El proyecto de ley general de Sanidad enviado al Parlamento establece la igualdad de los ciudadanos ante la salud

El Consejo de Ministros celebrado ayer en el palacio de la Moncloa decidió remitir al Parlamento el proyecto de ley general de Sanidad, uno de los textos que en el período de discusión previa a su envío a las Cortes ha suscitado más polémicas entre los distintos sectores sanitarios e incluso entre el propio Gobierno. El anteproyecto pretende, según fuentes oficiales, consagrar los principios de igualdad de los ciudadanos ante la salud y universalizar las prestaciones sanitarias, todo ello sobre la base de un Sistema Nacional de Salud, donde se integrarán todos los servicios sanitarios públicos.

En el proyecto, que viene a superar una legislación sanitaria obsoleta que data de 1944, se establecen como características generales del sistema sanitario español la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la restauración de la pérdida de la salud y la rehabilitación social del paciente. El texto sienta también el principio de igualdad efectiva de todos los ciudadanos frente a la salud sobre la base de un sistema que se estructura en torno a la organización autonómica del Estado.La futura ley no sólo recogerá una carta de derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración de la sanidad pública, sino que considera actividades prioritarias los estudios epidemiológicos, para lo que marca los principios de eficacia, celeridad y flexibilidad.

De acuerdo con el texto se crea el Sistema Nacional de la Salud como el sistema sanitario público constituido por los servicios de salud del Estado y de las comunidades autónomas. Se crean asimismo las áreas de salud, demarcaciones de servicios sanitarios depedientes de las comunidades autónomas que serán las responsables de todas las prestaciones sanitarias públicas tanto en la atención primaria, como hospitalaria y especializada. Como regla general el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000 excepto en Baleares y Canarias y Ceuta y Melilla.

Controles de calidad

En el texto del proyecto se reconoce la autonomía hospitalaria. Por otra parte en los hospitales se crearán servicios de control de calidad. Desde el punto de vista profesional se reconoce en el proyecto el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias y la posibilidad de subvencionar establecimientos privados. También se podrán establecer conciertos con el sector privado de acuerdo con el principio de complementariedad de este sector respecto al público.

Los usuarios podrán elegir médico en la atención primaria del área de salud y en el conjunto de la ciudad cuando ésta sobrepase los 250.000 habitantes. También podrán elegir médico especialista en el hospital que les corresponda a su área de salud.

Respecto a la financiación, en el texto se precisa que los presupuestos generales del Estado harán efectivas paulatinamente las consignaciones precisas para generalizar las prestaciones sanitarias a toda la población. No obstante la población actualmente no protegida por la Seguridad Social. y con recursos económicos suficientes, deberá pagar por los servicios que la Seguridad Social le preste. Sin embargo, el Estado pagará la asistencia sanitaria de aquellas personas carentes de recurso económicos.