Proseguir en el rigor

LAS PALABRAS del ministro de Economía y Hacienda al presentar las líneas de la política económica para el resto de la legislatura no ofrecen lugar a dudas: va a continuar la filosofía de rigor y de ajuste, con la contención de la inflación y del déficit público como máximas prioridades. Las posiciones defendidas por Miguel Boyer en los 31 meses que ha dirigido la economía española siguen siendo determinantes.Una y otra vez, los datos que definen la coyuntura del mundo occidental confirman que la recesión no ha terminado y que las recetas clásicas para combatirla, sean las que sean, fracasan ante una realidad cambiante y, en muchos de sus aspectos, totalmente nueva. Se combinan altas tasas de inflación con paro elevado, crecimientos del producto interior bruto significativos con brutales endeudamientos exteriores.

Reagan aplica, aunque lo niegue normas keynesianas dentro de un esquema monetarista y Gobiernos socialistas se transmutan en ardientes defensores del liberalismo y de la ineficacia del sector público. España, que es un país subsidiario dentro de este mundo, padece de los mismos interrogantes y de los mismos males para corregirlos. Hay pocos principios aplicables universalmente, pero entre ellos los más indiscutibles parecen ser esa lucha contra la inflación y contra el déficit.

La locomotora norteamericana, que tiende a tirar del resto de las economías del mundo occidental, ha ralentizado su marcha. Su economía sólo creció en el segundo trimestre del año un 1,7%, frente a un 3,1 % previsto. Las autoridades españolas, a la vista de estos datos -que implican un dinamismo decreciente del comercio exterior-, han tomado buena nota de la coyuntura y han tomado buena nota de la coyuntura y han rebajado sustencialmente sus objetivos de crecimiento:

la economía de nuestro país sólo crecerá, en el mejor de los casos, un 1,9% durante el ejercicio, lo que significa, en pura lógica, que algunos de los desequilibrios estructurales -por ejemplo, el paro- no tendrán arreglo. Otras magnitudes, ciertamente más autónomas de la política interna que se practique, parece que mejorarán; éste es el caso del consumo privado, cifrado entre un 0,7% y un 1%, y de la inversión, de tres a cuatro puntos.Pero donde la incertidumbre es más notable es en la lucha contra la inflación. La primera previsión para el año fue de un 7% y se abandonó en cuanto se conoció el comportamiento del índice de precios al consumo de los cuatro primeros meses del año; luego se situó entre el 8% y el 8,5% y ahora se ajusta la previsión al 7,9%, en un momento en el que los primeros indicios parecen indicar una desaceleración importante en los meses de junio y julio. El ministro de Economía declaró que el Gobierno intervendrá indirectamente, a través de la política monetaria y la comercial, para cortar los brotes inflacionistas. Sin embargo, los interrogantes se hacen mucho más agudos al conocer que la Administración se propone cortar la inflación para 1986 al mismo porcentaje del actual ejercicio, un 7,9%. Para ello cuenta con una inflación real cercana al 6%, más una inflación inducida por la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido de entre un punto y medio y dos puntos. Sin embargo, todos los estudios realizados por el sector privado y algunos de la misma Administración (recuérdese el informe del Ministerio de Industria, cuando su titular era Carlos Solchaga, a los presidentes de las compañías eléctricas) aprecian un contenido inflacionario del IVA mucho más fuerte, de hasta cuatro puntos.

La historia se complica si se relaciona la inflación con el nivel de déficit público. Al cambiar la filosofía de financiar el déficit con deuda pública en vez de tirar de manivela, se ha cambiado el esquema de una inflación directa a una inflación retardada que amenaza con estallar este año o el siguiente. El informe realizado en el banco emisor, con el visto bueno de alguno de sus responsables, indicaba un nivel de inflación para 1986 del 15%, lo que dobla a lo previsto, si se mantenía la misma tendencia del déficit estructural y sin considerar la influencia exterior en la economía.

Solchaga no quiso comprometerse en cifras de contención del déficit para este año y el siguiente, aunque la definición de "sería suicida echar a perder el rigor de dos años dando alegría a los presupuestos" es bastante definitoria. Las palabras son acertadas, pero falta ver cómo se instrumentan en la práctica. Mientras tanto, un ex vicepresidente del Gobierno, el profesor Fuentes Quintana, hacedor o inspirador de la política económica española durante muchos años, ha pronunciado unas palabras demoledoras: gane quien gane las próximas elecciones, habrá que hacer una política de austeridad para los cuatro años siguientes.