecho creer a muchas españolas, a las que afecta el problema, que la ley iba a permitir que se practicasen abortos siempre que la mujer los solicitase".

Según Rivera, "una gran parte del pueblo español no se ha enterado de que las únicas que se despenalizan son tres situaciones muy concretas y que, en el resto de los casos, el aborto provocado sigue siendo un delito".

En segundo lugar, Rivera señaló Ias dificultades creadas por el ministro de Sanidad al publicar una orden sobre aplicación de esta ley sin la previa consulta preceptiva a los colegios profesionales". Según afirma Rivera, "en la orden se crean unas comisiones de evaluación en las que no participan los colegios, y esto, a los propios médicos que hayan de realizar la interrupción del embarazo, les quita la garantía de que serán respaldados adecuadamente para evitar que puedan ser acusados de cometer un delito, al imputárseles que han realizado el aborto en un caso no despenalizado".

Por último, el presidente de la organización médica colegial acusa a las autoridades sanitarias de "haber cometido la infamia de dar a entender que los médicos podrían alegar objeción de conciencia para practicar abortos legales en la Seguridad Social con intención de desviar a las pacientes hacia la practica privada".

Maniobra política

Según Rivera, se trata de "una maniobra del Gobierno con dos finalidades: desviar la atención de los problemas políticos de importancia y tratar de justificar el incumplimiento de la promesa electoral de legalizar el aborto, echando la culpa de ello a los médicos". En su opinión, la realización de un aborto "es una de las intervenciones más simples", por lo que "no se puede alegar resistencia de profesionales ni falta de medios" a la hora de plantearlo, ya que, según afirma, las actuales dificultades en torno a la aplicación de la ley tienen un origen jurídico.Por otra parte, hasta el mediodía de ayer un total de seis mujeres habían solicitado información en el Institut Catalá de la Salut, la Seguridad Social catalana, sobre los trámites necesarios para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en alguno de los tres supuestos permitidos por la ley, según informaron medios oficiales de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social.

Entre estos casos figura el de una mujer que padece rubeola y está en la primera fase del embarazo. Esta persona ha sido enviada a un laboratorio para que le sean realizados los análisis oportunos, según informaron fuentes oficiales.