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La CEE presenta una nueva propuesta pesquera que puede decidir el acuerdo sobre el ingreso español

Andrés Ortega

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Giulio Andreotti, declaró que los diez habían dado ayer muchos pasos hacia adelante para hacer posible el ingreso de España y Portugal en la CEE en enero de 1986. "Es muy importante", dijo, "que las reuniones se prolonguen hasta el miércoles, pues así se podrá lograr un resultado". Ayer, a la apertura de la maratón negociadora, la presidencia italiana del Consejo de Ministros de la CEE, que se celebra en Bruselas, presentó una nueva fórmula sobre la pesca que, según fuentes españolas y comunitarias, puede abrir la puerta a un acuerdo.

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La impresión en medios comunitarios era que las verdaderas dificultades serían agrícolas y no pesqueras. Francia quiere impedir que los vinos españoles resulten más baratos en los mercados de los países comunitarios.Los titulares de Exteriores de los diez celebraron ayer, uno por uno, confesiones con la presidencia italiana -personificada en el ministro de Asuntos Exteriores, Giulio Andreotti- y con la Comisión Europea. Andreotti decidió aplazar hasta hoy las conclusiones de estos encuentros bilaterales, hasta oír esta mañana a los países candidatos.

Las negociaciones se celebrarán hoy con un calendario muy apretado. A mediodía, los diez debatirán los Programas Mediterráneos Integrados. A las tres de la tarde tratarán la ampliación, después de otro contacto entre la presidencia y los dos países candidatos. Y a la vista del resultado de estas sesiones, se convocará o no otra reunión de negociación con España y Portugal.

Italia presentó una nueva fórmula sobre la pesca. La oferta no contaba con un respaldo absoluto, sobre todo por la insistencia francesa en la reducción de la flota española del norte planteada por la banda de los cinco (Reino Unido, Francia, Irlanda, Dinamarca y la RFA). Según esta propuesta, España se integraría directamente en la política pesquera de la CEE, con algunas limitaciones hasta el fin de esta política en el año 2002, como son los límites geográficos de su pesca en aguas comunitarias, el no acceso al box irlandés y un sistema de control por medio de dobles listas de barcos. Esta situación podría revisarse a partir de 1993 por mayoría cualificada, con lo que España no participaría plenamente en la revisión en 1992 de la política pesquera.

Mayores capturas

Es un esfuerzo de maquillaje, pero destinado a entrar en el verdadero problema: las cuotas de pesca y el número de barcos a otorgar a España. Estas cuotas se fijarían sobre la base de 1979-1984. Frente a las 8.900 toneladas de merluza que pesca ahora España en aguas de los diez, la CEE estaría dispuesta a ofrecer unas 14.000 toneladas y unos 160 barcos faneando simultáneamente. "Sería aceptable", señalaron fuentes españolas. "Si España acepta esto puede haber un acuerdo", contestaron los comunitarios.

El tema agrícola puede ahora ser el verdadero obstáculo en dos problemas fundamentales: la cuota de producción (y el mantenimiento de algunas ayudas nacionales que pide España) y el vino. Francia parecía adoptar una posición intransigente: insistía en aplicar a España montantes compensatorios (basados sobre el precio de referencia y no el de mercado), que penalizarían las exportaciones de vino español, más baratas.

La Comisión Europea, en su compromiso global, había sugerido la fórmula alternativa de unos menos gravosos montantes correctores que España estaría dispuesta a aceptar. "Los montantes compensatorios nos harían realmente daño", declararon fuentes españolas.

El Reino Unido planteó ayer un nuevo problema, referido a la aplicación del capítulo de asuntos sociales a Gibraltar. Los británicos quieren evitar el acceso al empleo de los familiares de trabajadores españoles que pernoctan en el Peñon.

En cuanto a la contribución española al presupuesto de la CEE, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, presentó ayer una fórmula, que tiene por objetivo que el efecto del ingreso de España sea, durante el período transitorio, prácticamente "neutral" para las arcas de la CEE.

España pagaría desde el principio todo lo que le corresponde (parte del IVA, aranceles y tasas agrícolas e industriales, y otras partidas menores). La aplicación gradual de las políticas comunitarias supondría para España, durante siete años, recibir de los fondos comunitarios una cantidad inferior a su contribución. Para paliar esta situación, la Comisión sugiere una devolución gradual, calculada en base a la parte del IVA que paga España (reembolso de un 85% en 1986, y 70%, 55%, 40%, 25%, 5% y 0%, sucesivamente en los años consecutivos). A partir de los siete primeros años, España sería benificiaria neta.

Las cartas sobre la mesa

Se trata de una fórmula similar a la que se usó con Grecia, que, debido a cálculos erróneos, se benefició con este sistema. La CEE quiere ahora que el ingreso de España no cueste dinero a la Comunidad, sin que por ello España se convierta en contribuyente neto. Algunos países como Francia, que pronto pasará de ser beneficiario neto a contribuyente neto, quieren una solución equilibrada para España.

El ministro de la RFA, Hans Dietrich Genscher, avisó de la necesidad de que todos pusieran las cartas sobre la mesa, con el fin de agotar las posturas tácticas. Genscher pidió flexibilidad en el tema de la pesca para evitar que se repita con España el caso de Noruega, que finalmente decidió por referéndum no ingresar en la CEE. Pero también advirtió que España debe tomarse en serio esta reunión negociadora, pues "sería un error remitir los temas pendientes a la cumbre europea de finales de marzo".

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