La salud de las mujeres y el Tribunal Constitucional

El debate sobre el aborto se ha convertido en el Rubicón ideológico que separa dos sistemas de valores claramente diferenciados. En este momento, el recurso de inconstitucionalidad que parece prosperar en contra del proyecto de ley de Despenalización Parcial del Aborto convierte a esta diferencia en un pulso que enfrenta al poder judicial, representado por el Tribunal Constitucional, con el sentir mayoritario del pueblo español.Generalmente se admite ¡que la existencia de una legislación permisiva en relación al aborto es un índice del desarrollo civil de una sociedad, que la población mundial adopta posturas tolerantes respecto a este tema y que existe un consenso social que reconoce la privacidad, responsabilidad y libertad de conciencia del individuo que se enfenta a él.

En este momento, España, pese a contar con una Constitución y un desarrollo jurídico general que se pretenden equiparables a los de los países desarrollados, forma parte del 8% de la población. mundial cuya legislación prohíbe el aborto en cualquier caso, corno sucede en Filipinas y en Indonesia.

El proyecto de despenalización propuesto por el Gobierno del PSOE se ha caracterizado por una extrema cautela con el supuesto objetivo de evitar enfentamientos. La restrictiva despenalización sólo afectaría al 5% de los casos de aborto, según datos del propio Ministerio de Sanidad y Consumo. Incidentalmente, no deja de resultar asombroso que el titular de dicho ministerio haya afirmado en declaraciones recientes no tener previsto dispositivo asistencial alguno para los supuestos que contempla la ley una vez sea ésta aprobada. En el contexto descrito, los términos del debate del Tribunal Constitucional conocidos a través de la Prensa escapan a cualquier intento de racionalidad o de lógica, y en todo caso, a las directrices de una minoría enfrentada a los intereses de la mayor parte de los ciudadanos de este país.

Los médicos, como es sabido, no formamos un bloque monolítico. En la encuesta realizada por la Organización Médica Colegial, casi la mitad del colectivo médico se pronunciaba a favor de la propuesta de despenalización. Muchos de los que nos incluimos en este grupo pensamos que las legislaciones represivas respecto al tema, lejos de evitar o disminuir la incidencia de abortos, simplemente los convierten en un hecho clandestino que repercute negativamente en la salud de la población y que constituye una de las causas más importantes de mortalidad y enfermedad materna a nivel mundial (se calculan en 68.000 las muertes de mujeres a consecuencia de abortos clandestinos anuales en el mundo). En nuestro caso podemos suponer que la clasificación de décima potencia industrial y el sistema sanitario de que disponemos puede modificar la resolución hospitalaria de las complica ciones del aborto ilegal, pero no las condiciones en las que se realizan los abortos ilegales por perso nal no cualificado, utilizando ins trumentos burdos, agentes cáusticos o tóxicos.

Además, y como es sabido, la si tuación geográfica española permite que las mujeres con medios económicos suficientes escapen al riesgo que supone el aborto clandestino para su salud o su vida buscando condiciones sanitarias adecuadas en el Reino Unido, Holanda, Francia, Portugal, Italia o Suiza. En realidad, lo que diferencia en el riesgo de muerte o secuelas por aborto a España de Kenia no es la racionalidad legislativa, sino nuestra privilegiada situación geográfica.

En otro orden de cosas y refiriéndonos a los supuestos concretos contemplados en el proyecto de despenalización, queremos hacer referencia a la incongruencia que supone el esfuerzo científico y médico para diagnosticar los riesgos y las malformaciones fetales con la situación legislativa actual.

¿Qué utilidad tiene el que mediante sofisticadas tecnologías como la realización de estudios ecográficos, práctica de amniocentesis, estudios citogenéticos y bioquímicos, podamos llegar a suponer que un feto está gravemente afectado? Una vez realizado el diagnóstico e informada la paciente, sólo nos queda acompañarla en el sentimiento.

En el supuesto de violación, ¿tienen noticia los miembros del Tribunal Constitucional que alegan inconsistencia jurídica de las dificultades técnicas que entraña el diagnóstico de paternidad en una gestación de pocas semanas? Y eso suponiendo que el violador se encontrara a disposición judicial. En cualquier caso, la detención o no del delincuente no obvia la protección y asistencia a la víctima.

En el tercer supuesto, que se refiere al aborto frente al peligro de muerte o riesgo para la salud de la madre, creemos que evidentemente no merece comentario.

Como profesionales médicos y desde la defensa de la salud de la población, consideramos inadmisible que las mujeres sigan arriesgando su salud física o psíquica y su vida por una legislación defendida por una minoría anclada en el pasado.