La prostitución, un tema a la espera de debate y soluciones
Últimamente parece preocupar de forma especial a algunas personas las consecuencias que el ejercicio de la prostitución tiene para la convivencia ciudadana, por sus repercusiones negativas sobre la salud de la población y el mantenimiento del orden público.En España no es un delito ejercer la prostitución, aunque todavía esté vigente, pero en desuso, la ley de Peligrosidad Social, que permite establecer medidas de seguridad entre quienes "ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten habitualmente la prostitución". Si se detiene a las/los prostitutas/os es por escándalo público o por estar relacionados con cualquier delito, como la corrupción de menores, el tráfico de droga o el proxenetismo, que sí está prohibido y que consiste en lucrarse con el comercio de los cuerpos de otras personas.
Por tanto, si se habla de legalizar la prostitución se está cometiendo un error y, en todo caso, se trata de regular el ejercicio de dicha actividad. Se podría, entonces, establecer garantías sanitarias, horarios, lugares, como se hace para otras actividades de venta al público; se podría también establecer el derecho a las personas dedicadas a dicho oficio a ser incluidas en la Seguridad Social y su obligación de pagar impuestos. En ambos casos se está admitiendo que la prostitución es una actividad lícita, lo que podría conducimos a admitir que el proxenetismo lo es igualmente.
Convenios internacionales
España ha ratificado el convenio para la represión de la trata de las personas y de la explotación ajena, y la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ambos de las Naciones Unidas. Según el primero, los Estados se comprometen a derogar o abolir cualquier ley nacional, reglamento o disposición administrativa en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución tengan que inscribirse en un registro, poseer un documento especial o cumplir cualquier requisito para fines de vigilancia o notificación. En la segunda se establece que los países firmantes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de la mujer.
Aunque no disponemos todavía de datos suficientes sobre la extensión y características de la prostitución en nuestro país, podemos suponer que, como en otros países, la mayor parte de las personas que la ejercen en España son-mujeres, que también la practican menores de ambos sexos y que, desde hace unos años, se está extendiendo la prostitución de varones adultos y travestidos. También sabemos que los clientes, para los tres tipos de prostitución, son mayoritariamente varones, aunque también existan los gigolos para mujeres.
El último informe del Consejo
Económico y Social de las Nacio nes Unidas sobre la prostitución (1983) la considera una forma de esclavitud y enmarca las acciones para superarla en la lucha general por los derechos humanos. Incluso cuando la prostitución es el resultado de una libre elección, el informe lo considera en realidad forzada, e incluye el testimonio de un grupo de prostitutas en un congreso celebrado en Niza en 1981. Existe una relación estrecha entre el tráfico de extranjeras, de menores, de droga y, en general, de todo el mundo de la delincuencia con la prostitución Pero también con el turismo: a me nudo el precio de un viaje incluye derecho a prostituta/to. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la población femenina no es responsable, en los países industrializados, nada más que de un 5% o 6% de las enfermedades de transmisión sexual de los varones.
¿Por qué, en sociedades democráticas desarrolladas, en donde las relaciones sexuales son bastante libres y se inician a una edad cada vez más temprana, sigue existiendo la prostitución? El informe de Naciones Unidas reconoce que sobre el cliente se sabe mucho menos, que sobre la persona prostituida o el proxeneta. Pero considera que su comportamiento tiene mucho que ver con la idea que la s ociedad transmite a los varones sobre su virilidad y sobre el supuesto deber de las mujeres a satisfacer los deseos sexuales de los hombres.
De las tres posturas que los países han adoptado de forma sucesiva o simultánea, el prohibicionismo, el reglamentarismo y el aboli-cionismo, prevalecen componentes de las tres. Un reglamento excesivo parece marginar todavía más a la persona que ejerce la prostitución y hace más difícil su reinserción social. Nadie es partidario de un prohibicionismo a la vieja usanza; pero ¿qué hacer para abolir la prostitución?
En Suecia un comité de expertos realizó en 1977 un estudio sobre la prostitución que se discutió en el Parlamento, y que recomendaba medidas restrictivas y prohibitivas, educativas y de servicios sociales, que han conducido a experiencias concretas. En Francia, se realizó una investigación que ha servido de base a los trabajos de una comisión interministerial creada bajo la dirección del Ministerio de los Derechos de la Mujer en 1981.
El Instituto de la Mujer ha incluido entre sus actividades de 1985 la colaboración y participación en un seminario sobre la prostitución organizado por la Unesco, con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo. Algunas asociaciones privadas tienen previsto también actuaciones en este .mismo sentido. Pero no será suficiente. De acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, deberíamos también crear un equipo de trabajo integrado por responsables de las diferentes administraciones, que contaría con la colaboración de las personas y asociaciones que conocen más de cerca y han prestado su ayuda a las personas que se dedican a la prostitución. Sin duda, tendría que plantearse medidas de educación sanitaria y sexual, de servicios sociales, de fomento de la formación profesional y del empleo, etcétera. Cualquier medida administrativa o legislativa que se estableciera, antes de hacer una evaluación seria y completa de la realidad, sería, entre otras cosas, inútil. Además podría representar un claro paso atrás en la política social que pretende avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la justicia social.
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