El paquete de medidas que empieza a aprobar hoy el Gobierno costará unos 60.000 millones

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta mañana sólo una parte del paquete de medidas -anunciado hace dos semanas por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer-, cuyo objetivo es animar la actividad económica. Los menores ingresos y los mayores gastos que generará el paquete, estudiado ayer por el equipo económico del Gobierno, costarán al Estado unos 60.000 millones de pesetas, pagaderos con deuda pública o con recurso al Banco de España.Junto con el decreto que bajará las retenciones en el impuesto sobre la renta a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a cuatro millones de pesetas, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos analizó ayer el decreto-ley que incluye las modificaciones legales más urgentes entre las anunciadas. También discutió otros dos decretos para facilitar las inversiones extranjeras, una orden que eleva el 50% el dinero que se podrá sacar en viajes al extranjero y un acuerdo para agilizar las inversiones públicas, especialmente las dirigidas a la construcción. La reunión se desarrolló en el Palacio de la Moncloa, bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Felipe González.

Según fuentes gubernamentales, en estas primeras medidas, que serán aprobadas hoy por el Consejo de Ministros -lo mismo que el proyecto de ley de socidades anónimas laborales y la participación de las refinerías en la futura Campsa-, fueron introducdas ayer diversas modificaciones respecto al contenido anunciado hace dos sernanas por Miguel Boyer.

Baja de impuestos

En ellas no se incluye, sin embargo, la mayoría de las medidas en estudio para fomentar la contratación de jóvenes, reducir compras militares y transferencias a empresas públicas, facilitar la creación de empresas y liberalizar mercados, que están pendientes del dictamen del Consejo de Estado. Tampoco forma parte de este avance del paquete la baja de algunas tarifas en el impuesto sobre la renta para que los contribuyentes beneficiados ahora por el alivio de las retenciones no tengan que efectuar grandes desembolsos al declarar en 1986 la renta de 1985.

El decreto-ley será justificado por la "urgente necesidad" de actuar inmediatamente sobre la coyuntura económica, para fomentar la inversión y el empleo que pueden derivarse del aumento del consumo previsto con la baja de retenciones. Entre otras medidas, permitirá a los propietarios de viviendas alquiladas despedir a los inquilinos sin la prórroga exigida hasta hoy, y modificará en dos aspectos el impuesto sobre sociedades (pagado por los beneficios de las empresas).

En primer lugar, autorizará a las empresas a amortizar las nuevas inversiones que deseen; así contabilizarán menos beneficios y parán menos impuestos. Además podrán desgravar sin el actual límite del 30% las 500.000 pesetas a que tienen derecho por cada nuevo trabajador que empleen.