El Gobierno baja el impuesto sobre la renta de las personas físicas para intentar reactivar el consumo privado

El Gobierno reducirá, a partir del mes de mayo con efectos retroactivos desde el actual mes de abril, la tarifa aplicable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como fórmula para lograr que se recupere el consumo privado y se garantice que el crecimiento económico en 1985 pueda llegar al 2,5%, en lugar del 3% inicialmente previsto. La reducción en el impuesto oscilará entre uno y nueve puntos, según rentas. Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, anunció ante la comisión de Economía del Congreso un paquete de medidas fiscales, apoyo a la contratación de jóvenes sin empleo, fomento de la inversión y relanzamiento del sector de la construcción.

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia la reducción efectiva del IRPF mediante la modificación a la baja de la tabla de retenciones actualmente en vigor, la tramitación de un decreto-ley de revisión a la baja de la tarifa del IRPF vigente según la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1985, y la corrección, dentro de la nueva tarifa, de la penalización existente para las unidades famíliares en las que trabajen los dos cónyuges.El ministro de Economía señaló que la modificación de la tarifa supondrá unos ingresos menores del Estado por el IRPF de unos 100.000 millones de pesetas y que la reducción de las retenciones a cuenta del impuesto será progresiva cuanto menor sea el nivel de renta.

Bajan entre uno y nueve puntos

Aunque la nueva tabla no está perfilada totalmente, Miguel Boyer anunció que para ingresos inferiores a las 550.000 pesetas no existirán retenciones; para ingresos comprendidos entre esa cifra y el millón de pesetas, las retenciones descenderán entre nueve y ocho puntos; entre un millón y tres millones las retenciones bajarán entre siete y dos puntos, y para las rentas comprendidas entre tres y seis millones la reducción será de un punto. A partir de estos ingresos no se modificará la actual tarifa del impuesto sobre la renta.

Tanto Miguel Boyer como el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, señalaron la necesidad de adoptar esta medida de reducción del nivel general de impuestos que satisfacen los asalariados como una fórmula eficaz de lucha contra el fraude fiscal y para propiciar un relanzamiento de la economía española, que se preveía aumentara en torno al 3% en 1985, gracias a un incremento fuerte del consumo privado y, posteriormente, de la inversión productiva. La marcha de la inflación en los dos primeros meses del año, más fuerte de lo previsto, ha hecho que la renta disponible no aumente a las tasas previstas y que el consumo privado se comporte por debajo de las previsiones. La reducción de las retenciones del IRPF y la posterior modificación de la tarifa de dicho impuesto liberarán cerca de 100.000 millones de pesetas, que equivalen a un incremento real del 0,5% de la renta disponible de los españoles.

Para lograr que estos menores ingresos por impuestos no afecten negativamente al déficit público el Estado reducirá las transferencias a empresas públicas -Renfe, INI e Instituto de Crédito Oficial e importará una menor cantidad de bienes y servicios del exterior. Esta menor importación se centrará, sobre todo, en un descenso en las compras de armamento.

Junto a esta medida de reducción del IRPF, Miguel Boyer anunció ayer la autorización para que las inversiones que las empresas realicen durante 1985 y 1986 se puedan amortizar libremente, lo que reducirá los pagos por impuestos de sociedades. El Gobierno otorgará una bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social para las nuevas colocaciones de jóvenes menores de 25 años. Estas medidas vienen a sumarse a las ya existentes. Al tiempo suspenderá el límite del 30% de la cuota en la desgravación de 500.000 pesetas, por nuevo trabajador empleado, en el impuesto sobre sociedades.

Ventajas a la construcción

El sector de la construcción, como motor básico de creación de empleo, gozará de nuevas ventajas fiscales entre las que se encuentra la desgravación por inversión en vivienda, aunque no sea la propia, en las mismas condiciones que la inversión en bolsa; se va a proceder a la reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos, suprimiendo la prórroga forzosa en los nuevos contratos de alquiler; suspensión de la limitación para convertir viviendas en locales de negocio y recomendar a los ayuntamientos que agilicen las tramitación de licencias de construcción. Asimismo, los establecimientos comerciales tendrán libertad de horarios.

El Gobierno liberalizará las inversiones extranjeras, que hasta 500 millones de pesetas no necesitarán de autorización previa gubernativa. Esta cantidad se reduce a 100 millones para el caso de inversión en sectores estratégicos. La cantidad de divisas permitida para viajes al extranjero será aumentada en un 50%.