La gestión del primer Gobierno socialista, marcada por el ingreso en la CEE y el paro

Hace algo más de dos años y medio, el primer Gobierno socialista desde el restablecimiento de la democracia iniciaba sus tareas bajo el signo del cambio, que había presidido su campaña electoral. Favorecido por su mayoría absoluta en el Parlamento, el partido socialista ha desarrollado una intensa labor legislativa que, a veces, ha chocado con fuertes oposiciones desde la derecha y desde la izquierda. Sin embargo, en dos temas parece haber unanimidad: en el éxito que supone la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y en la sombra que proyecta sobre toda la política socialista el imparable aumento del desempleo.

En esencia, se trataba de modernizar el país, modernización de la Enseñanza, de la Economía, de las Fuerzas Armadas, de la Administración, de la Justicia. En cualquier caso, la labor del Gobierno, aunque de forma desigual, ha cubierto un amplio espectro de actividades. En lo militar, destacan los intentos modernizadores del Ejército, que incluyen planes de compra de armamento y reordenación, la renovación del sistema operativo de los ejércitos a través de la Ley de Defensa Nacional 31 del Plan Estrátegico Conjunto y la reestructuración del personal militar. Como dato positivo hay que señalar la práctica desaparición de rumores de intentos golpistas y de ruidos de sables.Por el contrario, el prometido referéndum sobre la permanencia en la OTAN se ha convertido en una fuente de incertidumbre. Ignorado por la oposición de derechas, que lo considera como un problema interno del PSOE con sus electores, y reclamado insistentemente desde la izquierda, su celebración se ha visto pospuesta, sin que se haya adelantado más fecha indicativa que la promesa de Felipe González de que se celebrará antes de finalizar la legislatura.

La reforma de la Administración, pendiente desde anteriores Gobiernos, se inició con la ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública y con las leyes de incompatibilidades. Por otra parte, el proceso autonómico iniciado con la LOAPA (ley orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico), que tras la sentencia del Tribunal Constitucional se convirtió en LPA, ha sido prácticamente cerrado con la finalización del proceso de transferencias a la mayor parte de la comunidades autónomas.

En materia de orden público, destacan la promulgación de la ley de bandas armadas, las ofertas de reinserción social a etarras, los intentos de negociación con ETA y los acuerdos de lucha antiterrorista con Francia. Sin embargo, esta política no ha impedido el reciente recrudecimiento de la actividad terrorista. Por otra parte, se han sucedido los enfrentamientos entre diversos colectivos de las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio del Interior, sobre todo por el retraso en el cumplimento de las promesas de desmilitarización de la Policía Nacional.

Relaciones exteriores

En política exterior, destaca el final de las largas negociaciones para el ingreso de España en la CEE y la consiguiente firma del tratado de adhesión el pasado 12 de junio. Igualmente positivas han sido las conversaciones con el Re¡ no Unido sobre Gibraltar que llevaron a la apertura de la verja el mes de febrero de este año y al compromiso de ambos Gobiernos en la Declaración de Bruselas de iniciar conversaciones políticas y de cooperación.También hay que destacar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Guatemala, rotas como consecuencia del asalto policial a la embajada española en enero de 1980, la mejora de las relaciones con Francia, con sus re percusiones en la lucha contra ETA, y el acuerdo hispano-portugués de cara a la integración de ambos países en las Comunidades Europeas. No se ha llegado, sin embargo, al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel al que el Gobierno socialista ha hecho continuas referencias.

En cuanto a la política económica, una serie de medidas de reconversión industrial, como el cierre de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto y la reestructuración de diversos sectores productivos en crisis, especialmente el naval, encontraron una fuerte oposición, de los trabajadores y las regiones afectados. Aunque de distinto signo, igualmente polémica fue la expropiación por decreto-ley del grupo Rumasa, compuesto por 18 bancos y varios centenares de empresas, decidida en Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1983.

La concertación social establecida por medio del Acuerdo Económico Social sufrió un serio retroceso por la negativa a firmarlo de Comisiones Obreras y, sobre todo, por los enfrentamientos entre el Gobierno y el sindicato UGT como consecuencia de la reforma de la Seguridad Social. El 20 de junio pasado, la oposición a la política socialista alcanzaba su máxima conflictividad con la huelga general convocada por CC OO y otros sindicatos regionales para protestar por la reforma de las pensiones.

Incremento del paro

En cualquier caso, la parte más negativa de la política socialista ha sido el crecimiento del desempleo por encima del registrado en el resto de Europa, hasta situarse cerca de los tres millones de parados, en abierto contraste con la promesa electoral de creación de 800.000 puestos de trabajo.La ley de despenalización del aborto -pendiente de publicación- y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) concitaron la hostilidad declarada de la oposición de derechas.

Finalmente, dos escándalos financieros saltaron bajo su gestión, uno relacionado directamente con la financiación del PSOE, el conocido como caso Flick, y otro que provocó la dimisión de varios directores generales relacionados con una importante evasión de capitales, cuyo principal implicado, Francisco Palazón, se encontraba en situación de excedencia del cuerpo diplomático.