Después del 20 de junio

La jornada de movilización general que CCOO va a desarrollar conjuntamente con otras fuerzas sociales el próximo 20 de junio pretende ser una respuesta de masas, democrática y participativa, a lo que el sindicato considera, conjuntamente con la totalidad de las organizaciones sindicales del Estado, como una profunda agresión a los intereses de los trabajadores, concretada en el proyecto de ley de Reforma de la Seguridad Social.No es mi intención desarrollar los elementos más regresivos del proyecto de ley, elementos ampliamente divulgados por el sindicato ante la opinión pública. Bastaría con decir que, incapaz la Administración de sanear el déficit de la Seguridad Social, vía eliminación del fraude que supone que los ingresos de la misma estén mermados por la deuda de la aportación patronal que alcanza ya los 1,4 billones de pesetas, incapaz la Administración de racionalizar la gestión de la Seguridad Social, ha optado por la solución, nada imaginativa y menos social, de suprimir prestaciones y reducir tanto la cuantía de las pensiones como el colectivo beneficiado, renunciando a una verdadera reforma de la Seguridad Social.

El Gobierno, incapaz de deshacer el nudo gordiano de la Seguridad Social, decide disciplinar a los más desfavorecidos e imponer austeridad al colectivo más indefenso. Situemos algunos elementos de reflexión y preocupación al margen del contenido del proyecto de ley, que entiendo están generalizados en la opinión pública progresista de este país.

A nadie se le escapa la trascendencia de que esta acción de masas se convoca cuando rige los destinos del Estado una Administración de izquierda que recogió las esperanzas y los deseos de cambio de 10,5 millones de ciudadanos. Habrá, pues, que situar con toda claridad que la huelga ni se dirige ni puede dirigirse contra el Gobierno socialista. Lo primero, porque sería una irresponsabilidad sindical y lo segundo, porque no contaría con el apoyo de los trabajadores.

Sin embargo, la huelga está contando, va a contar con el apoyo masivo de los trabajadores, si éstos entienden que el objetivo concreto de la acción no es ni más ni menos que la retirada del proyecto de ley, y la reconsideración por el Gobierno de las últimas medidas de carácter social y laboral, consideradas regresivas por las fuerzas sociales. Urge, pues, el diálogo.

A un lector de izquierdas no se le escapan el significado y la preocupación que conlleva el enfrentamiento Gobierno de izquierdas-sindicatos de trabajadores.

Una reflexión desapasionada nos llevaría a deducir que una mayor sensibilidad por parte de la Administración actual hubiese hecho posible el entendimiento.

El Gobierno debe entender que los sindicatos son sujetos sociales de la sociedad democrática y que, por tanto, la negociación con ellos, su participación en los temas que afectan a los trabajadores, son medida obligada. La marginación de los sindicatos, el negarles su protagonismo en la sociedad civil, no es actitud ni socialista ni inteligente.

Urge, pues, establecer cauces de negociación; la sociedad española no puede permitirse el lujo del divorcio Gobierno-sindicatos.

No habrá, pues, modernización de nuestras estructuras económicas, ni profundización de la democracia, ni cambio social, sin entendimiento, sin fórmulas de colaboración entre las organizaciones sindicales y políticas que representan a los trabajadores.

El Gobierno tiene la obligación de entender que los sindicatos son interlocutores necesarios en la articulación de una sociedad democrática. Para ello debe renunciar a su altanería y a la imposición de formulaciones de despotismo ilustrado más próximas a otras épocas felizmente superadas por la dinámica de la historia.

Desindicalizar el país

El Gobierno debe renunciar a la tentación de desindicalizar al país, para eliminar los obstáculos que se oponen a la implantación de políticas económicas de corte neoliberal, respuesta frustrada a la perplejidad provocada por la crisis del welfare state.Ha llegado la hora del diálogo; la acción del día 20 puede contribuir a ello si el sindicalismo de este país es considerado como sujeto participativo de la sociedad democrática. Nuestra sociedad se merece una concertación seria, profunda, sin exclusiones, que aborde definitivamente el reto de nuestra integración europea, hecho ya realidad.

En cualquier caso, las fuerzas de la izquierda y del progreso no podemos contribuir con nuestro diálogo de sordos a que la gran beneficiada sea esa derecha española oportunista, obsoleta y renqueante, que espera su oportunidad.