Herrero relaciona el conflicto de los jueces con las declaraciones de Guerra

MadridLas decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de plantear conflicto constitucional de competencias a la Cámara Baja por dos artículos de- la ley orgánica del Poder Judicial, actualmente en debate parlamentario, ha sido acogida en el Congreso de los Diputados con respeto y extrañeza, simultáneamente. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, secretario del Grupo Popular, estableció una relación de causa-efecto entre la decisión del consejo y las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, según las cuales si el Tribunal Constitucional rechaza la ley del aborto se indultará a las abortistas. "Las declaraciones del vicepresidente han podido influir. No se puede amenazar a la magistratura; cualquier amenaza es un ataque grave", afirmó Herrero, que ha presentado una interpelación al Gobierno sobre las palabras de Guerra.

La mayoría de los grupos parlamentarios duda de la idoneidad jurídica de este conflicto, que se plantea sobre dos puntos: la designación por las Cámaras de los 20 vocales del consejo y la atribución al Gobierno de la potestad reglamentaria del estatuto orgánico de la carrera judicial.

Analfabetismo jurídico

El presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Pablo Castellano, tachó de "analfabetismo jurídico" esta situación. "Lamento que un núcleo muy reducido de miembros del consejo, con absoluto desconocimiento de la Constitución, incurran en un auténtico dislate jurídico, similar al que hicieron cuando apelaron a la Corona. Esto nos recuerda épocas en las que acudiendo al número uno desaparecían todos los poderes del Estado, y muestra su nostalgia lógica de aquella época a la que deben sus nombramientos", declaró Castellano. Piensa este parlamentario que con la ley orgánica del Poder Judicial cambiarán muchas cosas, entre las que estima de gran valor el nuevo giro que se da a la escuela judicial. "Allí volverán a recuperar los conocimientos jurídicos que han olvidado", pronosticó Castellano.El diputado de la Minoría Catalana Josep Maria Trias de Bes, ponente de su grupo en esta ley y alineado con el Grupo Popular en su oposición a la elección parlamentaria de los vocales del consejo, consideró "criticable la oportunidad de que el consejo haya planteado este conflicto en medio del debate parlamentario", afirmó Trias de Bes.

Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra y autor de la enmienda que al ser asumida por el PSOE estableció la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ, fue tajante sobre el acuerdo del consejo de plantear conflicto: "Esta decisión del consejo está abocada al ridículo. ¿Cómo se va a explicar al pueblo que el poder judicial pida al legislativo que no legisle?", dijo Bandrés. Parco en palabras fue, en cambio, el ponente de la ley orgánica por el Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón. "El consejo ha hecho lo que debía hacer y ha promovido con toda legitimidad su decisión", afirmó Ruiz Gallardón.