La reforma de las pensiones

EL CONSEJO de Ministros ha optado finalmente por utilizar la vía del proyecto de ley y del debate en las cámaras, y no la del decreto ley, para abordar la reforma de las pensiones de la Seguridad Social. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con los sindicatos o de conseguir el apoyo del resto de las fuerzas sociales, con las que el diálogo ha sido ineficaz o inexistente, ha obligado al Gobierno a buscar por lo menos un respaldo parlamentario en la cuestión. Con ello, el Ejecutivo, parece aspirar a que, con el debate y las eventuales modificaciones que puedan incluirse, quede diluida una parte de su responsabilidad sobre un proyecto polémico que es particularmente impopular porque afecta a los intereses de los futuros pensionistas, uno de los colectivos más desamparados de la sociedad.Bajo el confuso título de "medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social", el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes tiene un objetivo simple: sanear un sistema ruinoso por medio de recortes en la. cuantía inicial de las pensiones que percibirán los futuros pensionistas (400.000 personas tienen acceso cada año a la edad de jubilación), a la vez que se aumenta la recaudación exigiendo un período más largo de cotización. La oposición de los sindicatos se centra precisamente en que la pretendida reforma de la Seguridad Social queda inicialmente reducida a un recorte de las pensiones, sin que se sepa ni cuándo ni cómo se va a proceder a la racionalización de los ingresos, ni cuándo ni cómo se va a conseguir un control eficaz de todos los demás gastos, sin que haya trascendido en qué van a consistir las no menos imprescindibles y urgentes mejoras en la gestión, y sin que esté nada clara una mejora esencial de la eficacia y la calidad de las prestaciones.

El proyecto retocado por el Gobierno contiene algunas mejoras respecto al original, pero ni aun así han sido las suficientes como para que el sindicato socialista pase a apoyarlas. Difícilmente puede hacerse comprender a los futuros pensionistas, que siguen contribuyendo con las aportaciones establecidas, que la manera de resolver el actual déficit de la Seguridad Social pasa por un sacrificio suyo añadido. Sobre todo si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las pensiones por jubilación no llega actualmente a las 40.000 pesetas mensuales. El ministro de Trabajo no ha querido especificar la cuantía en que se reducirán las pensiones iniciales, pero los primeros cálculos apuntan a un recorte del 8 % al 11 %. La revalorización automática anual de las prestaciones según el aumento previsto de los precios tampoco asegura el mantenimiento del poder adquisitivo en el caso no infrecuente de que la inflación real supere a la esperada, aunque su introducción en el proyecto contribuye, sin ninguna duda, a dar una cierta seguridad a los pensionistas sobre el futuro de sus percepciones, pues la reactualización dejará de depender de los intereses coyunturales del Gobierno, de su deseo de frenarlas para compensar otros déficit o de su voluntad de subirlas como baza electoralista.

Es evidente que los pensionistas no son los culpables de que la crisis haya incrementado en los últimos años*el nivel de desempleo, y que mientras que cada vez son menos los cotizantes aumenten los perceptores, del mismo modo que tampoco son de su responsabilidad los nefastos cálculos que se hicieron en el pasado sobre la pirámide de la población activa. Por eso, al margen de la polémica sobre la quiebra o no del Estado de bienestar, es cuando menos muy discutible: que el punto esencial de la reforma de la Seguridad Social radique en la disminución de las pensiones, como si de un sistema estanco se tratara, cuando el Estado tiene también un elevado déficit público, de momento irresoluble, y el fraude fiscal ha sido estimado oficialmente en un billón de pesetas. A causa de ello, este proyecto no solamente agudiza las diferencias que a partir del Acuerdo Económico y Social (AES) se han venido registrando entre el Ejecutivo y UGT, sino que inevitablemente producirá otras muchas fuertes tensiones dentro de la izquierda.

En gran medida, el propio Gobierno ha sido el responsable de estas convulsiones. Su escasa flexibilidad a la hora de abordar la negociación le ha dejado muy lejos de los planteamientos de UGT, cuando la importancia del proyecto hubiera requerido una negociación en profundidad y con el concurso de todas las fuerzas sociales, incluidas las que no quisieron suscribir el AES, como es el caso de CC OO. Ahora, además de la preocupación de todos los trabajadores en su óptica de futuros pensionistas, y de las dudas razonables por parte de casi todo el mundo de que con estas medidas se vaya a resolver el problema global de la Seguridad Social, tenemos una buena batalla política servida.