Racismo español

SÓLO UNO de los cerca de 27.000 musulmanes que actualmente viven en Melilla posee título superior universitario. No parece que este extremo sea una casualidad, al comprobar que este universitario -el economista Aoinar Mohameddi Duddu, de 34 años, nacido en Melilla, como sus padres y abuelos- estudió en Málaga con una beca del Gobierno marroquí, solicitada por Aomar después de que el Gobierno español le denegara esa ayuda. Tampoco debe ser casualidad que sólo unos 7.000 musulmanes residentes en Melilla tengan documento nacional de identidad español, es decir, nacionalidad española. Los 20.000 restantes, aunque la mayoría han nacido en Melilla, son apátridas y sus derechos como ciudadanos no alcanzan los niveles mínimos de dignidad en un país con un régimen democrático.La situación es ahora ésta: cerca de 6.500 musulmanes mayores de edad residentes en la antigua plaza de soberanía disponen de un cartón denominado tarjeta de estadística cuya validez sólo alcanza la simple identificación de quien la porta y de los familiares que tiene a su cargo. El poseedor de este tipo de tarjetas no puede comprar o alquilar viviendas en Melilla, no tiene derecho al voto ni al subsidio de desempleo, y para viajar a la Península necesita un salvoconducto de las autoridades españolas, que sólo lo conceden para casos graves.

Hay otros cerca de 5.000 o 6.000 musulmanes que pueden demostrar de muchas y diversas maneras que han nacido en Melilla, como sus padres. Sin embargo, las autoridades españolas no les conceden ni siquiera la mínima gracia de poseer una tarjeta de identidad como la tarjeta de estadística. Son personas condenadas a la huida, el miedo, la persecución, la indefensión total y una refinada forma de neoesclavitud si esporádicamente encuentran algún trabajo eventual. Si un policía les pide que se identifiquen, son trasladados inmediatamente a comisaría y, a las pocas horas, expulsados a Marruecos. Allí esperarán a regresar ilegalmente a Melilla, si antes no son detenidos nuevamente por la policía marroquí, que igualmente les expulsará de su territorio.

Aomar Mohameddi Duddu señalaba en un comentario publicado el pasado día 11 en este periódico, al referirse a este problema, que "hay que legalizar Melilla". Una de las respuestas que ha obtenido sólo dos semanas más tarde ha consistido en una carta del comité ejecutivo del PSOE, partido al que está afiliado, en la que se le comunica que está suspendido de militancia y que existe un expediente disciplinario contra él.

Algunos llegan a argumentar, para no regularizar la situación, que la concesión de plenos derechos a los musulmanes melillenses supondría que en las próximas elecciones habría diputados o concejales no cristianos. Con semejante razonamiento acumulan prejuicios religiosos a su comportamiento racista. Desde la publicación del citado artículo en este periódico se han producido en Melilla varias agresiones físicas a musulmanes sin que mediara incidente alguno. En uno de los casos se ha visto envuelto un miembro del Cuerpo Superior de Policía, para el que se ha propuesto una sanción. Como consecuencia de ello, el pasado día 23, en Melilla se inició una campaña de recogida de firmas de solidaridad con el policía. Las injusticias de que son objeto los musulmanes quedan muchas veces sin una respuesta judicial adecuada: ya han ocurrido varios casos en los que los abogados melillenses han rechazado defender a musulmanes, bien porque no lo desean o bien porque tienen miedo a posibles represalias.

El mayor núcleo de población musulmana de Melilla habita en el llamado barrio de la Cañada de la Muerte, donde el Ayuntamiento -cuyo presupuesto anual ronda los 3.000 millones de pesetas y es dirigido actualmente por los socialistas- aún no ha instalado agua corriente. Los cerca de 4.000 musulmanes del barrio efectúan sus necesidades higiénicas en cubos o bolsas de plástico que arrojan a un pequeño arroyo de aguas negras que recorre la principal calle de la zona.

Las condiciones políticas nacionales e internacionales, y el viento de la historia, hacen prever que España y Marruecos tendrán que buscar pronto una fórmula adecuada para Melilla y Ceuta. La política de las autoridades españolas augura que, como ocurrió en el Sáhara, una gran parte de la población nacida y residente en ambas ciudades puede tener argumentos más que suficientes para demostrar que en Ceuta y Melilla se han practicado y continúan practicándose fórmulas propias de sistemas coloniales. Hoy, en Melilla no son respetados los derechos humanos, ni siquiera los más mínimos principios de convivencia. Y son muchos los ciudadanos melillenses que se sienten justamente avergonzados porque en su propia tierra se permitan estas injusticias.

Por lo demás, es obvio para los propios musulmanes que en condiciones de vida, posibilidades de trabajo y derechos y libertades políticas Marruecos es el guatepeor de esta guatemala norteafricana. Pero sea cual sea la orientación que pueda tomar una futura negociación sobre las plazas españolas, el Gobierno que la emprenda tendrá menos bazas en la mano si mantiene un auténtico apartheid racial y religioso que si se decide a facilitar la integración y a proporcionar unas condiciones de vida dignas y los plenos derechos políticos a los ciudadanos musulmanes. Independientemente de que sobre las razones políticas hay que defender la dignidad de la democracia.