El Gobierno vasco se define

LA DECLARACIÓN de la presidencia del Gobierno vasco sobre la violencia, hecha pública ayer, arranca con la doble mención del asesinato del superintendente Díaz Arcocha y del atentado sufrido por un destacamento de la Policía Nacional en Vitoria. La ausencia del término terrorismo y la falta de referencias nominales a ETA en los 10 puntos del texto pueden ser utilizadas para desperdigar reticencias o para disminuir el valor del documento. Pocas veces, sin embargo, una declaración institucional ha formulado con tanta autoridad, claridad y serenidad una condena firme y razonada de las bandas armadas y de sus permanentes amenazas contra los derechos humanos, las instituciones de autogobierno y el sistema democrático.La declaración del Gobierno vasco recuerda a los ciudadanos que la lucha contra la violencia es "una responsabilidad de todos", de forma tal que "cada uno de los vascos ha de tomar el problema como propio, superando el miedo al miedo y comprometiéndose a no transigir con los que matan, con los que les apoyan o con los que se callan". En última instancia, "la respuesta a la violencia se ha convertido en Euskadi en un problema de dignidad personal". El llamamiento del Gobierno del lendakari Ardanza para que la sociedad vasca asuma sus obligaciones cívicas, rechace las falsas protecciones de la cobardía individual y envuelva en una misma condena a los autores, a los cómplices y a los encubridores de la violencia marca un giro histórico en las actitudes del nacionalismo moderado hacia el fenómeno terrorista. El documento insiste, por lo demás, en que "la ambigüedad y la complacencia con la violencia" va contra los propios vascos. Porque la institucionalización política del crimen no sólo es intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que también repercute negativamente sobre la situación económica del País Vasco y la creación de empleo.

El Gobierno vasco señala también la falsedad de la pretendida contradicción entre las medidas políticas y las medidas policiales, ya que "ainbas son imprescindibles". No puede existir solución al problema de la violencia "al margen de la normalización política y social", íntimamente unida al cumplimiento del Estatuto de Guernica. Y también resulta indiscutible que la acituación policial situada fuera del estricto campo del Estado de derecho no sólo es "reprobable" en sí misma, s¡no que resulta además "claramente perjudicial" para los propósitos que persigue. En clara alusión a quienesjuegan agitadoramente con la suerte de los procesados y condenados por crímenes terroristas, el documento recuerda que la amnistía de 1977, cuya aplicación vació de presos vascos las cárceles españolas, no impidió a. las bandas armadas relanzar, al margen de la voluntad popular, una brutal ofensiva que ha causado centenares de muertos y quése halla cada vez más lejos de sus metas proclamadas. Y es también evidente que las organizaciones terroristas han rechazado -con la única exc-epción de ETA VII Asamblea- la negociación y el diálogo, de forma tal que a ellas correspondería "dar los primeros pasos y demostrar la voluntad de concordia que afirman pretender".

La declaración pide a las fuerzas políticas que no utilicen el delicado problema de la violencia con propós,itospartidistas y electoralistas, a fin de evitar que ese condenable aprovechamiento pudiera dividir entre sí a los demócratas, y sugiere a los medios de comunicación una reflexión que, sin merma de la libertad de expresión, discurra sobre el tratamiento informativo que los hechos terroristas merecen. La inmediata presentación de: un "plan de concienciación ciudadana sobre la violencia" por el lendakari Ardanza podrá resultar decisivo para la movilización social. En cualquier caso, el documento, del Gobierno, cuya legitimación democrática quedaría. reforzada por la revalidación del Parlamento vasco, podría ser interpretado como el punto de no retorno del nacionalismo vasco moderado en su trayectoria hacia la plena aceptación de la legalidad constitucional, iniciada claramente con su respaldo al Estatuto de Guernica. El radicalismo abertzale ha tratado de presentar la abstención del PNV en el referéndum de la Constitución como la prueba del distanciamiento mayoritario de la sociedad vasca respecto a la Monarquía parlamentaria. Pero la descalificación del pacto de legislatura firmado por el Gobierno de Vitoria y los socialistas vascos y el progresivo desplazamiento de cualificados miembros del sector dirigente de Herri Batasuna hacia posiciones de extraño origen -Ziluaga ha declarado que no hay democracia en España, pero sí en Polonia- constituyen, sin embargo, la mejor demostración, junto con la declaración del Gobierno Ardanza, de que el fantasma del frente del rechazo nacionalista se ha desvanecidoy de que el PNV está dispuesto a defender sus legítimas ideas, mientras en España exista un sistema democrático, por las vías exclusivas de la negociación, el diálogo y los votos.