Las Cortes no invaden atribuciones de nadie cuando legislan, según la minoría del poder judicial

"Las Cortes Generales no invaden las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni de ningún otro órgano constitucional cuando ejercen su plena soberanía para legislar", declaró ayer a este periódico un vocal del sector progresista del órgano de gobierno de la justicia. El magistrado resumió así la argumentación empleada por la minoría que disintió del acuerdo de plantear un conflicto de constitucionalidad con el Congreso de los Diputados, adoptado por el Consejo General del Poder Judicial en el pleno extraordinario celebrado el miércoles, a propuesta de su presidente, Federico Carlos Sainz de Robles. Por su parte, el presidente del Gobierno, Felipe González, afimó ayer que no cree que el conflicto llegue a prosperar.

Entre los argumentos utilizados por los ocho consejeros de la minoría, frente a los 13 de la mayoría (véase EL PAIS de ayer), destacó que no es viable jurídicamente un conflicto constitucional frente al Parlamento cuando éste se limita a ejercer su primordial función de legislar. "Incluso si se considera que las Cortes, al legislar, acuerdan una barbaridad jurídica, no es correcto plantear conflicto constitucional de atribuciones", añadió la misma fuente, "sino, en todo caso, recurso de inconstitucionalidad".Para interponer el recurso de inconstitucionalidad no está legitimado el consejo del poder judicial. La opción por el conflicto constitucional parece responder a un deseo del sector conservador de la magistratura de utilizar todos los cauces jurídicos posibles -sin excluir la audiencia al Rey para que ejerza su poder moderador-, a fin de presionar contra la decisión socialista de vincular a la soberanía popular el órgano de gobierno del poder judicial.

Sin embargo, algunos consejeros -como el miembro de Jueces para la Democracia Perfecto Andrés o el portavoz del CGPJ, Gonzalo Casado, que se han opuesto al sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales de procedencia judicial- se han negado a secundar la iniciativa de Sainz de Robles por estimar que significa un nuevo elemento de tensión política institucional. Así lo manifestó en el pleno del CGPJ la citada minoría, que valoró la "exclusiva dimensión política del conflicto constitucional, habida cuenta de su falta de base jurídica".

Fuentes gubernamentales coincidieron también en resaltar que los actos legislativos no pueden ser objeto de conflicto constitucional, que sólo tiene sentido en relación con actos administrativos o decisiones que no signifiquen el ejercicio de la función específicamente asignada a un órgano constitucional; en ese caso, la de legislar. La iniciativa de Sainz de Robles no guarda relación, en cualquier caso, con las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, sobre la falta de vinculación de la magistratura con la voluntad popular, ya que, según fuentes solventes, estaba preparada con anterioridad.

Carta a Peces-Barba

En cambio, las mismas fuentes recordaron una carta reciente del presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, a Sainz de Robles, en la que mostraba su preocupación por que el presidente del consejo general y varios consejeros hubieran expresado opiniones contrarias a la decisión socialista en pleno proceso legislativo. Según tales fuentes, Sainz de Robles respondió con una "carta lúcida" en la que recordaba a Peces-Barba la conveniencia, en una democracia, del ejercicio de la libertad de expresión.

González, sin entrar en el argumento jurídico de fondo, manifestó en los pasillos del Congreso la evidencia de que las Cámaras están para legislar en nombre del pueblo. Y añadió: "Ese conflicto de competencias creo sinceramente que no va a prosperar". El presidente del Gobierno mostró su respeto a esta decisión del consejo, aunque reiteró su convencimiento de que no tienen razón en el fondo del asunto.

No establece el presidente una relación de causa-efecto entre la decisión del consejo y las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, según las cuales si el Tribunal Constitucional rechaza la ley del aborto se pondrá en marcha "la máquina de hacer indultos".

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, no quiso pronunciarse como tal sobre la decisión del consejo de plantear conflicto de competencias. Sí lo hizo como jurista: "Creo que no tiene fundamento; el poder legislativo lo tienen las Cámaras, y otro poder no puede sustraerles ese derecho". En cambio, el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, no quiso opinar ni como titular de la Cámara Baja ni como jurista, y anunció que transcurridas las vacaciones de Semana Santa la Mesa del Congreso estudiará el recurso anunciado por el consejo. Sí reiteró su opinión sobre la elección por las Cámaras de los 20 vocales del órgano de gobierno del poder judicial. "Es claramente constitucional", afirmó Peces-Barba.

Por su parte, el presidente del consejo general, Federico Carlos Sainz de Robles, consideró que en estos momentos hay una evidente confusión entre el poder legislativo y el ejecutivo. Dijo que el conflicto de competencia constitucional planteado ayer por el consejo "no entraña ninguna crítica ni es un hecho insólito". "Es poco frecuente, gracias a Dios", añadió, "pero, en definitiva, esto queda sujeto a la consideración del órgano requerido, en este caso el Congreso, y luego a la decisión, en su caso, del Tribunal Constitucional".

Definir competencias

Afirmó que "el consejo ha querido en esto tomar su iniciativa como órgano del Estado, y no estar pendiente de actuaciones que puedan tomar legítimamente otros grupos políticos". Sainz de Robles aseguró que este conflito de competencia constitucional "no paraliza la tramitación de la ley, ni incluso el planteamiento ante el Tribunal Constitucional paraliza la eficacia de la ley". "Es un simple tema", añadió, "de definición de competencias, que el único que lo puede resolver, en su caso, es el Tribunal Constitucional. Precisamente por eso no puedo ampliar más la noticia".

Agregó que "se entiende que el poder judicial, que está al amparo de la ley, que es el custodio de la ley, debe dejar claro, o pretender, esto ya lo dirá el Tribunal Constitucional, que se aclaren estos extremos". Sainz de Robles negó que la carrera judicial esté defendiendo privilegios que no tiene en ningún sentido.