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Reportaje:HUIR DEL HOGAR PARA SALVAR LA VIDA / 3

Los derechos de los refugiados, una cuestión de conciencia

El derecho internacional define una serie de derechos mínimos para los refugiados, merced a la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, a los que se han adherido más de 100 países del mundo. Numerosas organizaciones de ayuda al refugiado han manifestado su preocupación ante las numerosas restricciones efectuadas en estesentido por los países occidentales con una amplia tradición de hospitalidad al refugiado, a raíz de la crisis económica. Esta situación, sin embargo, sólo es una pequeña sombra frente a las incursiones de los ejércitos contra los campos de los refugiados centroamericanos o la odisea de los fugitivos del sureste asiático.

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La convención de Ginebra de 1951

Numerosas organizaciones han manifestado su preocupación por los frecuentes atropellos y violaciones a los que son sometidos los refugiados y sus derechos, reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. "Pocas veces en la historia la situación de los refugiados ha sido tan dramática" afirma el representante en España del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR), Azam Chaudhry.Los vietnamitas que huyen en sus pequeños botes de pesca tienen que enfrentarse en su travesía, a la deriva por el Golfo de Tailandia, con los ataques de los piratas. Cuando los supervivientes logran atracar en un país del que esperan lograr protección, cabe la posibilidad de que les obliguen a continuar el viaje bajo la amenaza de las armas.

El destino dé los refugiados suele ser el de los campos donde la malnutrición, la concentración de miles de personas en una escasa superficie y el frágil estado de salud, quebrada por las peripecias de un largo viaje en bote o a pie, les convierte en fáciles víctimas de la tuberculosis, el cólera y toda clase de infecciones. En los campos de Hong-Kong -que en un primer momento mantuvo las puertas abiertas al libre acceso de los desplazados- las familias de refugiados que esperan ser reasentadas en un tercer país duermen en cajones metálicos y son sometidas a una férrea disciplina que incluye el control del correo personal.

Numerosas organizaciones han denunciado los ataques de que son objeto los campos de refugiados camboyanos en Tailandia por parte de grupos armados de bandidos. Los secuestros y las incursiones militares son hechos frecuentes en los campos situados en las fronteras centroamericanas, considerados caldo de cultivo de las guerrillas por los Gobiernos de los países de origen.

Los derechos de los refugiados se hallan definidos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 a los que se han ad herido más de 100 países. La puesta en práctica de estas garantías así como las condiciones de acogida dependen de las situación económica y el desarrollo de las legislaciones específicas existentes en los países a los que huyen los des plazados. 'Los derechos de los refugiados son unos principios humanitarios cuya aplicación constituye una cuestión de conciencia por parte de los Gobiernos", afirma Chaudhry.

Devolución de los refugiados

El principio de no devolución al país de origen mientras persistan las condiciones que indujeron al interesado a huir y el derecho de asilo son los ejes de estas normas humanitarias que limitan con la confusa frontera marcada por la distinción entre fugitivos políticos y emigrantes económicos.

Numerosas entidades, por ejemplo, han protestado por la devolución en masa a su país de los refugiados de Haití por parte del Gobierno estadounidense, que se niega a considerar los numerosos casos de fugitivos políticos existentes entre los emigrantes económicos que llegan en barco desde aquel país a las costas de las islas Bahamas. Muchos de los refugiados devueltos por EE UU fueron acusados a su regreso a Haití de traidores por el régimen de François Duvalier, y condenados a la cárcel.

La falta de una legislación sobre el derecho de asilo en México determinó en 1981 una serie de devoluciones masivas por parte del Gobierno mexicano de campesinos salvadoreños y guatemaltecos, que tuvieron luego que enfrentarse a las represalias de sus ejércitos.

Estos hechos explican que miles de campesinos de ambos países centroamericanos que huyen de las operaciones de rastreo y represalias de sus ejércitos, intenten integrarse en las comunidades al otro lado de la frontera sin acogerse al estatuto de los refugiados. A ello se añade el temor a convertir se en sospechosos ante las autoridades de sus países, para quienes la condición de refugiado encubre, en la mayoría de los casos, una militancia política, y les impida a volver a sus tierras.

Según un informe elaborado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, el resultado de esta situación es una cifra real de fugitivos que en abril de 1982 oscilaba entre los 340.000 y 440.000, a pesar de que el ACNUR, contabilizaba unos 56.000 refugiados en Centroamérica. Esta clandestinidad favorece la explotación de la mano de obra de los refugiados.

La protección recibida por los refugiados y sus derechos en la práctica depende en gran medida del grado de desarrollo del país que los acoge. Las dificultades que supone la absorción de estas masas de desplazados ha determinado, sin embargo, la adopción de normas restrictivas para refugiados incluso en aquellos países tradicionalmente hospitalarios, como Francia, Italia y la RFA.

Según un informe elaborado por el Comité Europeo para la Defensa de los Refugiados e Inmigrados (CEDRI), el creciente clima de xenofobia hacia los extranjeros, exasperado por la crisis económica y el creciente número de parados de los últimos años, ha impulsado a los legisladores de la RFA a efectuar progresivos recortes a los derechos de los refugiados.

Estas limitaciones tienen como fin disuadir a los nuevos llegados, sobre todo a los de nacionalidad turca, de pedir asilo en ese país.

Los refugiados que llegan a la República Federal de Alemania, según el informe citado, son obligados a permanecer en recintos limitados y no pueden desplazarse a otro lugar del país sin un permiso de las autoridades. Durante el tiempo en que se tramita su permiso de asilo, el refugiado no tiene derecho a trabajar, y depende de una pequeña cantidad de dinero que le suministra el Estado como gasto de bolsillo.

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